Con un gabinete dispar por la composición de mujeres, el presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, se comprometió a que se elevará la presencia de mujeres en el gabinete.
De la misma forma, con acusaciones contra algunos ministros, dijo que el Gobierno pondrá en marcha la Plataforma de “Debida Diligencia del Sector Público”, que centralizará información sobre procedimientos administrativos, procesos penales, sanciones o cualquier otro dato que resulte relevante conocer.
Asimismo, refirió que de esa manera se podrá advertir oportunamente de algún impedimento o riesgo de cuestionamiento antes de incorporar a una persona cuestionada al Estado.
“Esto es más crucial aún si es para ocupar cargos con capacidad de decisión y manejo de recursos en el sector público”, señaló el titular de la PCM en su discurso.
Torres informó que se ha suscrito el Acuerdo de Cooperación entre el Perú y la OEA para la lucha contra la “Corrupción y la Impunidad”, el mismo que contribuirá a fortalecer las capacidades de nuestro país para la prevención y el combate contra la corrupción.
Hostigamiento sexual
El primer ministro también refirió que -en el marco del Día Internacional de la Mujer- dicha plataforma incorporará información sobre las sanciones impuestas a personas dentro del Estado en temas relacionados con casos de hostigamiento sexual.
“Además, al ser hoy 8 de marzo un día para reconocer la importancia de enfrentar la violencia contra las mujeres, es relevante señalar que esta Plataforma de Debida Diligencia del Sector Público también incorporará información sobre las sanciones impuestas a personas dentro del Estado en temas relacionados con casos de hostigamiento sexual”, expresó.
“De esa manera, se efectuará una mejor selección y designación de funcionarios y servidores en la administración pública. Personas sancionadas por este tipo de delitos no podrán ser servidores públicos, de ninguna manera”, agregó.
Finalmente, Aníbal Torres informó que mediante un decreto supremo, se establecerá la capacitación obligatoria en temas de género, prevención de la violencia y discriminación para todos los funcionarios públicos, personal directivo, servidores y servidoras en los tres niveles de gobierno, incluidas las empresas públicas, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.