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La bancada de Avanza País propuso sancionar con cadena perpetua a los prestamistas que al realizar prácticas extorsivas causen la muerte o lesiones graves de la víctima o de personas afines a su entorno, tras la ola de actos delincuenciales de este tipo que existen ahora en el país.
El proyecto de ley 7269/2023-CR, impulsado por la congresista Norma Yarrow que modifica el Código Penal para sancionar la usura extorsiva, establece también una condena que va entre 15 hasta 25 años de prisión cuando la violencia, amenaza o intimidación es cometida a mano armada o utilizando artefactos explosivos o incendiarios.
También, si participan dos o más personas o como integrante de una organización criminal, cuando se cause lesiones leves a la víctima o terceras personas afines, y cuando se atente contra la propiedad mueble o inmueble de la víctima o de terceras personas de su entorno.
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La pena será no menor de 10 años de prisión ni mayor de 15, para el que, con el fin de obtener una ventaja patrimonial para sí o terceros, hace dar o prometer el pago de créditos o préstamos con intereses desproporcionados, empleando la violencia, la amenaza o cualquier acto de intimidación de forma personal o a través de cualquier medio.
Asimismo, la iniciativa considera agravante del delito de extorsión cuando el delito “se comete contra el ciudadano que ejerce cualquier tipo de actividad económica, comercial o empresarial, empleando imágenes de su entorno familiar, empresarial, laboral o social, u objetos perturbadores de peligrosidad, entregados, exhibidos, difundidos directa o indirectamente por cualquier medio a la víctima”.
La parlamentaria fundamenta su propuesta en el incremento de las bandas u organizaciones criminales dedicadas al delito de extorsión y a la aparición de nuevas conductas delictivas como el préstamo de dinero fácil con intereses bastante altos, lo que hace que se vuelvan imposibles de pagar y se ejerce el cobro coactivo empleando la violencia, amenaza o cualquier acto de intimidación.
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Las víctimas de estas prácticas delictivas, según la iniciativa legal, son principalmente los pequeños empresarios, quienes recurren a los préstamos fáciles ya que no tienen acceso al sistema crediticio formal, informó la Agencia Andina.
“Si bien existen diversas modalidades de extorsión, actualmente las más usadas son el sticker, gota a gota, chalequeo, cupo de construcción civil, rescate de vehículos y cupo por esquinas”, indica el proyecto de ley.
Ante ello, Yarrow sostiene que esta iniciativa busca establecer un marco de protección jurídica para las personas que sufren del delito de extorsión en todas sus modalidades, prestando especial atención a aquellos ciudadanos que acceden a créditos o préstamos fuera del sistema financiero nacional.
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