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Los entrantes presidentes de Estados Unidos no esperan mucho para comenzar a firmar normas. Desde que llegó a la Casa Blanca, el 20 enero, Joe Biden ha promulgado cerca de 40 órdenes ejecutivas y proclamaciones. Muchas son bienvenidas y algunas son cruciales. Ha revocado algunas de las restricciones más duras a la inmigración impuestas por Donald Trump y restaurado el respaldo de su país al Acuerdo de París sobre cambio climático.
Sin embargo, uno de los edictos de Biden es un temprano error de política económica: el refuerzo de reglas que obligan al Gobierno federal a otorgar preferencia a proveedores domésticos sobre los foráneos. Podría ser una señal de más errores futuros. La agenda “Compre Estadounidense” es de larga data. Una ley de 1933 exige al Gobierno federal preferir bienes producidos en el país, y es replicada por una engorrosa masa de similares reglas a nivel estatal y local.
El estímulo que Biden supervisó cuando fue vicepresidente, luego de la crisis financiera global, fue dirigido a proveedores estadounidenses con cadenas de suministro domésticas. A su turno, Trump emitió montones de órdenes ejecutivas en favor de empresas domésticas frente a sus competidoras foráneas. Una de esas reglas, que endurece los requisitos para que un bien sea considerado hecho en Estados Unidos y eleva su mark-up sobre los precios globales, todavía no entra en vigencia.
Durante su campaña, Biden prometió ir más lejos que Trump, a quien criticaba por no haber hecho lo suficiente. Pero se necesitará más que una firma para cumplir esa promesa. Gobiernos previos han descubierto que los compromisos de Estados Unidos con la Organización Mundial del Comercio (OMC) limitan su capacidad de discriminar en favor de sus empresas.
Por ello, la orden ejecutiva de Biden no agrega nada sustancial y solo confirma los últimos cambios aplicados por Trump, que otorgan a la Casa Blanca mayor control sobre las exenciones a las reglas e introducen un nuevo pero impreciso requerimiento de que las compras que realice Washington debe promover el empleo. No obstante, el presidente tiene el respaldo en el Congreso para avanzar más si lo desease.
Biden ha prometido un esfuerzo diplomático para modernizar –o sea, debilitar– las reglas de la OMC. En cualquier caso, estas pueden ser eludidas mediante el envío de dinero a los estados y fijando condiciones sobre cómo deben gastarlo, que es como los demócratas podrían estructurar su gasto en estímulo y en infraestructura.
A presidentes y votantes les agrada Compre Estadounidense porque creen que genera empleos. En un sentido directo, lo hace, pero al aislar a las empresas de las cadenas de suministro globales y protegerlas de la competencia, promueve la ineficiencia y destruye más empleos de los que crea. Se estima que Estados Unidos ganaría 300,000 empleos netos si se deshiciera de sus reglas que favorecen la producción doméstica.
No existe evidencia de que comprar bienes locales potencie la innovación, aunque sus defensores lo aseguren. De hecho, es probable que obstaculice el aumento de la productividad en el largo plazo. Y la protección a empresas locales representa un trato injusto para los contribuyentes. A partir de febrero, las empresas estadounidenses podrán cobrarle a su Gobierno hasta 20% por encima de los precios globales.
Quizás la racionalidad económica más fuerte para comprar bienes domésticos es que detiene el efecto estimulador de corto plazo de que el nuevo gasto –del que Biden planea mucho– se filtre al exterior. Pero no debería ser una gran preocupación para el país este año, porque el estímulo será muy grande. Si se aprueba su propuesta de US$ 1.9 millones de millones, el gasto acumulado de Estados Unidos para la pandemia sumará más que su PBI trimestral precrisis (sin considerar los efectos adicionales de cualquier inversión en infraestructura).
El país puede permitirse una pequeña filtración. En cualquier caso, la lección del 2009 es que los requerimientos de comprar estadounidense obstaculizarán el estímulo pues forzarán a las empresas a buscar nuevos proveedores antes de que inicien sus proyectos. No es alentador que la orden ejecutiva de Biden dificultará más la obtención de exenciones a partir de la existente montaña de papeleo.
Lo que es un alivio es que, a diferencia de Trump, Biden apoya el sistema de comercio global basado en reglas. No saboteará a la OMC ni se le antojará antagonizar con los aliados del país, a los que busca movilizar contra China. Pero su proteccionismo blando –que debido a la “trumpificación” del Partido Republicano es más popular en el Congreso de lo que ha sido en décadas– irritará al resto del mundo.
La Unión Europea, que acaba de negociar un tratado de inversión con China, ya está incómoda con dicha orden ejecutiva. En sus instintos respecto de la teoría económica comercial, el nuevo presidente no es tan distinto de su antecesor. Esa es una mala noticia para Estados Unidos y para el mundo.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2021
