El Defensor del Pueblo, Josué Gutiérrez, reveló a Gestión los hallazgos y conclusiones de la investigación que inició esa entidad a mediados del año pasado respecto al contrato entre Rutas de Lima y la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML), por la concesión en la operación y mantenimiento de la carretera Panamericana y la autopista Ramiro Prialé.
Para Rutas de Lima, el análisis de la Defensoría del Pueblo estaría “plagado de errores e imprecisiones”. La empresa argumentó que la entidad carecería de competencia para supervisar, fiscalizar o interpretar el contrato. ¿Qué se argumenta en el informe?
El análisis
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, encontraron no solo responsabilidad en las autoridades municipales (encabezadas por la entonces alcaldesa Susana Villarán) que participaron en la modificación, vía adenda, al contrato del citado consorcio, sino -en presunta omisión de funciones- en autoridades del Poder Ejecutivo.
El acuerdo contractual entre la comuna y Rutas de Lima se firmó el 2013, y la adenda al mismo, se firmó el 2014. En las últimas semanas, las tensiones entre la actual administración de la MML y Rutas de Lima volvió a la palestra, tras el anuncio de incremento de peajes en las casetas ubicadas en la Panamericana, de S/6.50 en que se mantuvo desde febrero del 2022, a S/7.50 a partir de este mes. Posteriormente, el Tribunal Constitucional dispuso la suspensión del cobro de peaje en la caseta de esa empresa en Puente Piedra.
El Defensor explicó a este diario que, si bien la administración del alcalde Rafael López Aliaga intento rescindir el contrato amparado en el artículo 17.7 del mismo, bajo el argumento de que se afectaba el interés público, lo que debió proceder es la nulidad de ese acuerdo contractual, en consideración de Gutiérrez.
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Recordó que ya hay una medida cautelar de un Tribunal Arbitral Internacional que dispuso suspender el acto de rescisión del contrato que dispuso la comuna limeña, mientras se resuelve el tema de fondo, lo cual podría demorar uno o cinco años en resolverse.
Sin embargo, en su criterio, lo que debió proceder es que la MML, la Procuraduría Pública de la Nación, o la Procuraduría Anticorrupción, entablaran una demanda de anulabilidad del contrato de concesión, en defensa del Estado, porque su adenda y el contrato en sí mismo socavan -comentó- la normativa vigente y generaron una afectación económica al Estado.
¿Qué normas incumplió la adenda?
Gutiérrez indicó que en su investigación se encontró que por la adenda que aceptó suscribir la entonces alcaldesa Villarán, el contrato cambió en su condición de autosostenible (donde toda la inversión recaía en el concesionario) a la de cofinanciada (con participación del Estado).
Esto, debido a que, como la MML no entregó las denominadas obras de puesta a punto a la empresa (lo que implicaba realizar diversas obras de infraestructura vial en el área de la concesión). En la adenda, el municipio le adelantó la sesión del cobro de peajes (que antes manejaba la Empresa Municipal de Apoyo a Proyectos Estratégicos, Emape), al concesionario.
Puesta a punto se transfirió al concesionario
La comuna aceptó en esa adenda pagar a Rutas de Lima US$240 millones (que eran utilidades de Emape) para que la compañía pudiera culminar las obras de puesta a punto, expresa el Defensor como parte de lo que se expone en su análisis. Aunque ese monto, refiere, también incluyó supuestas obras no previstas en el expediente técnico, que reclamó se incorporen la empresa.
El problema en esta parte, refiere el Defensor, es que el municipio no pudo concluir las obras de puesta a punto, porque el cobro del peaje que hacía Emape, y que le pudo ayudar a solventar ese gasto, fue transferido a Rutas de Lima, a los 33 días de iniciada su concesión.
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Sin opinión del MEF
En tal situación, donde el municipio habría realizado pagos directos al concesionario, de sus recursos propios (ya sin ingresos por peaje) y considerados en la adenda como una “compensación”, fue que el contrato cambió de su condición original de autosostenible, a cofinanciado, “por lo cual considera que se desnaturalizó el acuerdo primigenio”.
