Coordinadora de investigación de Redes
El Perú lleva meses en crisis simultáneas y diversas, muy particularmente en el plano político. Esto ha llevado al debate público a centrarse en el muy corto plazo, dejar de lado la gestión pública y descuidar aspectos críticos para nuestro desarrollo, como la pérdida de aprendizajes y la salud de nuestros niños.
En esa línea, la anemia en niños de entre 6 y 35 meses, que venía bajando –aunque muy lentamente– desde 2016, ha aumentado en 3.6 puntos porcentuales en 2022, según lo que reporta el Observatorio del Bicentenario de Videnza Instituto.
Esto implica que el 42.4% o más de 700 mil menores de 3 años padecen de una enfermedad que compromete en el largo plazo su desarrollo biológico y cognitivo. El aumento de casos de 2021 a 2022 alcanza a más de 60 mil niños.
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La situación es más crítica si se observa el detalle por área de residencia y regiones. En las zonas rurales, la anemia alcanza a más de la mitad de los niños menores de 3 años.
Asimismo, en las regiones de Puno, Ucayali, Huancavelica, Loreto y Madre de Dios, los casos superan el 60%. Es particularmente urgente resaltar que hay regiones que han retrocedido significativamente después de la pandemia. Por ejemplo, en Ucayali los niveles de anemia pasaron de 53.7% en 2019 a 65.8% en 2022.
La evidencia muestra que la anemia, particularmente antes de los tres años, interfiere con la energía y desarrollo físico e intelectual de los niños, por lo que compromete su capacidad de aprender y con ello la productividad y capacidad de generación de ingresos propios en el largo plazo.
Estos daños lamentablemente son irreversibles. En 2012, la economista Lorena Alcázar calculó que la anemia le costaba al Perú más de 2 mil millones de soles (2009-2010), principalmente explicados por la pérdida cognitiva. Sin duda, una actualización de estas cifras con los precios de hoy nos daría un monto sustancialmente mayor.
La lucha contra esta enfermedad es uno de los ejemplos más claros de la relevancia de la articulación dentro del Estado, involucrando a la sociedad civil. En efecto, en 2019 se obtuvieron resultados favorables porque se enfocó con mejor claridad el problema público, priorizando a los menores de 3 años, y se realizó un trabajo conjunto de entidades del Estado de diferentes sectores y niveles de Gobierno.
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Aparte del trabajo crítico del Ministerio de Salud, el MIDIS, como rector de la estrategia multisectorial, articuló las visitas domiciliarias que involucran a actores locales y resultan críticas para orientar a las madres de familia y lograr la adherencia a la prevención y tratamiento; el MEF incluyó estas visitas en el Plan de Incentivos Municipales; y PCM realizó seguimiento a indicadores estratégicos.
Este nivel de coordinación en un Estado como el nuestro requiere de mucha voluntad política en el más alto nivel y de capacidad de gestión. La pandemia, sin duda, complicó la realización de las visitas domiciliarias.
Por su parte, en los últimos meses el deterioro de la gestión pública ha sido evidente, con nombramientos cuestionados y una enorme rotación de funcionarios a nivel nacional y subnacional. Esta rotación trae consigo cambios de objetivos y equipos, dificultando aún más la articulación. A todo esto se suma que el poder adquisitivo de los peruanos se ha visto deteriorado por la inflación, lo que podría estar comprometiendo aún más la alimentación de los niños.
Es importante también reconocer el rol del sector privado y de la sociedad civil en esta lucha. Respecto al primero, resulta clave articular esfuerzos que focalicen principalmente a los menores de 3 años, con productos que este grupo poblacional puede consumir.
La sociedad civil también tiene un rol importante porque el consumo del hierro desde la fase preventiva (4 meses de edad) se da en cada hogar, más allá de lo que el Estado pueda hacer por informar y facilitar el acceso. La información es crítica.
Por ejemplo, un mito a vencer es la idea de que esta es una enfermedad solo de la población más vulnerable: antes de la pandemia, casi un cuarto de los niños del quintil más rico padecía anemia. La prevención debe darse en todos los hogares.
Como país, debemos retomar este problema en la agenda pública. Lamentablemente, descuidando lo (muy) importante por lo urgente vamos a enfrentar un costo muy elevado en el largo plazo. Con la próxima publicación de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) y la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (Endes) de 2022, podremos analizar con mayor detalle la magnitud del daño en el campo social, por ejemplo, conociendo las cifras de pobreza.
Necesitamos recordar constantemente que detrás de esos puntos porcentuales, de los datos que vemos día a día, tenemos personas reales –especialmente las más vulnerables– sufriendo irreversiblemente las consecuencias de dejar de lado la importancia de la gestión pública.
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