El Poder Ejecutivo ha rechazado recientemente una propuesta de ley que busca eliminar la obligación de incluir el Registro Único de Contribuyentes (RUC) y la razón social en la publicidad digital. Esta decisión marca un punto de inflexión en el debate sobre las normativas tributarias y la publicidad en el país.
El proyecto, que pretende modificar el Decreto Legislativo 943 (Ley del RUC), fue aprobado por el Congreso en diciembre, argumentando que la inclusión del RUC en la publicidad digital era obsoleta y afectaba negativamente el diseño publicitario. Esto se basa en la idea de que tal requisito constituye un obstáculo para la libertad de empresa y los derechos de propiedad intelectual.
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Los motivos por los que el Ejecutivo decidió que se muestre el RUC en la publicidad digital se fundamentan en que es importante para fortalecer el control tributario, facilitando la identificación y localización de los contribuyentes y reduciendo la brecha de inscripción en el registro.
Además, hace hincapié en la alineación de esta normativa con prácticas internacionales, citando como ejemplo a España, donde existe una exigencia similar en el ámbito de la publicidad digital.
Por último, ante la posibilidad de insistir en la medida, se ha sugerido un texto alternativo que busca mantener la visibilidad del RUC en todas las plataformas digitales, lo que aseguraría la trazabilidad de las operaciones comerciales y servicios ofrecidos.
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Jorge Picón Gonzales, socio de Picón & Asociados considera que enfocarse en esta normativa parece poco relevante en el contexto actual. “La naturaleza instantánea y efímera de la publicidad digital hace que cualquier cambio en esta norma tenga un impacto limitado, no veo un efecto práctico significativo más allá de la imposición de multas.”
Afirmó que crear una cultura tributaria robusta no requiere necesariamente la publicación del RUC en publicidades. Más bien, la estrategia debería enfocarse en una fiscalización más efectiva y en la educación sobre responsabilidades tributarias.
“La insistencia en una norma que genera obligaciones adicionales sin un beneficio práctico claro podría considerarse un enfoque ineficiente, que no aborda los desafíos reales de la evasión fiscal y la formalización de la economía en el Perú”, concluyó.
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En contraste, Katarzyna Dunin Borkowski, directora de Consultoría Tributaria y Aduanera en PwC señaló que es acertada la decisión del Ejecutivo de mantener la obligación de incluir el RUC en la publicidad digital, especialmente en las redes sociales.
Esta medida es un paso importante en la lucha contra la evasión fiscal, dado que un considerable número de personas comercia en estas plataformas sin declarar adecuadamente. El objetivo principal es identificar a los vendedores y asegurar que todos los que realizan actividades económicas sean responsables tributariamente.
Aunque el proyecto de ley argumenta que esto perjudicaría a los negocios, la realidad es que la equidad fiscal requiere que todos contribuyan de manera justa. “No es aceptable que cerca del 40% de peruanos eluda sus obligaciones fiscales. La posición del Ejecutivo refleja una respuesta a la demanda social por mayor justicia tributaria” afirmó.
Mientras tanto, la obligatoriedad del RUC en la publicidad digital se mantendrá, con la Sunat lista para aplicar sanciones por incumplimiento a partir de enero de 2024.
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Carlos Rodas Ramos, socio de Stucchi Abogados, considera que la decisión del Poder Ejecutivo del Perú de mantener el RUC en publicidad digital, basada en prevenir estafas y mejorar la fiscalización tributaria, no se alinea adecuadamente con la realidad práctica.
“La motivación detrás de esta medida parece desconectada de su aplicación efectiva. Además, tengo serias dudas sobre la capacidad de la SUNAT para fiscalizar a este nivel, considerando los desafíos y el sobrecosto que implicaría implementar fiscalizadores virtuales”. En resumen, la medida, aunque bienintencionada, parece poco práctica y económicamente onerosa, concluye.
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Abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Actualmente, ocupa la posición de redactor en el área de Economía en el Diario Gestión.
