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Durante la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en Palacio de Justicia, los presidentes de las cortes de Ayacucho, Puno, Apurímac y Huancavelica reportaron daños ocasionados a sus sedes judiciales producto de las manifestaciones en dichas localidades.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, y los titulares de las cortes superiores de las mencionadas provincias, reportaron ante la delegación de observadores los daños en la infraestructura y destrucción de expedientes en las sedes.
“Esto es un atentado al Poder Judicial, es un atentado a este poder del Estado que ha tratado de estar a la altura de las circunstancias en esta crisis política que vive el país”, señaló Arévalo Vela.
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A raíz de esta situación, se tomó la decisión de que jueces, juezas y trabajadores realicen labores mediante el trabajo remoto y suspendan los plazos procesales.
“Estas medidas administrativas van a perjudicar al usuario de justicia porque se paralizan los juicios, la justicia va a demorar, y justicia que demora incentiva al reclamo”, indicó.
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Reporte
Por su parte, el presidente de la Corte de Ayacucho, Juan Ortiz Arévalo, informó que en diciembre del 2022 los protestantes quemaron el Módulo Básico de Justicia y el Módulo Penal de Huanta.
En tanto, en el distrito Judicial de Puno, el juez Juan Ticona Ura contó que su sede central fue atacada e incendiaron el local de El Collao-llave.
En Apurímac, de acuerdo al presidente de la Corte, el caso más grave se registró cuando colocaron un explosivo e incendiaron la sede del local central. También fueron atacadas la sede de Chincheros y otros Módulos.
“Actualmente, la ciudad de Andahuaylas (Apurímac) está prácticamente tomada, la Policía no sale, no presta ningún resguardo, ellos dicen que están cuidando su armamento, no puede salir el Ejército porque tienen poco personal; y los magistrados y personas que viven ahí no tienen ninguna garantía”, añadió.
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El presidente de la Corte de Huancavelica, René Espinoza Avendaño, informó que el primer piso de la sede central y el local de los Chancas fueron incendiados en diciembre; y en enero también se quemó la sede de Lircay- Angaraes.
“Han quemado equipos, expedientes, muebles. Las consecuencias afectaron la labor jurisdiccional, además, de la afectación psicológica de jueces y personal. El personal policial no tienen efectivos suficientes y no nos brinda resguardo”, añadió.
