Únete al canal de GestiónEscribe: Leonie Roca, presidenta en la AFIN
Hace unos días leía el reporte de Control Risks sobre los riesgos globales para el 2025. En él, los CEO dicen: “La paradoja para los negocios es que la prudencia fiscal y el aumento de impuestos, que son necesarios para reparar las finanzas nacionales tras la pandemia, podrían frenar el entusiasmo por la inversión a corto plazo…”
En otras palabras, se prevé que la preocupación fiscal será un tema central en la agenda de políticas públicas a nivel global. En el Perú, vemos con frecuencia las alertas del Consejo Fiscal y de muchos economistas sobre la trayectoria de nuestro déficit. Nos está costando respetar las reglas de prudencia fiscal. A esto, hay que sumarle varias iniciativas que comienzan a mostrar hambre por aumentar la carga tributaria. Desde el intento de eliminar el drawback, entre gallos y medianoche, hasta la imposición de cargas tributarias a las plataformas digitales. Y, sin duda, seguiremos viendo más de esto.
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Entonces, desde el mundo de la infraestructura, nos preguntamos dos cosas. La primera: ¿cómo emplear mejor los recursos fiscales, que son escasos? Como diría hace poco Martín Naranjo en una extraordinaria columna, la escasez es LA palabra en economía. La segunda: ¿cómo evitar que la voracidad fiscal incremente el riesgo para los inversionistas que necesitamos convocar para avanzar en el cierre de las brechas de servicios públicos, sin recurrir a los recursos ordinarios del Tesoro?
Las respuestas son relativamente conocidas: tenemos que continuar promoviendo asociaciones público-privadas, potenciando ProInversión y facilitando los trámites para que estas no solo queden en contratos firmados, sino que las inversiones comprometidas se ejecuten. Para eso, necesitamos gente buena, estable, bien pagada y contratada meritocráticamente. Y una Contraloría que no asuste. Insistimos siempre en esto, porque creemos que es fundamental.
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Respecto al tema fiscal, también tenemos que construir institucionalidad y dar estabilidad, no solo tributaria sino legal, en general. Para eso también sirven los contratos de estabilidad jurídica (CEJ), a los que desde el 2022 se les ha impuesto una sobretasa de 2% (homologando todos los sectores al de hidrocarburos y minería). Sin esta sobretasa, se suscribieron 344 convenios con empresas receptoras de inversión por más de 15 billones de dólares; mientras que desde el 2022 solo se habrían suscrito 3.
La respuesta del MEF a una solicitud de AFIN de volver al régimen original, sin sobretasa: “Los CEJ son instrumentos que restan flexibilidad y reducen la eficacia de la política fiscal, dado que no permiten incorporar de manera rápida y efectiva las mejoras en el diseño del sistema tributario y la corrección de posibles distorsiones, limitando el rango de acción e impacto de la política tributaria”. Hay otros argumentos en la carta de respuesta, como las dificultades administrativas para la Sunat. Desgraciadamente, parten del supuesto que estos instrumentos ya no son necesarios porque ya no somos un país riesgoso.
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Ahí andamos, como ese rey del cuento de Andersen, que no se da cuenta de que tiene que vestirse. Tenemos que hacerlo para seguir convocando esa inversión que ya no es suficiente, más aún cuando la inestabilidad que mostramos nos hace lucir particularmente vulnerables.
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