El uso de la fuerza, incluso letal, para defenderse de una agresión cuenta ahora con nuevas garantías legales en el Perú. Una modificación al Código Penal establece que se presume que quien ejerce la legítima defensa actuó de manera racional, por lo que corresponde al Ministerio Público demostrar lo contrario. El cambio busca evitar que los ciudadanos que reaccionan frente a una situación de peligro terminen afrontando investigaciones y procesos penales sin que se evalúen adecuadamente las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.
¿Qué cambia para quien se defiende?
Uno de los principales cambios es la incorporación de una presunción de racionalidad en favor de quien ejerce la legítima defensa. Esto significa que ya no se parte de exigirle que demuestre inicialmente que su reacción fue racional, sino que corresponde al Ministerio Público acreditar lo contrario.
El abogado penalista Julio Rodríguez considera que esta modificación corrige una situación que colocaba en una posición desfavorable a los ciudadanos que se defendían de una agresión.
“En la práctica, los ciudadanos estaban casi casi maniatados. No podían ejercer legítima defensa porque inmediatamente eran procesados, eran detenidos”, sostuvo.
El especialista considera acertado que ahora corresponda al fiscal demostrar que no existió racionalidad en la reacción. Como ejemplo, señaló que una persona podría utilizar un arma de fuego para repeler una agresión de alguien que porta un cuchillo y que esa diferencia entre los medios empleados no determina, por sí sola, que haya actuado irracionalmente.
Esto responde a otro cambio de la norma: se excluye el criterio de proporcionalidad de medios para evaluar la necesidad racional. En su lugar, deben considerarse, entre otras circunstancias, la intensidad y peligrosidad de la agresión, la forma de proceder del agresor, los medios disponibles para defenderse y los bienes jurídicos que se busca proteger. Además, la evaluación debe realizarse desde la perspectiva de quien se defiende y considerando las circunstancias existentes al momento de la agresión.
El archivo de investigaciones fiscales
La reforma también incorpora una modificación al artículo 334 del Código Procesal Penal. Esta establece que, en los casos donde se investigue una posible actuación en legítima defensa, el fiscal deberá emitir un pronunciamiento definitivo y, si advierte que concurren conjuntamente los requisitos legales, declarar que no corresponde formalizar ni continuar con la investigación preparatoria y ordenar el archivo de lo actuado.
Rodríguez destacó el alcance de esta disposición y sostuvo que, cuando se cumplen las exigencias de la legítima defensa, corresponde archivar la investigación. “Eso no constituye delito, ipso facto tiene que archivarse en la investigación”, afirmó.
Abogados penalistas analizaron los cambios en la legítima defensa y los desafíos que tendrá su aplicación en el país. Foto: Composición Gestión/ChatGPT.
Para el abogado penalista Carlos Caro Coria, esta posibilidad podría convertirse en uno de los cambios más importantes en la práctica, debido a que permitiría evitar que una persona que se defendió tenga que afrontar años de proceso penal.
Sin embargo, el especialista advierte que la presunción de racionalidad podría tener una eficacia limitada en la práctica. “La presunción tendrá poca eficacia, porque el control judicial penal es ajeno a presunciones”, advirtió.
- LEA TAMBIÉN: Keiko Fujimori aseguró que crímenes diarios bajaron de 7.5 a 6.5 en sus primeros 100 días de gestión
Caro Coria también precisa que la reforma no elimina los demás requisitos de la legítima defensa. La presunción alcanza la racionalidad del medio empleado, pero no reemplaza la necesidad de que exista una agresión actual, ilegítima y real, ni la exigencia de que no haya mediado provocación suficiente.
“Lo que sí puede cambiar la práctica es el archivo temprano, que ahorra años de proceso a quien se defendió“, señaló.
Los riesgos de una aplicación excesiva
Desde otra perspectiva, Jonathan Correa, abogado penalista del estudio Ugaz Zegarra, advierte que la modificación también plantea riesgos si la presunción se utiliza para intentar justificar agresiones que no constituyeron verdaderos actos de defensa.
“Existe el riesgo de que esta presunción abra paso a situaciones donde el uso de la fuerza letal intente camuflarse como una conducta respaldada por el Estado”, sostuvo.
El abogado explicó que la presunción puede desvirtuarse mediante pruebas que demuestren que la persona no se estaba defendiendo, sino que fue quien inició la agresión o actuó con ensañamiento, venganza o crueldad excesiva. Entre los elementos probatorios que podrían evaluarse mencionó videos, testimonios, documentos y pericias.
Correa también considera importante que se tome en cuenta el miedo y el estrés que puede experimentar una persona al enfrentar una situación de peligro y tener que reaccionar en cuestión de segundos.
“Ante una situación de peligro, es común que una persona no pueda medir con precisión quirúrgica la fuerza empleada ni la inmediatez de su reacción”, explicó.
No obstante, advirtió que la aplicación de la reforma exigirá un análisis riguroso por parte de fiscales y jueces. Los elementos que rodean cada hecho, como el contexto en que se produjo la agresión y los testimonios disponibles, serán relevantes para determinar si existió legítima defensa o si se trató de una conducta violenta injustificada.
El especialista considera que los alcances de esta modificación se irán precisando mediante las resoluciones judiciales y la jurisprudencia que se desarrolle a partir de su aplicación.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, con especialidad en Periodismo, por la Universidad Tecnológica del Perú, con más de 12 años de experiencia en medios de comunicación. Actualmente escribo sobre política, economía y actualidad.