SENATI PRESENTA PLAN INSTITUCIONAL PARA CUBRIR DEMANDA DE TECNICOS POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO.
SENATI PRESENTA PLAN INSTITUCIONAL PARA CUBRIR DEMANDA DE TECNICOS POR PARTE DEL SECTOR PRIVADO.

Por Luis Miguel Castilla

Exministro de Economía

Con la propagación de la pandemia y la agudización de la recesión global se incrementa cada día la probabilidad de entrar en una severa contracción económica en el Perú.

Al mes de marzo, el índice de expectativas de la economía en los próximos tres meses está en su peor momento desde que el Banco Central de Reserva realiza estas encuestas hace 18 años. Este resultado se explica por el desplome de los sectores no primarios (-7.1%) como de los primarios (-13.4%).

Si bien la respuesta de política económica ha sido agresiva, el riesgo de quiebra de miles de empresas y la pérdida de empleo de millones de peruanos es cada vez mayor.

En este contexto, el Gobierno ha dispuesto medidas laborales excepcionales, las que resultan imprescindibles para mitigar el potencial impacto sobre la población en riesgo de perder su empleo, que se estima pudiera afectar a uno de cuatro peruanos.

En el corto plazo se deberán fortalecer las políticas de intermediación e reinserción laboral para acelerar la recuperación del empleo y revaluar su importancia relativa en la agenda de políticas públicas.

Medidas laborales de urgencia en el corto plazo

La extensión de la cuarentena hasta el 26 de abril y la gran afectación que está teniendo en sectores no esenciales de nuestra economía ha conducido a la aprobación de la suspensión perfecta de labores por causa fortuita o fuerza mayor con la finalidad de preservar empleos mientras dure la emergencia sanitaria.

Así, el Gobierno aprobó una medida que ayuda a mitigar la pérdida de empleos, lo que se suma a la adopción previa de subsidios a la planilla, flexibilización de los aportes previsionales e inyecciones de liquidez. Aun cuando la estimación oficial prevé una tasa de suspensión laboral de 4.5% (140,000 trabajadores formales suspendidos), el ritmo de deterioro económico y la incertidumbre es de tal magnitud que un escenario más plausible es uno de mayores pérdidas de empleo formal.

Para mitigar esta situación y suavizar el impacto sobre el consumo del trabajador suspendido, el Gobierno ha dispuesto la liberación de la Compensación de Tiempos de Servicios (CTS) hasta por una remuneración mensual por cada mes vencido durante la suspensión perfecta de labores. En caso que el trabajador no cuente con fondos en su CTS, podrá solicitar el devengado de mayo y su gratificación de julio al empleador.

Se ha dispuesto también el otorgamiento de un subsidio de S/ 760 para los trabajadores suspendidos que pertenezcan al régimen laboral de la microempresa. Así, se pretende apoyar el ingreso disponible de los trabajadores, en especial los más vulnerables que no tienen aseguramiento ni activos para mitigar los efectos de la crisis y que, una vez se reactive la actividad económica, tendrían mayores dificultades para reincorporarse al mercado de trabajo. Por el momento se han dejado de lado opciones más extremas como los ceses colectivos unilaterales, aunque el desempleo puede igual incrementarse en función de la insolvencia empresarial que se registre.

El impacto en el empleo será significativo

Según el Banco Interamericano de Desarrollo, de no adoptarse medidas laborales agresivas se podría arriesgar la pérdida de empleos formales en América Latina que afecte a entre 5.4 y 18 millones de trabajadores, y el empleo informal podría aumentar significativamente y llegar a representar un 62% del total de empleos.

En nuestro país se estima que se podrían perder más de un millón de empleos, 500,000 trabajadores de microempresas y 570,000 de pequeñas empresas. La tasa de desempleo urbano podría duplicarse en el presente año y la elevada proporción de informalidad laboral (65%) podría incrementarse aun más.

En este escenario, una recuperación sostenida del empleo irá de la mano con el ritmo de reactivación económica, la que a su vez dependerá de la mejora que se registre en la demanda externa y del desempeño de sectores intensivos en mano de obra, como la construcción y los servicios. El esfuerzo que se va a requerir en materia de políticas públicas será también considerable, sobre todo teniendo en cuenta que nuestras redes de protección y seguridad social y las políticas activas de empleo son relativamente limitadas.

La reactivación demanda un fortalecimiento de las políticas laborales

En el corto plazo, el Gobierno deberá mejorar el diseño y la efectividad de sus políticas de intermediación laboral para lograr un mayor calce entre buscadores de empleo con vacantes (47% de las empresas muestran dificultades para suplir sus vacantes).

Se requiere también reforzar el desarrollo de habilidades en el sistema educativo y en el trabajo. Sin embargo, estas tareas son competencias habituales del Ministerio de Trabajo y Educación y no están concebidas para atender situaciones extremas como las que vivimos en la actualidad.

Es urgente reforzar los arreglos institucionales para otorgarle un mayor peso a estas políticas laborales dentro de las prioridades de la agenda para la reactivación. Se debe mejorar la complementariedad de la política laboral con la económica para evitar que compitan entre sí. El trabajador es usualmente quien carga el mayor peso en épocas de crisis. Esta pandemia debe marcar un antes y un después para lograr una visión integral en la aplicación de las políticas públicas que apunten al bienestar de los trabajadores sin distinción.