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Las entidades estatales están entre los principales compradores del país. Sin embargo, son lentas en el pago de las facturas a sus proveedores, lo que tiende a desalentar una mayor participación de los mismos.
Un mecanismo para aliviar este problema es el factoring o descuento de facturas, que viene creciendo en el sector privado, pero con muy poco impulso en el ámbito público.
Hoy solo el 0.67% de las empresas proveedores del Estado acceden a factoring formal, señaló Luis Matías Sternberg, gerente general del Banco de la Nación (BN).
Como el número de negocios inscritos en el registro de proveedores del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) es de unos 950,000, solo 6,000 (el 0.67%) proveedores logran cobrar sus facturas de inmediato o en corto plazo con el descuento de facturas.
El resto debe esperar periodos más largos, de tres o hasta cuatros meses, para que las entidades públicas cancelen el pago por los productos o servicios brindados, señaló Sternberg.
Burocracia
Así, hay muchas mypes que pierden la oportunidad de ser proveedoras del Estado porque no tienen capacidad de resistir un tiempo de espera tan largo para la cancelación de sus facturas, y sin la opción de acceder a un factoring.
Una de las razones del escaso interés de bancos y empresas especializadas en factoring por atender a los proveedores del sector público es la burocracia, que impide que se entre rápidamente a un proceso de descuento de facturas, indicó Luis Terrones, secretario general de la Asociación Peruana de Factoring (Apefac).
El Estado no tiene el rol activo para apoyar y dar conformidad a las facturas, que es como estas adquieren el mérito ejecutivo para su cobranza, añadió.
Rafael Zorrilla, gerente general de Banpro Perú Factoring, consideró que hace falta capacitar a los empleados públicos sobre cómo aprobar una operación de factoring. “En una empresa corporativa tienen una, dos o tres personas asignadas que aprueban las facturas”, refirió.
Además, dijo que se deberían adecuar los procedimientos administrativos para facilitar el descuento de facturas a proveedores del Estado.
Incumplimientos
Otro obstáculo para el crecimiento del factoring en el sector público es la ausencia de mecanismos para presionar por el pago de las facturas.
“El principal instrumento de presión que tienen las empresas especializadas en el descuento de facturas, contra el incumplimiento, es un bloqueo de cuentas en el sistema bancario, pero al Estado no le pueden embargar las cuentas”, sostuvo Terrones.
En tal sentido, una solución sería crear un fondo de garantía estatal para operaciones de factoring, sugieren los expertos. En los casos en que las entidades públicas no paguen la factura que ya han recibido conformidad se ejecutaría la garantía y se cobraría lo adeudado, explicó Zorrilla.
“En la asociación hemos pensado que el fondo podría ser pequeño, de entre US$ 10 millones y US$ 15 millones”, afirmó Terrones.
El BN también tiene una propuesta para brindar factoring a los proveedores del Estado, pues podría cobrar directamente de las cuentas que las entidades públicas tienen en el banco. “Sería cero riesgo para el banco y favorecería una competencia entre los proveedores”, dijo Sternberg.
EN CORTO
Liquidez. El factoring es usado por los proveedores para reducir sus periodos de cobranza. Bancos o empresas especializadas adquieren la factura y les adelantan el pago de la misma, pero con una tasa de descuento. El adquirente (que debe pagar la factura) tiene que dar su conformidad a la factura, que así se convierte en título valor.