Haciendo que la política y estrategia industrial vuelva a ser grandiosa de Mariana Mazzucato

El pasado 28 de enero la revista Foreign Affairs publicó un artículo con el título de esta nota. La autora es profesora de la University College de Londres. Su trabajo cuestiona el pensamiento convencional sobre el papel del Estado y el sector privado en el impulso de la innovación; cómo se crea, mide y comparte el valor económico; y cómo se pueden diseñar políticas que moldeen el mercado para resolver los grandes desafíos de la humanidad. https://marianamazzucato.com/books/mission-economy/

Ella plantea que para resolver las crisis que enfrentamos debemos ser innovadores. Se debe usar un pensamiento colaborativo y orientado a la misión, lo que implica no solo asumir riesgos, sino también compartir las recompensas. Su aportación es importante, más para una economía como la peruana donde lamentablemente el neoliberalismo y las visiones empresariales estrechas sobre el Estado obstruyen nuestras posibilidades de desarrollo. Frente a un Estado mínimo se requiere más presencia, tamaño y mejor calidad estatal.

Contenido

En esta nota se rehabilita el rol e importancia de la política industrial (orientada al apoyo de sectores productivos específicos). Al respecto, la administración Trump, según Mazzucato, también ha adoptado esta política, pero la está aplicando de forma totalmente errónea. En lugar de organizar la política en torno a misiones —objetivos públicos explícitos que definen el problema a resolver y los resultados por obtener— y luego alinear las herramientas del estado para lograrlo, la ha tratado como un conjunto de acuerdos sectoriales que deben cerrarse y anunciarse.

Mazzucato anota que él ha eliminado las condiciones del apoyo gubernamental a la industria privada que podrían garantizar la socialización de las recompensas. Ella señala que la política industrial de Trump fracasará, tanto económica como políticamente, a menos que se organice en torno a misiones claras para crear valor público. La dirección y la disciplina son necesarias para guiar la inversión, la innovación, la regulación y las compras hacia resultados tangibles para las personas.

Cumplir una misión requiere instituciones capaces con la experiencia necesaria para diseñar contratos, coordinar entre departamentos y aprender de los resultados. Requiere condiciones exigibles para el apoyo gubernamental que garanticen que las empresas reinviertan, ofrezcan mejores salarios y capacitación, produzcan bienes y servicios asequibles en lugar de aplicar precios monopolísticos. Cuando el Estado socializa los riesgos mediante la financiación pública, el público debe compartir las recompensas.

Antecedentes

La autora recuerda que, durante décadas, muchos legisladores estadounidenses han hablado como Thomas Jefferson, pero actuado como Alexander Hamilton. El primero abogó por un gobierno limitado y el segundo insistió en el apoyo estatal a las industrias emergentes. La retórica política en Washington, que ensalzaba el libre mercado y la mínima intervención estatal, ha sido la de Jefferson. La realidad ha sido la de Hamilton: el gobierno invirtió en proyectos que impulsaron la competitividad y la innovación.

A partir de 1958, el Departamento de Defensa financió la investigación que dio origen al internet, y otras agencias públicas fueron la fuente de toda la tecnología que ahora se encuentra en los teléfonos inteligentes, incluyendo el GPS y las pantallas táctiles. Las inversiones de los Institutos Nacionales de la Salud crearon industrias farmacéuticas enteras.

Según Mazzucato el gobierno comprendió que solo el capital público paciente y a largo plazo podía absorber la incertidumbre de la investigación transformadora; los inversores privados, sujetos a los rendimientos trimestrales, invierten sistemáticamente de forma insuficiente en los avances que impulsan el crecimiento sostenido.

Tiempos recientes

Mazzucato recuerda que, durante gran parte de las últimas cuatro décadas, la opinión económica dominante ignoró en gran medida el papel estabilizador clave que desempeñó el Estado. El resultado fue una economía en la que el Estado siguió siendo fundamental para la creación de valor, pero las ganancias se privatizaron con demasiada facilidad. Se permitió que las instituciones que debían marcar el rumbo, diseñar contratos público-privados y supervisar el rendimiento se debilitaran.

