La denuncia constitucional contra el expresidente Pedro Castillo Terrones por presuntos sobornos en ascensos militares y policiales corre el riesgo de quedar sin efecto si el Congreso no adopta una decisión antes del 15 de noviembre de 2026.
Así lo dio a conocer Cuarto Poder, que recordó que el caso, presentado por el Ministerio Público en agosto de 2023, busca levantar el fuero político del exmandatario para formalizar una investigación por presuntos actos de corrupción relacionados con ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
Según la tesis fiscal, Castillo Terrones habría intervenido en procesos de ascenso al margen de los criterios meritocráticos a cambio de supuestos pagos ilícitos. Entre los elementos de convicción recogidos por la Fiscalía, figuran testimonios de seis declarantes y colaboradores eficaces. Uno de ellos sería un oficial que admitió la entrega directa de 40 mil dólares a cambio de asegurar su ascenso al grado de general dentro de la institución policial.
Se tendría también una pericia grafotécnica de un documento que confirmaría que Castillo sí ordenó dichos cambios. A ello, se suman capturas de pantalla presentadas por el excomandante general del Ejército, José Vizcarra, las cuales demostrarían que el exjefe de Estado requería por WhatsApp la promoción de oficiales específicos en octubre de 2021.
El expediente del caso de Castillo está en manos de la Comisión de Acusaciones Constitucionales dirigida por el diputado de Juntos por el Perú Daniel Varas. FOTOS: ANTHONY NIÑO DE GUZMAN / GEC
Juntos por el Perú preside Comisión de Acusaciones Constitucionales
Tras la instalación del nuevo Congreso bicameral, el expediente pasó a manos de la Comisión de Acusaciones Constitucionales, la cual está dirigida por el diputado de Juntos por el Perú (JP), Daniel Varas.
A casi dos meses de haberse implementado, el diputado recién cumplió con el trámite: mandar la denuncia constitucional a la Cámara de Diputados, por lo que el debate del caso está previsto para el jueves 29 de octubre.
Si hasta el 15 de noviembre no hay decisión en ambas cámaras, el caso se cierra sin que avancen las investigaciones, ni se llegue a juicio, pese a las pruebas recabadas.
