El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo Vela, y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se encuentran en fuego cruzado por el funcionamiento de las Unidades de Flagrancia.
Ayer, en entrevista con Canal N, el titular de la Corte Suprema acusó a dicho organismo de obstruir y “petardear” el funcionamiento de las Unidades de Flagrancia.
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Esto, a raíz de una investigación que presuntamente le abrió la JNJ por presuntamente haber solicitado un terreno al alcalde de Chancay, Juan Álvarez Andrade, para la construcción de un módulo judicial.
“Nosotros visitamos al alcalde con los jefes policiales y autoridades porque el burgomaestre, de acuerdo a la ley, puede proporcionar terrenos y el pedido es crear una unidad de flagrancia, en Chancay”, aseveró, tras negar cualquier intención inapropiada en su solicitud.
“Este hecho ha sido denunciado como que se habría reunido con un propósito nefasto, ni siquiera se ha hecho la donación al Poder Judicial y a mi persona”, agregó Arévalo.
Ante esta situación, expresó su preocupación por lo que, a su juicio, sería una conspiración en su contra para evitar que forme parte de la comisión especial encargada de elegir a los nuevos miembros de la JNJ.
La respuesta de la JNJ
La respuesta de la JNJ no se hizo esperar. A través de un comunicado, el organismo que preside Antonio de la Haza precisó que no se ha abierto ninguna investigación preliminar en contra de Arévalo en relación a la supuesta donación de un terreno por parte de la Municipalidad de Chancay.
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“Lo que existe es una denuncia presentada por el Frente de Defensa por la Dignidad y Libertad del distrito de Chancay por una supuesta violación al artículo 40 de la Ley de la Carrera Judicial, que prohíbe a los jueces recibir donaciones, obsequios, atenciones y agasajos de cualquier persona o institución nacional o internacional que tengan juicios en trámite, como sería el caso del burgomaestre de Chancay, quien, según los denunciantes, tendría ocho casos abiertos por peculado y colusión agravada”, indicaron.
En ese sentido, señalaron que dicha denuncia ha cumplido con los requisitos legales establecidos y se encuentra en una fase de recopilación de información por parte de un miembro instructor de la JNJ, quien deberá determinar si propone desestimar o iniciar una investigación preliminar en contra del juez supremo.
No obstante, remarcaron que para que se ponga este tema en agenda del pleno de la institución se requiere un quórum de cinco miembros, requisito que, no se cumpliría en este momento porque uno de los integrantes de la JNJ tiene abstención respecto de cualquier caso que se vea en contra de Arévalo.
“Afirmaciones que no se ajustan a la verdad, como que se está petardeando las unidades de flagrancia, o elucubraciones, en el sentido de que se pretende sacar al presidente de la Corte Suprema de la comisión de selección de nuevos miembros de la JNJ, no son lo que se espera de funcionarios que no están exentos del control funcional”, cuestionó la JNJ en su comunicado.
Finalmente, dicho organismo invocó a las altas autoridades del sistema de justicia que realicen “una actuación pública responsable, prudente y compatible con la investidura que ejercen”, en alusión a Arévalo.
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