El presidente Biden rompió el tabú de la política industrial con una serie de medidas legislativas diseñadas para impulsar la inversión privada en semiconductores, energías limpias y manufactura avanzada. Sin embargo, su administración expandió la capacidad productiva sin garantizar que las ganancias llegaran a la clase trabajadora de forma más amplia, y esta incapacidad para traducir la inversión pública en prosperidad compartida contribuyó a la victoria de Trump en 2024.

Sentido de Misión

La autora rememora que se necesitaron 400,000 personas para llevar a EE.UU a la Luna en 1969, la mayoría trabajando en el sector privado. El gobierno marcó el rumbo al articular una misión clara y diseñar contratos de adquisición que impulsaron la innovación.

El Estado actuó como un moldeador del mercado, un inversor que asume riesgos que el capital privado evita, ejerciendo paciencia durante largos ciclos de desarrollo y creando demanda estratégicamente. El resultado no fue solo el alunizaje del Apolo, sino también el GPS, las pantallas táctiles, la leche de fórmula, el aislamiento térmico doméstico y los teléfonos con cámara que han beneficiado al público.

Avances parciales

Según la autora, aunque la intervención en el mercado perdió popularidad en las décadas posteriores, la innovación impulsada por el gobierno estadounidense nunca desapareció. Desde 2018, por ejemplo, la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa del Pentágono ha invertido más de 2,000 millones de dólares a través de su campaña “AI Next”, que impulsó la arquitectura de los sistemas de IA actuales.

Dichos programas no rindieron todos sus frutos para el pueblo estadounidense, que nunca recibió recompensas acordes con las inversiones arriesgadas que subvencionaban. Considere el programa de préstamos del Departamento de Energía y los apoyos a Tesla de la administración Obama. Si el gobierno hubiera tomado acciones cuando Tesla tuvo éxito, esos rendimientos habrían cubierto varias veces las pérdidas previas y financiado inversiones posteriores en innovación e infraestructura. Sin embargo, la administración no estableció exigencias, ignorando que algunas apuestas fracasan, pero los rendimientos de los ganadores financian la siguiente ronda.

La política industrial de Biden generó resultados más tangibles, incluyendo importantes inversiones privadas en manufactura. Se generó más de 200 mil millones de dólares en inversión privada y creó más de 80,000 empleos que se distribuyeron en comunidades de todo el país. Cuando el Estado socializa los riesgos a través de la financiación pública, el público debe compartir las recompensas. Biden también mantuvo los aranceles de su primer mandato y aumentó las tasas sobre vehículos eléctricos, semiconductores y células solares de fabricación extranjera, vinculando explícitamente las protecciones a las inversiones en el sector manufacturero.

Transferencias condicionadas

Según Mazzucato la administración Biden reconoció tácitamente que las finanzas públicas no deben ser una transferencia sin condiciones del pueblo estadounidense a las empresas privadas. Pueden y deben ser una herramienta para generar resultados más amplios, garantizando que las empresas que reciben apoyo público reinviertan en capacidad productiva, mejoren los estándares para los trabajadores e implementen innovaciones que se traduzcan en asequibilidad y resiliencia para los hogares.

En algunos procesos de contratación se incorporó cláusulas destinadas a frenar la extracción financiera, limitar el desvío de apoyo público hacia la recompra de acciones y otros pagos a los accionistas, y asegurar el beneficio público, incluyendo compromisos relacionados con las normas laborales, la formación de aprendices y el cuidado infantil, junto con mecanismos de reparto de beneficios, mediante los cuales se deben compartir las ganancias extraordinarias con los contribuyentes, y mecanismos de recuperación de subvenciones si las empresas incumplen sus compromisos.

