En medio de la discusión parlamentaria que finalizó con la prórroga del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y la postergación del debate de la nueva ley de pequeña minería y minería artesanal (ley MAPE), un aspecto pendiente por resolver para avanzar en este proceso formalización de mineros informales es el acceso a las concesiones mineras.
Durante el reciente debate de ambos temas en la Comisión de Energía y Minas del Congreso, el legislador Jorge Montoya (RP) advirtió que el punto de conflicto que impide avanzar en esa formalización es que el minero que quiera acogerse a ese proceso debe antes haber suscrito un contrato de explotación con el dueño de la concesión en el área donde opera.
Sin embargo, un reclamo constante de los informales es que los titulares de las concesiones, en muchos casos, se niegan a suscribir esos contratos, los mismos que, en cualquier caso, deben ser objeto de una negociación y acuerdo entre las partes.
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Como se sabe, una concesión da a su titular la exclusividad de poder realizar en esa área estudios preliminares a las actividades de exploración o explotación en sí (que requieren otras autorizaciones, como estudios, permisos y acuerdos con los propietarios del terreno superficial para poder realizarse).
Actualmente, las concesiones para la mediana y gran minería las otorga el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), mientras que para la pequeña minería y artesanal, los gobiernos regionales.
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¿Cuántas concesiones existen en el país?
Según información que brindó el Ingemmet a Gestión, al 19 de noviembre último, se registran 38,128 derechos mineros titulados (sobre igual número de concesiones) a nivel nacional, los cuales ocupan 15,560,031 hectáreas.
Sin embargo, esa entidad observa que reportan actividad (formal) sólo 1,098 titulares o poseedores de esos más de 38 mil derechos mineros. De este total, en su mayor parte (718) se dedican a actividades de explotación y una menor cantidad (374) a la exploración.
Es decir, de los más de 38,000 poseedores de concesiones que ocupan más de 15.5 millones de hectáreas, apenas el 2.86% realizan actividades en ellas. De esta manera, abarcan en sí 1.9 millones de hectáreas o el 1.55% del territorio nacional.
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¿Acaparamiento y especulación?
Estas cifras, según José de Echave, investigador de CooperAccion, dan la percepción de que existe un acaparamiento y especulación de concesiones en manos no sólo de personas jurídicas (empresas), sino también de personas naturales en áreas donde, en algunos casos, operan mineros informales y hasta ilegales.
Al respecto, César Ipenza, vocero legal del Observatorio de Minería Ilegal (OMI), advirtió que, este año, continúa creciendo el área ocupada por la minería ilegal, la cual hoy abarca a ocho de 11 departamentos amazónicos, invadiendo tierras de comunidades nativas y áreas naturales protegidas.
El OMI detalló que son 2.4 millones de hectáreas que, actualmente, han sido designadas como concesiones mineras en la Amazonía, y que existen 99,537 hectáreas deforestadas en concesiones mineras otorgadas en ocho regiones.
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Plantean revisar la política de concesiones
Frente a la existencia de concesiones mineras sin producción formal y que se podrían prestar a la especulación y a la minería ilegal, De Echave consideró que, más allá de la discusión de la Ley MAPE, se necesita revisar la política de concesiones mineras y hacerle algunos ajustes, como por ejemplo, que las improductivas reviertan al Estado.
El también exviceministro de Gestión Ambiental refirió que es muy fácil mantener en el tiempo esas concesiones improductivas, pues basta con pagar en los primeros años el derecho de vigencia para mantener la titularidad del área concesionada y luego pagar una penalidad por no producir en ella.
Por su parte, Ipenza consideró que se requiere realizar una mayor evaluación del esquema de concesiones antes de tomar una decisión sobre algún cambio en el mismo (a través de la nueva Ley MAPE), pues pidió considerar que la explotación formal en una concesión no es un proceso rápido o inmediato.
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Zonas con potencial
En tal sentido, dio a entender que un aspecto rescatable del proyecto de la Ley MAPE que presentó el Ejecutivo es que planteó que el Ingemmet identifique las zonas con potencial minero donde no trabaja la gran minería dentro de sus concesiones y donde los mineros en proceso de formalización podrían desarrollar su actividad.
Otra solución, propuso el vocero legal de OMI, es que se podría evaluar el incrementar el valor a pagar por el derecho de vigencia de una concesión para evitar que se preste a la especulación y su titular opte por ponerla en producción. Esto también evitaría que los mineros ilegales se beneficien.
En la misma línea, el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera, propuso que se realice un análisis numérico, de campo, de los escenarios bajo los cuales el cobro por el derecho de vigencia y penalidad en las concesiones, incentive a sus titulares a ponerlas en producción o ceder su actividad en forma temporal a la pequeña minería o a mineros en formalización.
Herrera añadió que esto es hoy más necesario que nunca, considerando además los constantes incrementos en la cotización internacional del oro.
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¿Cuánto se paga por mantener una concesión?
El exministro refirió que, actualmente, el cobro por derecho de vigencia de una concesión es de sólo US$3.00 por hectárea, que se mantiene por los primeros 10 años de otorgada el área. Luego, si no se produce, se debe pagar una penalidad sobre entre el 2% al 5% de una producción estimada (renta ficta) por hasta 30 años, lo cual consideró bajo.
En ese sentido, refirió que un aspecto rescatable del proyecto de la Ley MAPE que presentó el Gobierno es que se exime del pago de penalidades al titular de la concesión que no la produce, si es que suscribe un contrato con el minero en formalización, lo cual resulta en un incentivo.
Coincidió en que, actualmente, obtener una concesión por parte del minero en formalización es el aspecto más difícil que se debe superar para poder formalizarse.
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Comunicador social. Estudió en la Escuela de Comunicación Social de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, e Inglés en la PUCP. Diplomado en Economía y Finanzas en la Universidad de Esan.
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