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El dictamen aprobado por la Comisión de Economía del Congreso, que plantea bajar las tasas de interés a los deudores que pagan puntualmente sus créditos por seis meses consecutivos, podría convertirse en un bumerang para quienes buscan acceder a financiamiento.
Así, la Federación de Cajas Municipales (Fepcmac) advirtió que la propuesta legal, a la que calificó de “malísima y perniciosa”, provocará que las instituciones financieras limiten el otorgamiento de créditos de consumo y para mypes de hasta S/ 9,900.
El proyecto de ley en mención, que se debatirá en el pleno del Congreso, propone que cada seis meses las entidades financieras evalúen la calificación de riesgo crediticio de los deudores con obligaciones de hasta dos UIT (S/ 9,200). Y si estos no presentaran atrasos en el pago de los mismos, se les mejorará la calificación y, por tanto, el banco o caja deberá bajarles la tasa de interés de su crédito vigente.
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No rentable
“Las instituciones financieras van a preferir otorgar créditos por encima de S/ 9,900, y financiar a prestatarios que pidan un crédito mayor a ese monto, porque, de lo contrario, no sería rentable”, manifestó el presidente de Fepcmac, Jorge Solís.
Con las nuevas condiciones planteadas por el Parlamento, los créditos por debajo de S/ 9,900 serían de alto riesgo, pues para asignar la calificación al deudor, las entidades financieras solo deberían evaluar si está al día en sus pagos en los últimos seis meses, lo que es insuficiente, sostuvo.
El representante gremial explicó que la norma vigente de la SBS establece cómo gestionar los créditos y la evaluación de los deudores, en la que no solo se considera la puntualidad en el pago, sino otras condiciones como su flujo de caja o de ingresos, solvencia, patrimonio y capacidad de pago, con los que, en conjunto, se determina el crédito y los intereses.
Parámetro
“Si el crédito es de 24 meses, por ejemplo, importa cómo se proyecta que será el flujo del negocio (que pide el crédito) en todo ese periodo, pero no solo la capacidad de pago o el comportamiento del deudor en seis meses”, expresó.
El proyecto de ley -promovido por Renovación Popular- afectaría principalmente a los solicitantes de créditos de consumo y a micro y pequeñas empresas (mypes), y, por el lado de la oferta, a las microfinancieras, como las cajas municipales, afirmó.
De aprobarse la norma, se pondría un parámetro para gestionar el riesgo crediticio, lo que haría muy complicado para las instituciones, en particular las microfinancieras, otorgar préstamos de consumo y para mypes de monto bajo, refirió Solís.
Compra de deuda
“Desalentará el otorgamiento de microcréditos, la inclusión financiera y que se pueda dar créditos a nuevos prestatarios (…) No cumplirá el propósito de fomentar la inclusión financiera como plantea el proyecto de ley”, añadió.
No se puede fijar por ley la calificación de un crédito y obligar a bajar su tasa de interés, manifestó al argumentar que el proyecto de norma pretende intervenir en la gestión de riesgo crediticio, aunque el mejor asignador de recursos es el propio mercado.
Así, detalló que ya hay mecanismos para bajar las tasas, como la compra de deuda a los prestatarios puntuales, además de que las entidades financieras están “a la caza de los mejores clientes” a quienes les ofrecen condiciones más favorables.
Mercado negro
Aseveró también que es peligrosa la propuesta legal, pues al desalentar al microcrédito del sistema financiero formal, las personas y mypes a las que se limite el acceso deberán recurrir a préstamos del mercado negro, informal y paralelo, en el que prima la modalidad del “goteo”, con métodos extorsivos de cobranza.
La norma planteada provocaría desorden y distorsiones en el mercado financiero formal, y es riesgosa, pues generaría expectativas del público que no se cumplirán, alertó Solís.
En las cajas ediles, las tasa de interés promedio de créditos a microempresas es de 32%.
SBS podría sancionar a entidades financieras que incumplan
La propuesta de ley del Congreso es “controlista y draconiana, pues desconoce el desempeño de las instituciones financieras del país”, sostuvo Jorge Solís, de Fepcmac.
“Es como una espada de Damocles en contra de las entidades financieras, pues si el flujo de negocio (que solicita el crédito) no garantiza cumplir los pagos en todo el periodo o su solvencia, resulta contraproducente (para las microfinancieras) y quiebra el principio de sana regulación del sistema financiero”, dijo.
Detalló que, según el proyecto, la SBS podría sancionar a las instituciones financieras que incumplan la obligación de recalificar a los deudores puntuales en el pago de seis cuotas consecutivas y bajarles las tasas de interés.
Por ello, la posición de las cajas ediles es de no aprobar la norma, y más bien buscar alternativas de fortalecimiento para las microfinancieras, que atraviesan por una situación muy complicada al igual que el resto de instituciones prestamistas a raíz de la pandemia y la incertidumbre política, declaró.