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Según el Indice de Competitividad que publica el Institute for Management Development (IMD), en 2022, Perú ocupó el puesto 59 de un total de 63 países, en el pilar correspondiente a infraestructura, por debajo de sus pares de la Alianza del Pacífico. Este resultado es sin duda inaceptable.
No solo es un reflejo de las brechas evidentes que enfrentamos en distintos sectores, estimadas en el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible para la Competitividad (PNISC) 2022-2025, sino también responde al poco dinamismo y proactividad con que Gobiernos anteriores (en particular el de Castillo) han abordado el tema.
Durante los últimos cuatro años, los resultados en materia de atracción de inversión privada en infraestructura en nuevos proyectos, particularmente en APP, han sido magros. Entre 2019 y 2022, Proinversión ha adjudicado apenas seis proyectos por un promedio de inversión comprometida de US$ 164 millones, los niveles más bajos de la última década.
En las últimas semanas, el Gobierno ha dado señales de querer revertir este resultado. Por un lado, se han otorgado facultades legislativas para establecer medidas especiales dirigidas a facilitar y promover el desarrollo de los proyectos priorizados en el PNISC 2022-2025.
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Asimismo, se han dado facultades para que el Poder Ejecutivo pueda modificar nuevamente la ley de APP (Decreto Legislativo 1362). Sobre esto, debe mencionarse que durante los últimos cuatro Gobiernos esta norma ha estado sujeta a sucesivas modificaciones (la última en 2022, mediante el DL 1543).
Si bien siempre es posible mejorar el marco normativo, el estancamiento y retraso de los distintos procesos y proyectos que observamos, sugiere que los principales cuellos de botella están relacionados al fortalecimiento de la gestión misma de los proyectos, antes que con el marco legal.
Por otro lado, es destacable el anuncio hecho por Proinversión para 2023 de un portafolio de 16 proyectos a adjudicar, que involucra compromisos de inversión superiores a los US$ 3 mil millones. Entre los proyectos figura el Parque Industrial de Ancón (US$ 762 millones), redes de transmisión eléctrica del Grupo 1 (Enlace Huánuco-Tocache-Celendín-Trujillo y Celendín-Piura) (US$611 millones) y el relanzamiento de las bandas de espectro AWS-3 y 2.3 GHz (US$ 268 millones).
También se ha anunciado un ambicioso programa de adjudicaciones para 2024 con inversiones por US$ 5,924 millones. El portafolio de proyectos es variopinto, incluyendo iniciativas nuevas y otras que llevan años en proceso como el Ferrocarril Huancayo-Huancavelica, el Anillo Vial Periférico o la Longitudinal de la Sierra tramo 4.
Finalmente, se han anunciado diversas iniciativas que serían implementadas a través de la modalidad Gobierno a Gobierno, como la Línea 3 del Metro de Lima, la continuación de Chavimochic III o Chinecas.
La viabilidad de estas propuestas pasa necesariamente por una cuidadosa evaluación del impacto fiscal que involucraría para el Estado esta modalidad de ejecución.
Pese a que aún hay muchas interrogantes respecto a la viabilidad de algunos de estos esfuerzos, consideramos que todas estas señales muestran una voluntad política relevante por retomar la agenda de promoción de inversiones, abandonando (¡ojala!) el piloto automático.
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