OCDE: “La elevada inversión pública de Perú aún no produce resultados”

“El conjunto de la implementación de estas medidas permitirían doblar el producto bruto interno (PBI) per cápita peruano hacia el 2050″, señaló Paula Garda, economista senior de la OCDE para Perú y Colombia en un evento organizado por la Universidad Del Pacífico.

Es importante resaltar que en el 2022, el PBI per cápita de Perú representó solo el 27% que la media de la OCDE. Para Garda, impulsar una convergencia hacia los niveles de los países de la OCDE requiere un conjunto de nuevas condiciones para aumentar la productividad. De acuerdo con los estimados de crecimiento actuales, el PBI per cápita del Perú no volvería a niveles prepandemia hasta el 2025.

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Una de las principales áreas de reforma para impulsar el crecimiento económico es el refuerzo de la gobernanza y la solidez de las instituciones, puesto que favorece avances en la implementación de servicios y ejecución de la inversión pública.

“Perú gasta alrededor del 6% del PBI en inversión pública, que es el doble de la media de los países OCDE. Sin embargo, esta elevada inversión pública aún no produce resultados proporcionados. Las infraestructuras de transporte son de menor calidad que los países de la OCDE y otros países latinoamericanos. Para mejorar la infraestructura pública es clave aumentar la capacidad de los gobiernos locales para planificar y ejecutar proyectos de infraestructura. Con lo cual es necesaria una gestión y aumento de capacidades”, señaló Garda.

Para Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas y director de Videnza Consultores, siempre se ha apuntado a que la inversión pública ascienda al 6% del PBI, pero cuando se hizo el cambio del Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP) a Invierte.pe, “empezó a abrirse una brecha entre la cantidad de proyectos viabilizados e iniciados, es decir, la ejecución se volvió más lenta”.

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Según el estudio “Infraestructura pública en el Perú: Situación actual y oportunidades” de Videnza Consultores, el 96% de los proyectos de inversión pública por modalidad núcleo ejecutor presentan retrasos en su ejecución. Le siguen las Asociaciones Público Privadas (APP), con 95%; luego aquellas que se ejecutan mediante administración directa, con 85%; Ley de contrataciones (84%); y Obras por Impuestos (80%).

Además, de acuerdo con la Contraloría de General de la República, los principales motivos de paralización son la falta de recursos y el incumplimiento del contrato.

“El corazón de todo este problema tiene que ver con expedientes técnicos mal hechos”, sostiene Castilla. “Solo el 10% de los funcionarios públicos pasa el examen mínimo de aptitudes evaluado por el Servicio Civil (Servir)”, añade. Este es un problema que está más presente en unidades ejecutoras de gobiernos subnacionales que en el gobierno nacional.

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Por otro lado, “tampoco tenemos una planificación estratégica en el estado que permita tener certeza de si la inversión que se hace esté orientada a objetivos de desarrollo que permitan elevar el PBI”, sostiene Henry Rafael, docente de la maestría en Gestión Pública de Postgrado UPC.

Si bien existe una Programación Multianual de Inversiones (PMI), esta no es vinculante y termina por no reflejarse en la formulación del Presupuesto Anual.

Para Rafael, para corregir estos problemas se requieren reformas estructurales de larga escala, algo que “lamentablemente ahora mismo no creo que pueda ser puesta en práctica. Ante una recesión, una reforma puede decantar en una postergación de medidas económicas que afronten la recesión. En este momento se tiene que alentar más bien inversión privada que permita recuperar el flujo de la economía”, concluye.

SOBRE EL AUTOR

Luciana Flores

Bachiller en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y especialista en Sostenibilidad por la Pacífico Business School. Fue analista de Sectores y Empresas y del Content Lab de Semana Económica. Actualmente es redactora senior de economía en Gestión.