Ex ministra de Trabajo y Promoción del Empleo
El Congreso de la República ha renovado sus cuadros de comisiones y la presidencia de la Comisión de Trabajo ha recaído en un representante del Bloque Magisterial (Pasión Dávila), luego de haber estado en manos de miembros de Juntos por el Perú (Sigrid Bazán e Isabel Cortéz), ambos ex aliados del ex partido oficialista, Perú Libre. Lamentablemente, la posibilidad de un cambio de tendencia regulatoria es muy remota. En los últimos años, se aprobaron normas que hicieron más costosa la contratación y más difícil la formalidad. Hoy la regulación alcanza sólo a 1 de cada 5 trabajadores.
Es ampliamente conocido que en el Perú el 99% de las unidades económicas son micro y pequeñas empresas (Mypes) y cerca del 80% son informales y poco productivas. Sin embargo, prácticamente toda la regulación laboral que aprueba el Congreso continúa enfocándose en los problemas de trabajadores y sindicatos de la mediana y gran empresa formal, sin considerar a los más de 13.4 millones de peruanos que no tienen ningún beneficio laboral y que son excluidos de la formalidad, especialmente, los más jóvenes.
En junio pasado, el Congreso aprobó dos nuevos feriados: 7 de junio y 23 de julio. Con esta decisión, el Perú pasó a ser uno de los 4 países con mayores feriados no laborables en la región. Como lo han señalado varios especialistas, esto afectará la productividad, el crecimiento, el empleo formal y, a la larga, los ingresos de los trabajadores.
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Otro ejemplo es la norma aprobada en la Comisión que amplía la cobertura de Essalud a los hijos solteros mayores de edad que realizan estudios de formación profesional o técnica, hasta los 28 años. Es decir, con un solo aporte a Essalud se beneficiarían, además del titular, su cónyuge, los hijos menores y, ahora, los hijos mayores que estudian una carrera técnica o universitaria. ¿Acaso se desconoce la actual situación de Essalud? ¿Han hecho un estudio actuarial?¿No conocen la situación de precariedad de los servicios? ¿Cómo agregar más pacientes, cuando las citas no bajan de 3 a 6 meses? Sumar afiliados sin ver el impacto sobre la atención a los actuales pacientes será empeorar la situación.
Otro ejemplo fue el proyecto de ley del “año sabático” que proponía que, al séptimo año, el trabajador formal pueda solicitar tomar 365 días libres y poder reincorporarse concluido éste. Esto implicaría alejarse de su puesto por un año y que el empleador evalúe aceptar su reincorporación luego del “año sabático”. ¿Merece este tema ser materia de una regulación? ¿cuál es el sustento? ¿Acaso no funciona ya el libre acuerdo de partes? ¿En cuánto ayuda esto a incrementar la formalidad en el empleo?¿Cómo elevamos la productividad? ¿Cómo afrontamos la recesión que se viene? Según informa Gestión, existen otros 13 proyectos en la Comisión de Trabajo en la misma línea y, seguramente, serán retomados por la nueva Comisión que se instalará en pocos días.
Lamentablemente, se observa que hemos caído en el populismo laboral. Usamos la palabra “populismo” en el sentido de que se busca dar normas para lograr el aplauso de algunos sectores beneficiados, sin evaluar con evidencias si éstas sirven o no al interés general. Justamente, una de las características del populismo es que no mide el impacto económico y social de las medidas sobre la mayoría del país.
Las políticas públicas deben responder siempre al interés colectivo. El rol protector o “tuitivo” de la legislación laboral no significa que la ley debe proteger al trabajador por el solo hecho de sertrabajador y en cualquier situación. Se protege al trabajador cuando se da una situación de desequilibrio o desigualdad real frente almayor poder del empleador. Esto se presenta en muchas situaciones, pero no en todas las situaciones.
Grafiquemos un caso. En la legislatura pasada se aprobó el nombramiento “automático excepcional” de maestros contratados en educación básica regular con más de tres años de servicio. Es decir, acceso a la estabilidad en el puesto ya no por méritos sino por el simple paso del tiempo. ¿Quién cautela el interés de los alumnos, de los padres de familia, de la colectividad?
Otro ejemplo, fue la prohibición ilegal de tercerizar el núcleo del negocio, aprobado por el gobierno anterior de manera sorpresiva y fuera del diálogo social. Ya sabemos cómo terminó esa mala norma. Nunca se llegó a aplicar. Creer que la norma laboral debe responder a un sector (trabajadores o empresarios) es un despropósito.
Por ello, siempre la regulación debe responder al interés colectivo. Renunciar a este concepto sería admitir que hay políticas públicas carentes de trascendencia, desperdiciándose importantes oportunidades de mejorar el bienestar laboral de la mayoría de trabajadores, especialmente de los que están en la informalidad. Seguir en ese camino, no suma a la gobernabilidad.
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