Únete al canal de GestiónEscribe: Carlos Anderson, congresista de la República
Comencemos con algunas verdades de Perogrullo: uno, un buen regulador en materia económica debe ser siempre percibido como un ente incómodo vis-a-vis los regulados, sean estos personas naturales o jurídicas. Dos, las entidades reguladoras deben tener garantizada en grado máximo su autonomía, con el fin de evitar que sean sometidas a influencias indebidas, en particular, si estas provienen del ámbito de la política. Tres, los entes reguladores deben regirse por el más estricto sentido de meritocracia, procurando atraer –y retener– a los mejores. Y, cuatro, está más que probado que la autorregulación en materia económica ha sido –en todo tiempo y en todo lugar– un reverendo fracaso.
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Esas son verdades de Perogrullo que en el Perú rara vez han encontrado una correcta correspondencia en el mundo real. Habiendo trabajado durante años en la City (el distrito financiero) de Londres y Wall Street en Nueva York –jurisdicciones donde el FSA o la SEC pueden causar insomnio o crisis de pánico a sus regulados–, de retorno al Perú, hace ya 15 años, siempre me llamó la atención el cariño y hasta admiración con que ciertos “regulados” se referían a sus reguladores, comenzando por la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) –incluida su dirección supervisora de las empresas de AFPs–, la Comisión Nacional de Valores (CNV) o el Indecopi, aunque el comentario se extiende a todos los sectores.
Me parecía –y me sigue pareciendo– anti natural y hasta sospechoso esta relación tan libre de conflictos entre reguladores y regulados. Pero, un día, dictando una clase sobre mercados financieros, “me cayó el veinte”, como dicen nuestros amigos mexicanos, y entendí el por qué en el Perú nadie habla de “insider trading” (práctica inmoral e ilegal por la cual algunos se benefician de información privilegiada), de “valoraciones” (de acciones o empresas) engañosas, alejadas de los principios internacionales de valoración, realizadas por un grupo reducido de empresas dizque “valoradoras” o por qué se permiten “fusiones” (en realidad meras adquisiciones de empresas por absorción) que crean monopolios o casi monopolios anti naturales como es el caso de la electricidad, o las farmacias.
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La explicación viene dada por la tradicional debilidad intrínseca de los reguladores y su papel casi marginal desde una perspectiva de institucionalidad. De allí que nadie se escandalice –por ejemplo– de saber que un regulador como Ositrán, el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público, no cuente desde 2017 con un Consejo Directivo funcional, en un país con una brecha enorme de infraestructura que abre la puerta a inversiones multimillonarias que, sin el ojo avizor del regulador, puede significar cientos de millones de soles perdidos por obra y gracia de la corrupción.
Más recientemente, los organismos reguladores han comenzado a, por lo menos, intentar hacer sentir su presencia con el consiguiente “malestar” de los regulados. Ejemplos son el régimen tarifario del agua y saneamiento, la fiscalización estatal en el megapuerto de Chancay o la irresponsable venta callejera de líneas telefónicas (“chips”). A Sunass su posición técnica casi le cuesta la vida. Una exministra lanzó desde su asiento en el poder una campaña para quitarle rectoría sobre la determinación de las tarifas, y tras bambalinas, era una de las animadoras de la peregrina idea de “fusionar” a los cuatro reguladores en un solo ente –supuestamente– súper regulador, idea que por suerte no prosperó.
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Y, es posible que, al ahora expresidente del Osiptel, Rafael Muente, sus críticas a la venta informal de chips le hayan jugado en contra en su choque de trenes con la PCM –en la persona primero de Alberto Otárola y ahora de su inefable imitador, Gustavo Adrianzén–. Aunque este caso reviste elementos particulares que seguramente habrán de dilucidarse en los tribunales, lo realmente preocupante por cuanto constituye un peligroso precedente de clara injerencia política es el mecanismo usado: el DS No 116-2024-PCM, diseñado de manera expresa para apartar del cargo al Sr. Muente y nombrar a dedo a su reemplazo, vulnerando la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) que señala que los miembros del consejo directivo de los organismos reguladores son designados por concurso público.
Sin dudas, lo sucedido con el ahora expresidente del Osiptel puede suceder con los jefes de los demás entes reguladores, en abierta contra posición a las recomendaciones de la OCDE, la cual más bien aboga por que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico cuenten con reguladores con dientes afilados para poder asegurar así regímenes económicos de alta competencia.
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Contra lo que algunos piensan, la pérdida de autonomía de los organismos reguladores genera inseguridad jurídica y aleja la inversión extranjera. Ciertamente, es necesario que los reguladores sean entes efectivos, manejados con criterios técnicos y no burocráticos o corruptos, conducidos por personas altamente calificadas y de reconocido prestigio. Puede que sean, en efecto, un tanto antipáticos, pero los reguladores, con dientes afilados, garantizan que exista un verdadero mercado de libre competencia.
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