Los problemas

Sin embargo, el enfoque del gobierno de Biden tenía limitaciones críticas. La política de la administración, centrada en la manufactura, no reconocía cómo se distribuían los empleos entre los diferentes sectores. Una estrategia basada en la fabricación de bienes físicos presta poca atención a los sectores en los que trabaja la mayoría de los estadounidenses, como el comercio minorista, la sanidad, la educación y el cuidado de personas. Más importante aún, expandir la producción no es lo mismo que distribuir la prosperidad.

Las políticas de Biden, según Mazzucato, no se preocuparon en si los estadounidenses podían permitirse comprar productos electrónicos. O si no podían costear los fármacos cuyo desarrollo financiaron. Los demócratas perdieron en 2024 en parte porque los ciudadanos no habían percibido los beneficios de la política industrial. Las familias se enfrentaron a la inflación en los alimentos, la vivienda y la atención médica; y la conexión entre la creación de riqueza y la prosperidad vital siguió siendo débil.

Modelo Trump

La autora anota que Trump está desplegando instrumentos de política industrial como participaciones accionarias en empresas, aranceles e inversiones condicionadas, pero sin la coherencia estratégica ni la capacidad institucional que las hace eficaces. Las participaciones accionarias pueden garantizar la rentabilidad de la inversión pública. Los aranceles pueden proteger a sectores emergentes. El apoyo condicional puede orientar el comportamiento corporativo hacia fines públicos. Sin embargo, estos instrumentos se despliegan menos como parte de una estrategia económica nacional y más como vehículos de influencia y proyección de poder.

Con los programas de Trump el gobierno debe votar de acuerdo con las recomendaciones de la junta directiva donde se invirtió, lo que elimina cualquier supervisión significativa o dirección estratégica. Se canceló el compromiso voluntario de cinco años de renunciar a la recompra de acciones, así como las normas laborales que exigían la cooperación sindical. Se eliminaron las disposiciones sobre participación en las ganancias, al igual que las disposiciones sobre recuperación de beneficios. Lo que queda es poco para los trabajadores, las comunidades y el erario. La lógica general es adquirir participaciones en empresas construidas con décadas de inversión pública mientras se desfinancian las agencias que formarán a la próxima generación de innovadores.

Aranceles sin sentido

Según Mazzucato los aranceles siguen la misma lógica. En lugar de estar vinculados a un plan coherente para desarrollar la capacidad nacional, funcionan como moneda en las negociaciones bilaterales. También se dirigen a bienes que EE.UU no puede producir localmente, lo que aumenta los costos sin crear capacidad: US$ 213 adicionales por dispositivo electrónico con los aranceles propuestos por Trump a China. Los aranceles a los productos farmacéuticos afectarían a las cadenas de suministro bajo presión, lo que elevaría los precios o reduciría la disponibilidad. El empleo en fábricas en EE.UU ha disminuido en más de 40,000 puestos de trabajo desde abril de 2025, lo contrario de lo que aparentemente se pretende lograr con los aranceles.

Lo más destructivo es que la administración ha desmantelado las mismas agencias responsables del liderazgo tecnológico de EE.UU. Trump está atacando laboratorios de investigación, universidades y la infraestructura institucional de la innovación estadounidense; inclusive ha educido la financiación de ciencia y tecnología del Departamento de Defensa.

Colofón

Mazzucato termina señalando que la tarea ahora no consiste en abandonar la estrategia industrial, sino en hacer que beneficie al público estadounidense. Una estrategia industrial eficaz debe generar riqueza mediante la inversión pública, guiada por proyectos ambiciosos modernos, misiones que establezcan objetivos públicos claros, definidos por el problema a resolver y los resultados a obtener.

No se trata de aumentar las ganancias en un sector específico, sino de utilizar los recursos estatales, como las finanzas, las compras, la regulación y los estándares, para catalizar la innovación y orientarla hacia resultados visibles y tangibles para la gente.