El problema con esto, remarcó Gutiérrez, es que, según la legislación vigente, la aprobación de todo contrato que implique un cofinanciamiento de parte del Estado (en este caso de la MML), debe contar, previamente, con opinión favorable del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Esto último, detalló, es una exigencia de la Ley de Promoción de la Inversión Público – Privada (APP), que regula los contratos entre el Estado y el sector privado.
¿Vulneraron normativa de APP?
Sin embargo, refiere que el MEF no fue consultado por el municipio sobre tal cambio (ni el mismo fue, al parecer, advertido por la Procuraduría, por lo que considera que se vulneró la citada ley y se generó una afectación económica al Estado.
El Defensor concluyó que, si bien la Procuraduría Pública de la Nación no habría reaccionado al detectar ese incumplimiento a la legislación en APP, esa instancia pública podría declarar la nulidad del contrato con Rutas de Lima.
Al respecto, Gestión consultó al área de prensa del MEF sobre estas declaraciones del Defensor, y si podrían hacer algún descargo del tema, aunque hasta el cierre de este reporte, no se obtuvo respuesta.
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Se incumplió ley en Puente Piedra
Otra norma que se incumplió en este contrato, refiere Gutiérrez sobre su informe, es la Ley N° 15773, que establece que slo se puede instalar casetas para el cobro de peajes, únicamente en los casos que, de manera previa, existan ya vías alternas a la carretera en que se aplicará tal cobranza.
En tal sentido, indicó que esa ley se ha incumplido en el caso de la caseta instalada en el peaje Chillón, en Puente Piedra, pues el cobro en ese lugar ya lo realizaba Emape, desde antes que lo asumiera Rutas de Lima.
Se redondeó en perjuicio de usuarios
Adicionalmente, esta concesión, anoto la autoridad, estaría incumpliendo el Código de Defensa del Consumidor, por cuanto éste indica que todo cobro por redondeo se debe aplicar en favor del usuario, pero en el caso de los peajes de la citada concesionaria, se cobra más bien en contra del usuario.
Indicó que la Defensoría ha detectado un perjuicio acumulado a los usuarios, de más de S/20 millones por el redondeo en favor de la empresa.
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Peaje debería bajar
Por estas razones, el Defensor refirió que esa entidad ha estimado que ya los usuarios, en general, han pagado más de S/500 millones en el fideicomiso (al cual va el cobro de peajes) y que, de alguna forma, ya la compensación que debía la MML está pagada a la empresa.
En tal sentido, concluyó en que, en vez de anunciarse un incremento de S/6.50 a S/7.50 en los peajes de la citada compañía, más bien lo que correspondería es un pago aún inferior a los S/3.00, acorde a los cálculos de la Defensoría.
Pero, si no hay cambios en el contrato, o si éste se mantiene, Gutiérrez refirió que la Defensoría del Pueblo ha proyectado que, al año 2046 que (vía adenda) se extendió el contrato al consorcio, los usuarios estarían pagando un total de S/6,297 millones en exceso.
Ese monto, indicó, corresponde a la afectación por los pactos de “compensación” que en su momento suscribiera la comuna con la empresa.
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Rutas de Lima responde
n un comunicado, Rutas de Lima replicó al informe que presentó la Defensoría ante el Congreso, señalando que el mismo estaría plagado de errores e imprecisiones.
“La Defensoría se equivoca en cuanto a la existencia de rutas alternas en el tramo norte del proyecto (que sí existen), la situación de la autopista Ramiro Prialé, la sostenibilidad de la concesión, y las actualizaciones tarifarias, entre otros”, citó.
Acusó a la citada entidad pública de participar activamente en una campaña de hostigamiento sistemático desplegada contra esa compañía, “mediante la emisión de informes tendenciosos e infundados, así como interviniendo en procesos promovidos por la MML, e inclusive promoviendo directamente una demanda de amparo que impugna el contrato de concesión”.
La empresa argumentó que la Defensoría carecería de competencia para supervisar, fiscalizar o interpretar el contrato, y que pasa por alto, al igual que la MML, la existencia de laudos internacionales que confirman la licitud y validez de ese acuerdo.
Estas acciones de la Defensoría, concluye, socavarían el marco jurídico del sistema de concesiones en el país y comprometerían la credibilidad del Perú como destino seguro para la inversión extranjera.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP.
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