¿Culpa o complicidad?

CONGRESO. En los últimos días, más de un penalista ha hecho notar que la norma recientemente aprobada por el Congreso, que altera los plazos de prescripción de los delitos en el Código Penal –concretamente, reduce a un año el plazo máximo en que puede suspenderse la prescripción de un delito durante un proceso–, traería consigo más de un peligro para la lucha contra la corrupción y la impunidad.

Si bien se ha explicado también que la supuesta intención de la norma habría sido evitar que los plazos de prescripción se extiendan irrazonablemente en ciertos casos, lo cual habría sido un problema real, la forma en que la ley ha sido redactada generaría impunidad en otros casos, varios de los cuales ahora podrían prescribir casi inmediatamente.

En nuestro país, la regla general según el derecho es que toda ley entra en vigencia al día siguiente en que es publicada en El Peruano, a menos que la propia ley indique una fecha posterior. Por ello, en principio, toda ley solo es aplicable a los casos que ocurran desde el día siguiente a su publicación.

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Sin embargo, la única excepción a esta regla general es que, en el caso de las leyes penales, las nuevas normas no solo aplican para los casos que ocurran desde ese momento en adelante, sino también para los casos previos si es que ello favorece de algún modo al reo (artículo 103 de la Constitución). Entonces, si se reducen los plazos de prescripción de cualquier delito, quienes hoy vienen siendo investigados por esos delitos podrían solicitar también que se les aplique la nueva ley, si ello los favorece.

Según se ha advertido, entre los beneficiados con la nueva norma estarían, junto a incontables personajes menos conocidos, varios de los vinculados con los casos de los Cuellos Blancos del Puerto y Lava Jato, incluyendo a políticos como Alejandro Toledo, Ollanta Humala, Martín Vizcarra, Keiko Fujimori y Vladimir Cerrón.

Las bancadas con más miembros que apoyaron inicialmente esta ley –propuesta por Perú Libre y aprobada en el Pleno con 87 votos– fueron Fuerza Popular (19 votos a favor), Perú Libre (13 votos), Acción Popular (12), APP (8), Bloque Magisterial (7) y Renovación Popular (5); a pesar de que existía un informe de la Fiscalía opuesto a esta iniciativa.

Tras las primeras críticas, algunos de los congresistas que inicialmente aprobaron la ley parecen estar reconsiderando su postura. Lamentablemente, es probable que el daño ya esté hecho. No debería ser mucho pedir a nuestros legisladores que se esfuercen por estudiar bien los posibles efectos de las leyes que aprueban antes de votar por estas.

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