La supervisión de las compras estatales enfrenta una revisión institucional, según el Decreto Supremo N° 256-2026-EF. En detalle, el Gobierno de Perú declaró en reorganización al Organismo Especializado para las Contrataciones Públicas Eficientes (OECE).
Esto ocurrió luego de que se reportaran debilidades en su capacidad para supervisar el cumplimiento de las normas, brindar asistencia técnica y ejercer su potestad sancionadora.
Cabe resaltar que el decreto no dispone la paralización de las contrataciones públicas.
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Los hallazgos
Fue la misma Presidencia Ejecutiva del OECE quien informó al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sobre las limitaciones detectadas en la institución.
Las áreas que requieren “lupa” son la prestación de asistencia técnica y orientación, la certificación de los responsables de las áreas involucradas en las contrataciones públicas y la gestión de los registros a cargo del organismo.
También se identificaron debilidades en la supervisión del cumplimiento de la normativa de contratación pública y en el ejercicio de la consecuente potestad sancionadora.
A partir de este diagnóstico preliminar, la entidad consideró necesario evaluar integralmente su situación: “[Se] considera necesario evaluar integralmente la situación organizacional, administrativa y de gestión, a fin de identificar la problemática bajo una metodología objetiva y proponer las acciones y medidas de reforma y mejora que correspondan, con su respectiva ruta de implementación, orientadas a mejorar su funcionamiento y fortalecer el cumplimiento de sus funciones”, se pudo leer.
La disposición establece un plazo de hasta 90 días calendario para ello y, cabe decir, la implementación de la reorganización se financiará con cargo al presupuesto institucional del propio OECE, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.
“Las medidas de reforma y mejora propuestas en el informe de diagnóstico y Plan de trabajo se implementan de forma progresiva con sujeción a los requisitos, procedimientos e instrumentos establecidos en la normativa aplicable”, se concluye.
¿Perú hará más eficientes las contrataciones públicas para la ejecución de proyectos? (Foto: Andina)