¡Oh, y ahora quién podrá ayudarnos a salir de la recesión!

El Ministerio de Economía tardó demasiado en reconocer que estamos en recesión económica. En nuestro artículo de agosto advertimos de ello, pero la recesión ya era evidente desde mediados de julio, luego de conocer el PBI de mayo y comprobar que tendríamos dos trimestres consecutivos de caída del PBI en la medición interanual, pero además de verificar que la definición de la Oficina Nacional de Investigación Económica de los Estados Unidos (NBER por sus siglas en inglés), que señala que una recesión implica una disminución significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses, se cumplía.

Pero el mejor indicador para advertir el inicio de una recesión es el PBI desestacionalizado, el cual permite identificar el pico previo, el valle o punto más bajo y el retorno al pico previo. De acuerdo con este indicador, usando datos del BCRP, el pico previo del PBI fue en septiembre de 2022 y el inicio de la recesión fue en octubre de 2022. Luego tenemos una suerte de dos valles, en los meses de mayo y julio 2023. De acuerdo con ello, la recesión (el periodo de caída del PBI) habría terminado en julio de 2023, es decir diez meses después, lo cual la convertiría en la recesión más larga de las últimas dos décadas.

Pero los mayores problemas pueden ocurrir en el periodo de salida de la recesión, es decir desde el mes en el que se alcanza el punto más bajo hasta el mes en el que se recupera el nivel de actividad económica previo al inicio de la recesión. En la jerga peruana, a este periodo de crecimiento suele llamársele el rebote. Cuanto más rápido y fuerte el rebote, menor la duración del periodo de salida. Me temo que este no será el caso, es decir que la salida será lenta y frágil, lo mismo que el periodo a continuación del rebote.

Sustento mi afirmación en cuatro factores: los riesgos del fenómeno de El Niño, las dificultades para el crecimiento de la inversión privada, el poco espacio fiscal y el deterioro de la gestión pública.

Respecto al primero, la probabilidad de que el fenómeno de El Niño sea fuerte va en aumento. De acuerdo con el informe del 28 de octubre del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), la probabilidad de ocurrencia de El Niño costero fuerte ha aumentado de 33% a 49%, en tanto que sea moderado se ha reducido de 55% a 47%. Por otro lado, a falta de un plan integral de prevención, no hemos aprendido nada desde el fenómeno de El Niño 2017, el Gobierno ha recurrido a las consabidas declaraciones de emergencia y realización de obras apresuradas, lo cual es un caldo de cultivo para la corrupción.

Respecto al segundo, la inversión privada caerá en el 2023 por segundo año consecutivo. La inversión privada está siendo afectada por la incertidumbre política y también por el debilitamiento democrático al que nos conduce el régimen (Ejecutivo y Congreso). Este último designó integrantes del Tribunal Constitucional y de la Defensoría del Pueblo que no dan la talla y ahora pretende destituir a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, que es la entidad que nombra, evalúa, ratifica y sanciona a jueces, fiscales, y a los jefes de la ONPE y el Reniec. Frente a las acciones del Congreso, el Ejecutivo calla, el balance de poderes se ha debilitado en nuestro país.

Respecto al tercero, el déficit fiscal se ha incrementado sostenidamente durante el gobierno de Dina Boluarte, principalmente debido a la caída de la recaudación. Frente a esta caída, el Gobierno y principalmente el MEF no reaccionan. Será muy difícil para el MEF cumplir con la meta fiscal este año y peor aún para el próximo año en que los ingresos serán aún menores, debido a que la regularización de impuestos que corresponde al 2023 y que se paga en marzo y abril del próximo año será baja, puesto que las utilidades y los ingresos de empresas y personas se han afectado por la recesión. Además, algunas empresas grandes que mantienen litigios con el Estado están dilatando los mismos e inclusive el pago en casos ya resueltos aprovechando la amnistía tributaria permanente que concedió el Tribunal Constitucional. Esta amnistía va a causar graves problemas al fisco en los próximos años porque, al suspenderse la aplicación de intereses en etapa judicial, se ha debilitado la acción de fiscalización de la Sunat inclinando la balanza a favor de las planificaciones agresivas. Y si las empresas litigiosas pagasen, irán a arbitrajes internacionales a exigir la devolución de lo pagado, para lo cual el Congreso ya se ha apresurado en aprobar una ley que ha elevado la tasa de interés para las devoluciones.

Finalmente, el Gobierno de Castillo infringió un grave daño a la gestión pública designando a ministros y funcionarios incompetentes, que fueron incapaces, por ejemplo, de comprar fertilizantes para el agro, afectando la producción y los precios. El actual Gobierno no ha removido a muchos de estos funcionarios y, luego de designar a un primer gabinete de técnicos, ha caído en el mismo error del Gobierno anterior de designar personas no calificadas para los puestos.

Frente al riesgo de El Niño, las dificultades de la demanda agregada para crecer y la pobre gestión pública, la única luz en el camino es que la inflación ha acelerado su caída, otorgando un espacio a la política monetaria del BCRP para continuar con la reducción de tasas, tal vez a un mayor ritmo en función de los datos de inflación y expectativas de inflación que el banco monitorea permanentemente. Sin embargo, esto no alcanzará para salir con vigor de la crisis. La salida requiere con urgencia un acuerdo político para implementar reformas económicas y políticas indispensables de corto y mediano plazo, que tengan como objetivo un crecimiento sostenido con equidad. Los políticos necesitan ponerse de acuerdo en reformas mínimas, sin embargo, esto es poco probable que ocurra con el actual régimen. Habrá que esperar nuevas elecciones. Cuanto antes, mejor.