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En la reforma integral del sector saneamiento que está impulsando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la modificación planteada en la regulación de tarifas de agua potable es solo una de siete medidas que apuntan a ese objetivo.
Así lo informó en entrevista a Gestión la titular del MVCS, Hania Pérez de Cuellar, en la que dio a conocer las diversas medidas que alista ese sector para poder, progresivamente ir cerrando el déficit de inversiones en el sector saneamiento.
Antecedentes
En las últimas semanas, la discusión sobre la anunciada reforma se ha concentrado en el aspecto regulatorio, donde la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) ha objetado que el MVCS plantee modificar el Decreto Legislativo 1280, Ley Marco de Servicios de Saneamiento.
El regulador ha advertido que ello implicaría una injerencia en sus funciones, en particular por lo referido a la fijación de tarifas de agua potable, pues el cambio que se propone podría llevar a que el ministerio aplique ajustes que no necesariamente se reflejen en mejoras en el servicio.
La ministra Pérez de Cuellar subrayó que todo el sistema (de administración de los servicios de saneamiento), incluido el tarifario, ha fracasado, pues son 3.4 millones de peruanos que no tienen acceso al agua, y un 23% no cuentan con sistemas de alcantarillado.
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Empresas quebradas
La titular del MVCS refirió que la mayor parte de las empresas prestadoras del servicio de saneamiento (EPS) están quebradas, y no se avanza en el cierre de brechas en estos servicios (que estimó hoy en S/53,000 millones a nivel nacional, y de S/100,000 millones proyectado al 2030).
En tal sentido, subrayó que no es solo Sunass, sino unas diez entidades -entre las que citó al MVCS, Autoridad Nacional del Agua (ANA), EPS, los gobiernos subnacionales, el MEF, etcétera-, donde hay un problema de gobernanza entre esos actores (con miras a buscar el cierre de esas brechas), y que así lo han observado también el Banco Mundial y la OCDE.
En esa línea, insistió que uno de los problemas que esperan resolver está vinculado a los ajustes en el precio regulado del servicio pues -a su consideración- son insuficientes y que (con la modificación al Decreto Legislativo 1280) buscan que, a través de Sunass, las tarifas contribuyan a cerrar las referidas brechas.
¿Qué problema hay con las actuales tarifas?
La ministra indicó que, actualmente, los niveles tarifarios no son suficientes porque no cubren las operaciones de las EPS ni el mantenimiento de la infraestructura que administran, dando a entender que el cambio normativo busca que sus costos también los asuman las tarifas.
Además, indicó que dicha infraestructura (de agua y desagüe) es construida con recursos del sector, en transferencias a los gobiernos subnacionales (para obras de saneamiento) por S/4,000 millones al año.
Precisamente Pérez de Cuéllar comentó que parte de la discusión (a nivel de Gobierno) es si es necesario que el Poder Ejecutivo siga subsidiando la infraestructura. Aunque, por ahora, considera que es necesario seguir haciéndolo (hasta que se pueda cubrir la falta de inversiones para ejecutar obras).
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Precisó que el cambio en el esquema tarifario vía cambios al Decreto Legislativo 1280 no busca que su ministerio sea el que fije las tarifas, sino que éste establezca los lineamientos, es decir sus objetivos para el cierre de brechas.
Será el organismo regulador el que, en cumplimiento de dichos lineamientos, tendrá que seguir sus propios procedimientos para establecer los ajustes tarifarios necesarios (para cumplir las metas del Gobierno), según indicó la ministra Pérez de Cuellar.
Inequidad en los precios
Pérez de Cuéllar refirió que se necesita, por parte de Sunass, cerrar el problema de equidad en la aplicación del subsidio cruzado focalizado, vigente desde el 2017 y por el cual el mayor pago de parte de usuarios de mayor nivel socioeconómico (NSE) y consumo, debe subsidiar el menor pago de usuarios de menor NSE.
Sin embargo, detalló que la inequidad se da porque, por ejemplo, (en Lima y Callao) los usuarios de mayor NSE pagan solo entre S/0.10 a S/0.20 al mes más que los de menor NSE, pero ni aún con ese mayor pago, se llega a cubrir los costos de operación de Sedapal.
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Precisó que hoy la tarifa de Sedapal (incluyendo agua y desagüe) es de S/4.36 por metro cúbico (m3) de agua potable, y que la actual estructura tarifaria es de tal forma que solo el pago de quien consuma desde 61 m3 a más al mes, podría cubrir el costo de operación de la empresa.
El problema, anotó, es que el 80% de la población (en la capital) consume entre 1 a 20 m3 al mes, “es decir prácticamente nadie paga el costo (real) del servicio en Lima”.
Plantean rebalanceo tarifario
Ante esa situación, explicó que han propuesto al regulador un “rebalanceo” tarifario que permita el referido cierre de déficit en la inversión que requiere el servicio, es decir un alza de precios a los consumidores de mayor NSE que permita reconocer los costos del servicio.
En ese “rebalanceo” según indicó, se pasaría a tener un subsidio focalizado del consumo de agua de aquellas familias (de menor NSE) que no tienen capacidad de pago.
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No obstante, la ministra también reconoció que solo con ajustes en las tarifas no se va a lograr el objetivo del sector de lograr mayores inversiones en el rubro, pues “si pretendemos cerrar la brecha, tendríamos que multiplicar por 100 las tarifas, y eso no lo estamos planteando”.
“Lo que necesitamos es sincerar todo el esquema tarifario, todo el tema de financiamiento, y decir cuánto realmente aporta la tarifa, y cuánto necesitamos subsidiar”, acotó.
Otras formas de financiamiento
Por la razón antes expuesta, indicó Pérez de Cuéllar, que la reforma del Decreto Legislativo 1280 (que aún se discute a nivel de Consejo de Viceministros) también busca otras formas de financiamiento para las empresas del sector.
Entre estas, mencionó, una propuesta es promover la asociatividad entre las actuales EPS a fin de que conformen grandes empresas, por ejemplo de alcance regional, de forma que puedan aplicar economías de escala y mejorar eficiencias, asociatividad que la mencionada normativa actualmente no permite.
Refirió que el debate pasa también en cómo hacer para que las EPS sigan funcionando como empresas públicas, pero en forma eficiente, con un buen gobierno corporativo, e insistió en que no buscan su privatización.
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Medidas adicionales
La titular del MVCS refirió que otra medida que buscan en el marco de la delegación de facultades para reformar al sistema de saneamiento, y que diseñan con el MEF, es un instrumento financiero, un fideicomiso que permita capturar nuevas fuentes de financiamiento para las EPS.
Consideró que, a nivel interno, otra disposición que elaboran es reformar los procesos de selección de los contratistas, mejorar la elaboración de los expedientes técnicos de forma que se pueda hacer inversiones en forma eficiente y que permita culminar las obras, y además incluyan su operación y mantenimiento, lo que hoy no sucede.
Otras medidas, anotó, lo constituyen el Plan Nacional de Saneamiento, la Política Multisectorial para el agua y saneamiento, donde se asigna una cuota de responsabilidad a cada actor involucrado en este tema, así como una plataforma de acción que involucra la cooperación internacional, la academia, el sector privado, y entes competentes, que den aportes a los objetivos del sector en esta materia.
La ministra indicó que estas seis medidas esperan tenerlas aprobadas antes de concluir el presente año, y a lo que se sumará la ley que discute el Congreso, a iniciativa del Ejecutivo, como es la ley de Acceso Universal al Agua.
Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.
