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Carlos Oliva es el presidente del Consejo Fiscal, entidad clave para el análisis de los riesgos que enfrenta el Estado, tanto con los ingresos como con las presiones para el gasto. En entrevista con Gestión analiza todas las variables que enfrenta el Gobierno para un adecuado uso de los recursos, en medio de un bajo crecimiento y estimaciones poco alentadoras para el 2023.
¿Cómo están viendo el avance de la economía en medio de rebaja de proyecciones para el 2023?
El mayor riesgo desde el punto de vista macroeconómico tiene que ver con el crecimiento. Eso, a su vez, podría potenciar riesgos fiscales. Nosotros estamos más en línea con el consenso del mercado, que estima un crecimiento de 2.6% o 2.7% para este año y una cifra similar e incluso un poco menor para el próximo. Estamos más cercanos a eso que a las proyecciones del Gobierno (el Ministerio de Economía y Finanzas -MEF- estima un crecimiento de 3.5% en el 2023).
¿Qué explica sus estimaciones?
El principal problema tiene que ver con una inversión privada que no va a crecer y que incluso está en riesgo de que decrezca. Mientras no se arregle eso, las perspectivas de crecimiento van a ser malas. Dentro de factores externos vemos que las perspectivas mundiales son cada vez más pesimistas. Todos los meses salen proyecciones del FMI, Banco Mundial u Oxford y cada vez son menores para el crecimiento mundial.
¿Esta situación se extenderá al 2023?, porque asegura que el próximo año se podría crecer incluso menos...
Para el 2023 no tenemos muchos motivos para pensar que sería mejor. Porque analizando algunos elementos estaríamos por debajo de la cifra de este año. Uno de ellos es el estadístico. Este año todavía hay un impulso de la recuperación de la pandemia, con sectores como restaurantes y alojamientos creciendo al 20% o 30%, y para el 2023 ese efecto va a desaparecer. También se acabó la inversión de Quellaveco. La inversión pública deprimida con autoridades en su primer año. Los precios de los minerales también serán menores. Si se ven todas las variables, no vemos por dónde el próximo año puede ser mejor que este.
¿La situación será similar a la de este año?
En el mejor de los casos. Hasta ahora, con lo que se sabe que viene, parados en octubre del 2022, creo que hay más probabilidades de que sea igual o más bajo que este a que sea mejor.
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El mayor riesgo viene por el lado del gasto
¿Y este menor crecimiento cómo impacta en la situación fiscal del país?
En la parte de los ingresos, la expectativa es que el 2023 no crezca tanto como en este año. Por un lado, por el crecimiento en sí que se está desacelerando, pero sobre todo por el ingreso proveniente de los minerales, cuyo precio probablemente sea más bajo que en el 2022. El mayor riesgo que vemos viene por el lado del gasto, que podría estar contenido en la medida en que el presupuesto del 2023 sea razonable, pero las presiones que se tienen por el gasto van más allá del presupuesto.
¿Cuáles son esas presiones?
Por un lado están las normas que ha dado el Congreso, como el tema de la devolución del Fondo Nacional de Vivienda (Fonavi), que está en el Tribunal Constitucional, y el tema de preparación de clases, que está vigente sin ninguna acción para detenerla. Entre los dos suman el 8% del PBI, obviamente no es para un año, pero es la presión para que algo de eso se gaste en el 2023. Esto no está en el presupuesto. Quizás haya algo en la reserva de contingencia, pero no está explícito. Allí tienes un riesgo de que esto se pueda materializar.
¿Las promesas que se hacen desde el Gobierno, como en los consejos descentralizados, pueden afectar?
Esa es la típica presión interna, con una serie de promesas que hace el presidente que tampoco aparecen pintadas en el presupuesto de manera explícita. Esto no es nuevo, siempre hay promesas, y allí tiene que jugar mucho el MEF para poder controlarlas y manejarlas. Aquí estamos hablando de riesgos, no estamos hablando de crisis ni nada por el estilo. Pero el riesgo es latente.
Ya se tienen nuevamente reglas fiscales. ¿Se podrán cumplir?
Para el próximo año el presupuesto se ha hecho pegado al techo de los límites, que es algo que mencionamos en el Consejo Fiscal, que no es muy prudente, porque al menor cambio en tu proyección, tienes el riesgo de volarte la regla. Si la regla es un déficit de 2.4%, no puedes hacer un presupuesto pensando en que ese será tu resultado, porque baja el precio del cobre y ya te saliste de ese techo porque se reducen tus ingresos. Tendrías que cortar al gasto. ¿Este gobierno tiene capacidad para cortar el gasto? Difícil.
