Ayer, el fiscal de la Nación interino, Juan Carlos Villena, solicitó al presidente del Congreso la admisión de una denuncia constitucional en contra de la presidenta Dina Boluarte. Según indica lo dispuesto por la Fiscalía, la mandataria es presunta autora del delito contra la administración pública, en la modalidad de cohecho pasivo impropio, en el marco del denominado caso Rolex. Con ello, presenciamos nuevamente un hecho que desgasta aún más a la máxima investidura del país.
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No está claro si el Congreso podrá hacer algo con esta denuncia, pues el artículo 117 de la Constitución impide acusar al presidente de la República salvo por ciertas excepciones (ninguna de ellas corrupción). Y aún si lo hace (existen opiniones legales discrepantes), la Fiscalía solo podría formalizar la investigación. En ningún caso se pasaría a un juicio hasta que la presidenta deje el cargo. Además, difícilmente haya suficientes congresistas que tomen una decisión en contra de la mandataria , pues han encontrado un espacio de “equilibrio” tácito que asegura la supervivencia política de ambos poderes hasta el 2026.
Pese a ello, el impacto en la institucionalidad se sentirá. La presidenta Boluarte podrá seguir en el cargo. Sin embargo, este suceso solo ahondará el deterioro de la institucionalidad en el país. La precarización de los organismos estatales y lo que representan sigue avanzando y esto cada vez pesará más en la percepción de los inversionistas del país y, cómo no, de las calificadoras de riesgo.
Ya lo había mencionado el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, la semana pasada cuando calificó como una “barbaridad” que el Tribunal Constitucional avale que el Congreso pueda emitir leyes que generen gasto público. También señaló que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha perdido el peso que tenía antaño.
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El empequeñecimiento político del Ejecutivo ya se ha convertido en la normalidad. Y con una mandataria cuya aprobación es de apenas un dígito y a la que se le acaba de hacer una imputación tan grave, difícilmente se podrán llevar a cabo las medidas urgentes que puedan promover la inversión privada o atender las necesidades de una nación empobrecida, como lo muestran las últimas cifras del INEI.
¿Qué políticas de mediano y largo plazo podría desplegar un Gobierno cuyo margen de acción se comprime semana a semana, como cuando aparecen acusaciones de esta envergadura? Ante una investidura presidencial más precarizada, el Parlamento podría sentirse aún más seguro para emprender despropósitos populistas. Y eso solo puede traer consecuencias negativas para todos los peruanos.
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