A partir del 18 de septiembre de 2026, USCIS utilizará nuevas pautas para decidir si un solicitante de residencia permanente puede ser considerado una carga pública. Aunque la agencia revisará cada expediente de manera individual, la medida ha despertado inquietud entre inmigrantes que reciben o podrían necesitar ayudas públicas, como SNAP o Medicaid, mientras buscan obtener lagreencard.En respuesta, un grupo de 22 estados y el Distrito de Columbia presentó una demanda contra la administración de Donald Trump con el objetivo de detener la aplicación de la norma.¿En qué se basa este recurso legal? Aquí te explicamos los argumentos de los demandantes.
Mamdani durante una conferencia de prensa para anunciar una demanda contra la nueva norma federal de "carga pública", que podría dificultar que los inmigrantes obtengan la residencia permanente si dependen de ayudas públicas (Foto: Angela Weiss / AFP)
¿QUÉ ARGUMENTA LA DEMANDA QUE BUSCA FRENAR LA NUEVA REGLA DE CARGA PÚBLICA?
La demanda sostiene que la nueva regla de carga pública es ilegal porque, según los estados y ciudades demandantes, entrega a los funcionarios de inmigración una discrecionalidad demasiado amplia para negar la residencia permanente o la admisión a personas que usan beneficios públicos legales. Además, aseguran que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) se apartó del significado histórico de “carga pública” sin una justificación suficiente.
La demanda estatal contra la nueva regla de carga pública está liderada por Nueva York, California e Illinois. La coalición está encabezada por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, junto con los fiscales generales de California, Rob Bonta, e Illinois, Kwame Raoul.
“La nueva forma de mirar a la regulación de carga pública está atacando o dañando a ciudadanos americanos; esta demanda tratar de detener la implementación de la nueva regla de carga pública”, dijo Kathya Quiróz, analista de inmigración de Noticias Telemundo.
A continuación, los argumentos centrales del recurso legal que presentaron:
| Argumento de la demanda | ¿Qué alegan los demandantes? |
|---|---|
| DHS excedió su autoridad | La coalición afirma que el DHS no tiene autorización del Congreso para ampliar de esa forma el análisis de carga pública y convertir el uso de ciertos beneficios legales en un factor tan determinante para la residencia. |
| La norma es demasiado vaga | Según la querella, la regla elimina pautas significativas sobre qué pueden considerar los funcionarios al decidir si una persona es una “carga pública”, lo que abre la puerta a decisiones inconsistentes o arbitrarias. |
| Se aleja del sentido histórico de “carga pública” | Los demandantes afirman que el término se ha entendido históricamente como dependencia principal o sostenida de la asistencia gubernamental, y no como el uso temporal de programas a los que una persona tiene derecho. |
| DHS no justificó suficientemente el cambio | La demanda acusa a la agencia de actuar de forma “arbitraria y caprichosa” porque no habría explicado adecuadamente por qué abandonó el marco anterior ni respondió de manera suficiente a los efectos negativos previsibles. |
| Puede alejar a familias de ayudas básicas | Los estados y ciudades alertan que inmigrantes y familias de estatus mixto podrían dejar de solicitar o usar SNAP, Medicaid, cupones de vivienda u otros apoyos legales por temor a perjudicar una futura residencia. |
| Generaría costos para gobiernos locales | La coalición advierte que, si menos personas acceden a programas preventivos de alimentación y salud, estados y municipios enfrentarían mayores costos en emergencias, atención médica y servicios sociales. |
EN CONCLUSIÓN
Los demandantes piden que el tribunal declare ilegal la regla, la deje sin efecto y ordene a DHS y USCIS no aplicarla. La demanda, por sí sola, no suspende automáticamente la norma: para frenarla antes de su entrada en vigor, los demandantes deben obtener una orden judicial.
Por separado, una coalición de gobiernos locales también presentó otra demanda. Está encabezada por la ciudad de Nueva York e incluye a Chicago, San Francisco, el condado de Santa Clara (California), Seattle y el condado de King (Washington).
¿CUÁLES SON LOS ESTADOS QUE PARTICIPAN DE LA DEMANDA?
A la demanda se sumaron 22 estados, el Distrito de Columbia y el gobernador de Pensilvania. A continuación, precisamos cuáles son:
- California
- Colorado
- Connecticut
- Delaware
- Hawái
- Illinois
- Maine
- Maryland
- Massachusetts
- Michigan
- Minnesota
- Nevada
- Nueva Jersey
- Nuevo México
- Nueva York
- Oregón
- Pensilvania
- Rhode Island
