Derechos en sala de espera: la ambigüedad legal que deja en tierra al pasajero aéreo

Por Patricio Ismael Velarde Villegas, estudiante de Derecho de la Universidad del Pacífico.

“Un vuelo cancelado no solo retrasa un viaje: pone a prueba los límites de nuestros derechos como pasajeros.”

La escena es conocida: pantallas que cambian de “on time” a “delayed”, filas interminables y respuestas ambiguas. La frustración es inmediata, pero el problema es más profundo. No se trata, como suele pensarse, de la mala fe de las aerolíneas, sino de un marco legal que deja demasiado espacio a la interpretación.

En el Perú existen reglas. Ante cancelaciones, los pasajeros pueden acceder a asistencia o compensaciones. En el papel, el sistema parece adecuado. En la práctica, muchos terminan aceptando soluciones parciales o reprogramaciones tardías, más por desgaste que por conformidad.

El origen de esta brecha está en la fragmentación normativa internacional. Instrumentos como el Convenio de Montreal de 1999 permiten a las aerolíneas exonerarse de responsabilidad si demuestran haber tomado “medidas razonables”. El problema es evidente: ¿quién define qué es razonable en una industria atravesada por múltiples variables?

Esa ambigüedad no es menor. Es lo que convierte una demora en una negociación desigual y, muchas veces, en noches enteras dentro de un aeropuerto.

Reconocer la complejidad operativa del sector es necesario. Pero también lo es evitar que esa complejidad se traduzca en peligrosas fisuras legales. En este punto, la experiencia internacional ofrece una ruta clara: la Unión Europea estableció compensaciones estandarizadas que reducen la discrecionalidad y dan predictibilidad tanto a pasajeros como a aerolíneas.

El desafío para nuestro mercado no es sobrerregular, sino cerrar las zonas grises. Exigir estándares más precisos no es ir contra la industria aérea. Es una apuesta por la seguridad jurídica, garantizando que la experiencia de volar siga siendo sinónimo de progreso, dignidad y confianza compartida.