SIP sobre ‘ley mordaza’: “Es un serio retroceso para la libertad de prensa”

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) advirtió que el proyecto de ley que aumentará las penas para los delitos de difamación y calumnia es un “serio retroceso” para la libertad de prensa, el libre ejercicio del periodismo y el derecho del público a la información.

Michael Greenspon, presidente de la SIP y director global de Licencias e Innovación de Impresión de The New York Times, sostuvo que la iniciativa legislativa “contradice la jurisprudencia interamericana, la que pide que las demandas en contra de los periodistas sean atendidas en el foro civil, no en el penal”.

Del mismo modo, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, expresó preocupación por “el efecto negativo que tendría el aumento de la pena de cárcel en contra del ejercicio del periodismo y la investigación periodística y por sus consecuencias en el derecho del público a la información”.

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En ese sentido la entidad recuerda que en 2014 envió una delegación internacional a Lima cuando el entonces presidente de la Corte Suprema de Justicia, Enrique Mendoza Ramírez, exhortó a los jueces a ser más cuidadosos al admitir demandas contra periodistas cuando tuvieran la intención de generar autocensura.

“Por entonces, la SIP había advertido sobre la ‘industrialización de las demandas’ por parte de funcionarios para evitar que el periodismo siguiera destapando casos de corrupción pública”, señala la sociedad de prensa.

Asimismo, recordó que desde hace décadas, con el Proyecto Chapultepec, se impulsan medidas para descriminalizar los delitos de difamación en contra de periodistas, promovidos por funcionarios públicos en casos de interés público.

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Entre los países de las Américas que han despenalizado la difamación figuran Argentina, Bermudas, Chile (parcial), El Salvador, Grenada, Honduras, Jamaica, México, Panamá, República Dominicana (parcial) y Uruguay.

Actualmente, en el Congreso se debate proyecto de ley 2862, conocido como “ley mordaza”, el cual aumenta las sanciones de cárcel por delitos de difamación y calumnia a cinco años y las multas a entre 90 y 120 días cuando se trate de la utilización indebida de medios de comunicación, redes sociales y sitios web en contra de funcionarios públicos.

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