Waldo Mendoza, exministro de Economía y actual miembro del Consejo Fiscal, cuyo presidente es Carlos Oliva, también es ministro de Economía. (Foto: GEC)
Waldo Mendoza, exministro de Economía y actual miembro del Consejo Fiscal, cuyo presidente es Carlos Oliva, también es ministro de Economía. (Foto: GEC)
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Con 71 votos a favor, el Pleno del Congreso de la República aprobó, en primera votación, el texto sustitutorio de los proyectos de ley 276, 868, 1274 y 1435 que propone el fortalecimiento del , la comisión autónoma y técnica que emite opinión no vinculante sobre las reglas macrofiscales y fiscales, evolución de las finanzas públicas, entre otros.

Entre los cambios, se aprobó ampliar de tres a cinco el número de integrantes del Consejo Fiscal. Actualmente, esta comisión tiene entre sus miembros a los exministros de Economía, y Waldo Mendoza; así como al economista Eduardo Morón, Gabriel Rodríguez y Patricia Tovar.

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También se precisa que los miembros del Consejo Fiscal deberán tener una experiencia no menor a 10 años en materia de macroeconomía y/o fiscal en el sector público y/o privado.

Además, dichos miembros será designados por un período de cuatro años prorrogables por un tiempo adicional.

También se modificó el artículo 15 del decreto legislativo 1276 en el que se incluye que, si bien las opiniones del Consejo Fiscal no son vinculantes, las observaciones deberán ser absueltas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), de ser necesario en las siguientes materias:

  • La modificación y el cumplimiento de las reglas macrofiscales y de las reglas fiscales de los Gobiernos Regionales y Gobiernos locales.
  • Las proyecciones macroeconómicas contempladas en el Marco Macroeconómico Multianual.
  • La evolución de las finanzas públicas de corto, mediano y largo plazo.
  • La metodología para el cálculo del resultado fiscal estructural.

Como disposición complementaria final, también se ha establecido que se considera como Unidad Ejecutora a la Secretaría Técnica del Consejo Fiscal para efectos de la implementación de la ley del Servicio Civil como equivalente a un Organismo Público Regulador.

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