Inversionistas acuícolas miran al Perú, pero optan por países vecinos: ¿qué los ahuyenta?

Con un adecuado marco legal, que tome en cuenta sus particularidades, y si se asume como un ‘desafío país’ el devolverle la competitividad al sector, los despachos acuícolas se multiplicarían por 5 en 10 años, comentó el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de Adex, José Ernesto Muñoz.

En ese sentido, agregó que impulsar esa actividad debe ser una política de Estado, pues solo así se logrará una industria competitiva que genere más empleo formal y descentralizado.

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En esa línea, Alfonso Miranda, presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la Sociedad Nacional de Industrias (SNI), señaló a gestion.pe que se requiere de una decisión de Estado la promoción de este sector. “En Perú se han dado marchas y contra marchas sobre las normas y políticas de promoción, dejando un desconcierto en el sector (...) La producción acuícola ya supera la de extracción y cada año se revaloriza más; y hay que tener en cuenta que en pesca, extracción de anchoveta y atún no se podrá crecer tanto, como con el sector acuícola”.

“Basta mirar a Chile o Ecuador, que tienen menos recursos en sus lagunas y ríos, para darse cuenta el potencial que tiene Perú para exportar estos recursos, como los langostinos, conchas de abanico, trucha, entre otras especies”, agregó.

Asimismo, dijo que las expectativas para este año son mejores, ya que recientemente se publicó el reglamento de la ley de Promoción y Fortalecimiento de la Acuicultura (N° 31666).

Con dicha ley se aprobaron beneficios tributarios para el sector: tasas reducidas de Impuesto a la Renta (IR), depreciación acelerada, recuperación anticipada del Impuesto General a las Ventas (IGV) y reintegro tributario.

Este top tres de productos, langostinos, conchas de abanico y trucha, en el 2022 sumaron los US$ 401 millones 470 mil; y en 10 años llegarían a los US$ 2,007 millones 350 mil, si se multiplica por 5.

De acuerdo con Adex, en el 2020, mientras Chile despachaba a los mercados internacionales productos acuícolas por US$ 4,146 millones y Ecuador por US$ 1,030 millones, Perú lo hizo por US$ 402 millones.

Para Muñoz, del gremio exportador, el problema es que en el Perú norman a los productores acuícolas como si fueran grandes empresas. “Las consideran grandes antes que nazcan. Se limitan y restringen las iniciativas antes de permitirles establecerse y generar una industria sólida. Este rubro recién está despegando a nivel nacional, produciendo apenas el 5% o 10% de nuestros vecinos como Chile y Ecuador”.

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¿Por qué no se quedan los inversionistas acuícolas?

Muñoz explicó que las compañías dispuestas a invertir en ese rubro se encuentran con barreras demasiado altas, entre ellas, un régimen tributario inadecuado, leyes laborales no acordes con la realidad y niveles de fiscalización altísimos que dificultan el trabajo productivo de las compañías.

“No tenemos miedo a la fiscalización, pues cumplimos con todos los requisitos establecidos; sin embargo, la sobrefiscalización nos lleva a ineficiencias, se pierde tiempo al estar sometidos a procesos y revisiones permanentes de varias autoridades que finalmente fiscalizan lo mismo”, aclaró durante el conversatorio ‘La legislación peruana como ventana de oportunidades para el comercio exterior’, realizado en el Congreso de la República.

Respecto al tema laboral, los trabajadores de la acuicultura –añadió– se encuentran en el régimen laboral general a pesar de tratarse de una actividad estacional y con características distintas.

A las barreras mencionadas, se suma otro problema, menciona el presidente del Comité de Pesca y Acuicultura de la SNI: la inseguridad física.

“En febrero hubo un atentado en Puno por un grupo de manifestantes contra la compañía acuícola Piscis, donde se generó un daño ecológico al liberar toneladas de truchas al lago Titicaca; y no ha habido un pronunciamiento del Estado, eso hace que no hayan garantías. Por eso, los inversionistas prefieren a Chile o Ecuador. Nadie va a venir a invertir si se pone en riesgo las instalaciones, trabajadores y sus grajas. He tenido noticias de decenas de empresas que han preferido a otros países, antes que el Perú, para invertir”, indicó.

“No basta con sacar normas, se requiere un Estado fuerte y un acompañamiento de Sanipes para ver el ingreso de productos peruanos a nuevos mercados”, resaltó Miranda.

En busca de normas con sustento técnico

Muñoz recordó que la acuicultura fue considerada dentro de la Ley de Promoción Agraria N° 27360 (año 2019), sin embargo, al ser derogada un año después, los beneficios quedaron nulos y el impulso al desarrollo de esta actividad se interrumpió.

Por ello, expresó su disposición para reunirse con las distintas comisiones del Congreso de la República y aportar, en base a la experiencia, en la elaboración de normas con sustento técnico que beneficien a la población. “Todos queremos más empleos formales, trabajos dignos con remuneraciones justas, generar inversiones en zonas aisladas y mayor recaudación fiscal por aumento de la base tributaria”.

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