OIT insta a universalizar programas de protección social en Latinoamérica

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) instó a Latinoamérica a ampliar la cobertura de sus programas de protección social para evitar que se amplifiquen los efectos de próximas crisis, como ya ocurrió con la pandemia del COVID-19, donde fue la región más afectada económicamente del mundo.

Antes de la pandemia, solo el 56% de los habitantes de Latinoamérica estaba cubierto por algún tipo de protección social, y los sistemas contributivos, que dependen de las cotizaciones de los trabajadores y empleadores, incluían a apenas el 46 % de los ocupados.

Así lo refleja la OIT en el “Panorama de la protección social en América Latina y el Caribe: Avances y retrocesos ante la pandemia”, un informe que hace una revisión de la situación de la protección social y de los desafíos a futuro, como eventuales crisis que pueda ocasionar el cambio climático.

“La gran mayoría de la población ocupada no contaba con seguros de desempleo ni con otras maneras de compensar ingresos, en especial quienes estaban en la informalidad”, señaló el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinicius Pinheiro.

“Esta es una lección aprendida de esta pandemia: la falta de protección social nos hace más vulnerables”, sentenció.

Sistemas contributivos mermados

El informe estima que, como consecuencia de la crisis por el COVID-19, los sistemas contributivos de protección social registraron una baja de 7.9% en el número de cotizantes, lo que significó un retroceso de casi una década.

Por ello, la OIT plantea la necesidad de avanzar hacia “sistemas integrales de protección, que cuenten como base un piso de protección social con garantías para el acceso universal a la salud y la seguridad económica a lo largo del ciclo vital”.

“La protección social es fundamental para la inclusión y cohesión social, la reducción de la pobreza y las desigualdades sociales, a la vez que facilita la transformación productiva y la mejora de la productividad”, dijo Pinheiro.

“Es fundamental adaptar y ampliar la protección social. Las prestaciones sociales han sido la primera línea de defensa para quienes perdieron sus ingresos y a la vez constituyen un importante motor para estimular la actividad económica”, añadió.

Salud universal

Entre las políticas sugeridas por la OIT está la necesidad de avanzar hacia pisos de protección social que garanticen prestaciones mínimas para todas las personas, expandir los seguros de desempleo, ofrecer protección universal en salud y, en un momento de crisis como el actual, “garantizar la sostenibilidad de financiamiento”.

En el último año y medio la emergencia sanitaria y sus consecuencias colocaron bajo una presión sin precedentes a los sistemas no contributivos, que dependen de recursos fiscales, y que fueron esenciales para amortiguar el impacto de la crisis.

En el caso de la seguridad económica para las personas de mayor edad, se trata de “un desafío pendiente”, ya que, según los datos más recientes, el 30% de los mayores de 65 años en América Latina y el Caribe no reciben ningún tipo de ingreso laboral ni tampoco una pensión.

El informe también recordó que existe una correlación entre la desigualdad y la cobertura contributiva de la seguridad social, pues solo entre el 20% y 40% cotizan cuando forman parte de los quintiles de población de menores ingresos.

Asimismo, a medida que las unidades económicas crecen, mayor es la cobertura, de modo que todos los países tienen cobertura que supera el 60% u 80% en empresas de 20 o más personas, mientras que la cobertura es inferior al 20% cuando la empresa es de cinco personas o menos.