Muchos inmigrantes que reciben beneficios como SNAP o Medicaid y solicitan la residencia permanente podrían estar preocupados por la nueva regla de “carga pública”, que entrará en vigor el 18 de septiembre de 2026. Desde esa fecha, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) podrá considerar el uso de ciertos beneficios públicos sujetos a límites de ingresos como uno de varios factores al evaluar una solicitud de green card. La medida no significa que una ayuda determine por sí sola el resultado del caso, pero amplía los elementos que los funcionarios pueden evaluar. En esta nota te explicamos qué cambia y a quiénes puede afectar.
La política de “carga pública” permite evaluar si una persona probablemente dependerá principalmente del gobierno en el futuro. El primer gobierno de Donald Trump endureció las reglas en 2020; la administración de Joe Biden las reemplazó en 2022 con criterios más limitados. Ahora, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) derogó la regulación de 2022, por lo que USCIS aplicará un marco con mayor discreción desde el 18 de septiembre de 2026.
SNAP, la mayoría de las formas de Medicaid y algunas ayudas de vivienda podrán formar parte de la evaluación de “carga pública” (Foto: Imagen creada por Gestión MIX usando Gemini)
NUEVA REGLA DE CARGA PÚBLICA: CAMBIOS DESDE EL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
A partir del 18 de septiembre de 2026, los oficiales de inmigración pueden tomar en cuenta si has solicitado, recibido o sigues recibiendo beneficios públicos sujetos a prueba de ingresos (means‑tested) –como SNAP, la mayoría de las formas de Medicaid y algunas ayudas de vivienda– cuando analizan si puedes ser considerado “carga pública”. En otras palabras: la nueva regla hace que los beneficios públicos puedan contar como un punto negativo en la evaluación de tu residencia permanente, pero no provoca automáticamente que te la nieguen.
El abogado de inmigración Haim Vásquez dijo en N+ Univision que con la implementación de la nueva regla de “carga pública”, las ayudas económicas como Medicaid, Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF) y la Sección 8 (también conocida como el Programa de Vales de Elección de Vivienda) serán sometidas a evaluación. “En el caso de asilo y refugiados no entran como parte de la medida”, indicó.
“La evaluación será 100% subjetiva porque va a ser la evaluación de ese oficial la que determine si una persona es carga pública o no”, precisó el especialista.
El cambio elimina el marco más limitado que estaba vigente desde 2022 y permite considerar más tipos de asistencia pública dentro de la evaluación migratoria (Foto: Freepik)
SI UNA SOLICITUD FUE ENVIADA ANTES DEL 18 DE SEPTIEMBRE ¿CÓMO AFECTA LA REGLA DE CARGA PÚBLICA?
Las solicitudes de residencia permanente mediante el Formulario I-485 que fueron enviadas por correo o presentadas electrónicamente antes del 18 de septiembre de 2026 seguirán evaluándose bajo la regla de carga pública de 2022, incluso si USCIS toma la decisión después de esa fecha. Si ese es tu caso puedes estar tranquilo, ya que no pasan automáticamente al nuevo criterio más amplio.
Pero ¿qué regla se aplica?
Para los I-485 presentados desde el 23 de diciembre de 2022 y antes del 18 de septiembre de 2026, USCIS aplicará el estándar de 2022. Bajo ese marco, la agencia considera principalmente:
- Asistencia pública en efectivo para mantenimiento de ingresos, como SSI, TANF o ciertos programas estatales/locales similares.
- Institucionalización de largo plazo pagada por el gobierno.
En cambio, beneficios como SNAP, Medicaid que no sea para institucionalización de largo plazo, CHIP y asistencia de vivienda no se consideran como factores negativos bajo esa regla de 2022.
