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Junto con la Ley de Presupuesto Público y la Ley de Equilibrio Fiscal para el próximo año, la semana pasada el pleno del Congreso de la República aprobó la Ley de Endeudamiento Público. El texto autoriza al Gobierno nacional a llevar a cabo operaciones de endeudamiento externo hasta por US$ 2,572 millones, así como operaciones de endeudamiento interno hasta por un monto de S/ 27,089 millones.
En detalle, se podrá destinar hasta US$ 2,063 millones a los sectores económicos y sociales; y hasta US$ 509 millones en apoyo a la balanza de pagos.
En cuanto a las operaciones de endeudamiento interno, se destinará a los sectores económicos y sociales hasta S/ 1,500 millones; y hasta S/ 25,095 millones en apoyo a la balanza de pagos. Además, se podrá destinar para la Defensa Nacional hasta S/ 460 millones; y hasta S/ 34 millones en apoyo a bonos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).
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“Lo que preocupa es que hay errores en el presupuesto porque el ministro (de Economía y Finanzas) sigue pensando que el próximo año vamos a crecer 3%. El resultado de eso es que el endeudamiento va a ser mayor de lo que el Gobierno le ha pedido al Congreso de la República, lo que significa que en el corto plazo el ratio de deuda sobre PBI aumente”, alerta Alfredo Thorne, exministro de Economía y Finanzas y principal de Thorne & Associates.
En septiembre, Álex Contreras, titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), explicó ante el Parlamento que “sin esta medida tendríamos que hacer un ajuste significativo en el presupuesto hacia el 2025 en adelante. Lo que queremos con esta autorización es suavizar este perfil de deuda, patear un poco la deuda hacia adelante para reducir su impacto en el presupuesto”.
Cabe recordar que el Marco Macroeconómico Multianual (MMM) publicado en agosto último plantea que en el marco de la consolidación fiscal, el déficit fiscal se ubicará en 2.0% del PBI en el 2024 y la deuda pública en 33.5% del PBI de ese año.
Deuda pública. La deuda pública se reduciría gradualmente, según el MEF, desde 33.3% del PBI en 2025 a 31.9% del PBI en 2027, continuando por debajo del promedio de economías emergentes (76.3% del PBI) y de América Latina (69.9% del PBI) en el horizonte de proyección.
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Sin embargo, el MEF está aplicando algunas medidas: en entrevista con Gestión, el ministro Contreras señaló que la transferencia de utilidades por S/ 1,000 millones del Banco de la Nación al Tesoro Público se llevarán a cabo para cumplir con la regla fiscal.
“Usualmente, las transferencias de utilidades van al próximo año, pero lo que estamos haciendo -como estos recursos no han sido considerados en el presupuesto 2024- es adelantarlos de cara al cumplimiento de la regla (fiscal). He sido estricto en decir que vamos a cumplir el 2.4% (del PBI, como déficit fiscal), y cuando veamos algún desvío vamos a tomar las medidas”, comentó en su momento el ministro.
Para Luis Alberto Arias, exjefe de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), esta movida se trata de un “maquillaje” de cifras para aparentar el cumplimiento de las reglas fiscales. “Ya el Consejo Fiscal había alertado en varias oportunidades que considera inadecuado que las proyecciones de déficit fiscal coincidan con los límites de la regla fiscal, lo cual conlleva a incrementar el riesgo de incumplimiento de dicha regla. El “maquillaje” del ministro está embalsando peligrosamente las cifras para el próximo año, en el cual el límite de la regla fiscal para el déficit es 2% del PBI”, señaló en una reciente columna de opinión para este diario.
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La deuda pública saltó de representar el 26.6% del PBI en el 2019 al 34.6% en el 2020 en el contexto de la pandemia. Su punto máximo fue en el 2021, año en que alcanzó el 35.9%. A partir de ese punto, inició una trayectoria descendiente hasta llegar a 32.2% en el segundo trimestre del 2023. En el tercer trimestre se expandió nuevamente.
“Este ministro es el más opaco que hemos visto en el MEF. Si el fuese a hacer lo que plantea en esa entrevista a Gestión, tiene que registrar el saldo del Banco de la Nación como una fuente de financiamiento del déficit, no como un ingreso. Pero él lo registra como un ingreso de la misma manera que no transparenta la incorporación al presupuesto 2023 del saldo no utilizado en el 2022. Eso no está permitido por ley pero lo que ha hecho es pasarlo como ley por su alianza con Congreso. A cambio, el Parlamento le ha impuesto ciertos gastos. Esto hace que el presupuesto ya no sea un instrumento para transparentar, sino que se convierte en un instrumento para manipular los ingresos y gastos”, concluye Thorne.
Bachiller en Economía y Negocios Internacionales de la Universidad ESAN y especialista en Sostenibilidad por la Pacífico Business School. Fue analista de Sectores y Empresas y del Content Lab de Semana Económica. Actualmente es redactora senior de economía en Gestión.
