Las concesiones forestales han dado oportunidades de trabajo a comunidades locales de Guatemala, mientras en Perú estos instrumentos no han funcionado en la mayoría de los casos por una serie de limitaciones.
Las últimas evaluaciones de ese tipo de contratos en ambos países reflejan trayectorias diversas, según el análisis que realizó hoy el experto de la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Marco Boscolo, en un acto en Roma.
Las concesiones son acuerdos para la asignación temporal de los recursos forestales por parte de su propietario legal (más del 70% de los bosques tropicales son del Estado) a otros socios como empresas, comunidades y organizaciones.
En Guatemala, a raíz de los acuerdos de paz que pusieron fin a décadas de conflicto en 1996, se fomentó la vuelta de los desplazados a las zonas rurales con la entrega de concesiones, utilizadas también para conservar la selva.
En el norte del país, uno de los pocos en los que las comunidades pueden lograr permisos diferentes a los de la industria, existen concesiones comunitarias para más de medio millón de hectáreas de los 2.1 millones que tiene la reserva de la biosfera maya.
Allí ese sistema está activo en más del 90% de los casos, los contratos duran 25 años y son renovables, con inspecciones anuales y certificación obligatoria.
En este tiempo los niveles de deforestación han caído por debajo de los de otras zonas protegidas y sus habitantes se han beneficiado de "numerosos empleos, aunque sin tantos ingresos", con la producción de madera, nueces, pimientos, miel y otros frutos, así como del ecoturismo, detalló Boscolo.
"La clave ha estado en la organización de las comunidades", que se han unido y formado asociaciones con personalidad jurídica, indicó el viceministro de Ambiente de Guatemala, Magner Estrada, que reconoció que "el modelo todavía no puede valerse por sí mismo" y sigue necesitando el apoyo externo.
El responsable aseveró que las asociaciones siguen esforzándose por diversificarse y aumentar su capacidad técnica y de procesamiento de la madera, cuya certificación ayuda a evitar incendios, la tala ilegal y nuevos asentamientos.
En Perú las concesiones forestales ocupan más de 9 millones de hectáreas, si bien reina la disparidad, ya que la mayoría de los más de 600 contratos firmados están inactivos y, entre el resto, algunos funcionan "muy bien", según Boscolo.
El técnico de la FAO recomendó al país sudamericano garantizar los derechos de tenencia de los bosques, debido a que en muchas zonas ese proceso no se ha completado y han crecido las actividades ilegales y de deforestación.
También llamó la atención sobre la necesidad de considerar las dimensiones ambiental y social en las concesiones, ya que muchas empresas inicialmente se hicieron con ellas sin tener los conocimientos ni la capacidad requerida.
La FAO presentó este año unas directrices voluntarias para promover la gestión sostenible de los bosques naturales públicos en países tropicales a través de las concesiones forestales, que son el primer paso en la cadena de valor de productos como la madera.