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España está abriendo sus puertas a trabajadores extranjeros para solucionar una escasez de mano de obra y aliviar una contracción demográfica que amenaza su futura prosperidad.
A diferencia de las políticas antiinmigrantes en gran parte de Europa, el Gobierno ha flexibilizado las regulaciones para permitir la contratación de empleados en sus países de origen, principalmente en América Latina, para trabajos tanto calificados como no calificados que son difíciles de cubrir.
La reforma, que entrará en vigor en los próximos días, podría acelerar el camino hacia la legalización de potencialmente decenas de miles de personas que trabajan en la economía informal.
España, que registra el nivel de desempleo más bajo desde el 2008 –al igual que gran parte de Europa occidental–, está enfrentando el tipo de escasez grave de mano de obra que provocó un caos de viajes en los aeropuertos europeos este verano.
La cuarta economía más grande de la eurozona tiene vacantes laborales que van desde científicos y desarrolladores de software hasta camareros, albañiles y maleteros.
Si bien el repunte posterior a la pandemia explica las necesidades laborales más apremiantes, la escasez también ofrece un vistazo de los problemas más profundos que afectan a las economías industrializadas con menos bebés, mano de obra cada vez más reducida y enormes costos de financiación pública que igualar.
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En una entrevista, José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y artífice de la reforma, dijo que un envejecimiento de la población significa que habrá que depender más de los trabajadores extranjeros para ayudar a los países europeos a mantener los estados de bienestar y las pensiones.
España tiene una de las sociedades que está envejeciendo más rápidamente en el mundo. La proporción de su población mayor de 65 años es ahora del 23%, lo que refleja una esperanza de vida particularmente alta y bajas tasas de fertilidad. El número de españoles se reducirá en un tercio para 2100, suponiendo flujos de inmigración normales, según proyecciones de las Naciones Unidas.
Según Ignacio Conde-Ruiz, profesor de economía de la Universidad Complutense de Madrid, España debería abrir sus fronteras más rápido para evitar perder un grupo de trabajadores que probablemente se reducirá en el futuro a medida que las tasas de fertilidad en América Latina también disminuyan.