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Imagínese un país en Sudamérica que es proempresa, atractivo para la inversión extranjera y que ofrece estabilidad política para la inversión de largo plazo. Muchos pensarían en Chile, pero cuando se trata de litio, metal ligero y salino utilizado para baterías en vehículos eléctricos y teléfonos móviles, el país en cuestión es su disfuncional vecina, Argentina, más conocida por su inflación de tres dígitos y por pelearse con el FMI.
Funcionarios de ese país se han embarcado en una ofensiva promotora, desde Washington a Londres, con un mensaje seductor: su sector minero está listo para hacer negocios. La transición a las energías verdes ha hecho del litio uno de los metales más buscados. Este año, el precio del carbonato de litio (LiCO), materia prima para baterías, se disparó de un promedio a cinco años de US$ 14,000 por TM a más de US$ 80,000.
Según la consultora Benchmark Mineral Intelligence, con el aumento de las ventas de vehículos eléctricos, la demanda por LiCO se incrementará de 600,000 TM este año a 2.4 millones el 2030. Aunque el litio es abundante, la oferta está teniendo problemas para mantener el ritmo, así que ha comenzado la búsqueda de yacimientos baratos para construir minas que cubran la creciente demanda.
Casi dos tercios de las reservas de litio del mundo están en las planicies andinas de Argentina, Bolivia y Chile —el “triángulo del litio”—. Bolivia lidera, pero las empresas solo los pueden explotar si logran un acuerdo con la firma estatal que posee los derechos. La volatilidad política y la falta de conocimiento técnico no han ayudado. El 2016, el viceministro del Interior murió a manos de mineros.
Chile solía ser la superpotencia mundial, pero el 2017 fue superado por Australia. Allí también los yacimientos son propiedad del Estado, que entrega mediante contratos a empresas privadas. El 2016 y el 2018, el Gobierno introdujo nuevas reglas, como vender el metal con un descuento de 25% en Chile a fin de impulsar la industria local.
En Argentina, en cambio, el litio no es considerado un recurso estratégico y el Estado juega un papel pequeño. La Constitución otorga a las 23 provincias del país el derecho a concesionar tierras. Una ley de 1993 establece que los proyectos mineros no pueden ser gravados con nuevos impuestos durante 30 años. Las regalías están fijadas en 3%, frente a un rango de 7%-40% en Chile.
Esto ha atraído capital. Unos de 40 proyectos de litio se hallan en exploración, más que en cualquier otro país. JPMorgan Chase espera que Argentina supere a Chile como segunda productora mundial para el 2027, y para el 2030, podría suministrar el 16% del litio del mundo (6% el 2021). En marzo, la angloaustraliana Rio Tinto adquirió una mina de litio por US$ 825 millones y la surcoreana Posco está invirtiendo US$ 4,000 millones en otro proyecto.
El mal manejo macroeconómico de Argentina —tiene una docena de tipos de cambio y la inflación anualizada se acerca a 100%— desanima a muchas compañías occidentales, pero para las chinas, “se trata de ambición geopolítica, quieren garantizarse el suministro”, según Carlos Freytes, del centro de investigaciones argentino Fundar.
Las leyes mineras del país fueron aprobadas durante un breve periodo de reformas y son difíciles de cambiar porque la Constitución delega poder a las provincias, que controlan el Senado. Los gobernadores de las que poseen litio —Salta, Catamarca y Jujuy—, no temen enfrentarse al Gobierno y esperan que la inversión extranjera ayude a crecer a sus jurisdicciones. El Banco Mundial estima que, en un escenario optimista, la producción y procesamiento de litio podría elevar en 10% el PBI y los ingresos fiscales de esas provincias.
Pero hay problemas. Podrían aumentar los conflictos con comunidades indígenas, que han retrasado proyectos de litio en Bolivia y Chile, y cerrado minas en Argentina. Un estudio del 2019 en Chile halló que la minería de litio empeora las sequías en áreas circundantes, lo cual irritó a la población. Las bajas tasas de regalías de Argentina podrían generar que la mayor parte de ganancias termine en el exterior y no en las arcas fiscales, lo que podría provocar un cargamontón político.
El 10 de noviembre, se debatió un proyecto de ley en la Cámara Baja del Congreso que, de aprobarse, podría imponer estrictos controles ambientales en humedales, incluidos aquellos donde se construyen minas de litio. La legislación fue propuesta hace una década pero no avanzó por la oposición de las provincias y por lobbies mineros. Y los políticos argentinos podrían mermar el entusiasmo de los inversionistas.
Hace poco, la petrolera estatal se expandió al litio. El Gobierno federal podría intentar otorgarle acceso privilegiado. Asimismo, controles a la exportación más estrictos podrían paralizar la producción. “Ningún sector puede rescatar a Argentina de su marasmo”, sostiene Benjamin Gedan, del centro de investigaciones Wilson Center. Pero en un país económicamente disfuncional, el litio sigue siendo, por ahora, una rara esperanza.
Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez
© The Economist Newspaper Ltd, London, 2022