¿Hay un riesgo de incumplimiento de reglas?
Hay un riesgo de presión por las reglas fiscales. Allí tienen dos opciones si algo sale mal: o cortas el gasto o incumples la regla. Lo más fácil es incumplir la regla. Imagínate un Gobierno cortando el gasto por una regla que la gente no entiende. Si le dices a la gente que no vas a hacer una carretera por cumplir con la regla fiscal, te mandan al diablo.
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Si viene otro golpe, ningún país de Latinoamérica podrá resistirlo
Entonces el Gobierno tiene poco margen de acción para el gasto.
Exactamente. Y sobre todo cuando tienes esta incertidumbre en la que muchas de las cosas no dependen de ti sino del mundo. En este caso lo más prudente es hacer una proyección con un déficit que te dé el espacio para cualquier corrección. Hacer una proyección justamente con el límite de la regla es un riesgo adicional. Es una situación compleja, pero no es que habrá una crisis.
Pero si estamos trabajando al límite de las reglas, ¿por qué no se generará una crisis fiscal?
Es el resultado de 20 años de un manejo fiscal prudente que te ha dado una serie de herramientas que te están ayudando de alguna manera. Un manejo macroeconómico prudente, esa famosa resiliencia que hace que la economía no esté tan mal como podría estar. Por más que critiquemos el crecer al 2.5% o al 3%, por lo menos estamos creciendo, porque podríamos estar en una situación más compleja.
¿Y específicamente en el tema fiscal?
En el lado fiscal hemos tenido una serie de fortalezas durante muchos años que han hecho que nuestro ratio de deuda sobre PBI sea el más bajo de América Latina. Hemos tenido buenas calificaciones por parte de las clasificadoras de riesgo, que hacen que no tengamos un problema de deuda y que el pago de intereses sea relativamente bajo. A pesar de que está aumentando, el pago de intereses es 1.4% del PBI, lo que da espacio para otro tipo de gasto y no lleve a una situación fiscal al límite.
Pero hay un debilitamiento de la fortaleza fiscal.
Nuestra fortaleza fiscal ha permitido capear El Niño costero y la pandemia. Entre los dos deben haber sido unos 15 puntos del PBI. Es cierto que nos hemos debilitado, no somos tan fuertes como hace cuatro años, pero no somos totalmente débiles. Hemos resistido, nos hemos debilitado un poquito, pero la foto sigue siendo buena.
¿Todavía tenemos para aguantar?
Si se recupera ese manejo prudente y se siguen las líneas que se han seguido siempre podemos salir de esta. Y si el crecimiento vuelve a estar por encima del 3% o 4%, no hay ningún riesgo de tener una crisis fiscal.
¿La posición fiscal actual da para resistir un nuevo golpe fuerte, como un gran terremoto que requiere de un gasto importante?
Habría que ver qué tan fuerte es el golpe, pero la respuesta sería que no. El Fondo de Estabilización Fiscal (FEF) tiene 0.6% del PBI ahora. Antes de El Niño costero teníamos 4.5% del PBI. Si viniera un terremoto en Lima de grado 8 sería una catástrofe y es el mayor riesgo. Siempre que se pusieron lo recursos en FEF se pensaba en un terremoto, nadie pensó en una pandemia. Si viene otro golpe, casi ningún país de Latinoamérica podría resistirlo.
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Impulso Perú
¿El Consejo Fiscal ya analizó el programa Impulso Perú del MEF?
La semana pasada tuvimos una reunión para analizarlo y coincidimos con lo que muchos analistas están diciendo, que las medidas son parte de la labor usual del MEF, porque siempre está pendiente de sacar algunas normas o algunos ajustes para mejorar la competitividad de la economía. Son medidas usuales como la exoneración de impuestos (como el IGV a los alimentos), que siempre se hacen a fin de año.
¿El plan puede dar resultados?
Son 37 medidas que en su mayoría pueden estar bien encaminadas. Hay algunas que podrían hacer un poco de ruido, como esto de los bonos, que dependerá de si están bien focalizados o no. Pero en general tenemos la gran duda de si realmente las medidas pueden hacer que se dé el gran salto a crecer a tasas bastante más altas.
¿De dónde vienen esas dudas?
Son medidas que pueden hacer que la economía no caiga y un éxito de este programa puede ser que la economía en el 2023 no sea peor a la de este año, pero eso no es suficiente. La principal traba para el crecimiento es la inversión privada y la recuperación de la confianza empresarial. Eso es lo que realmente se necesita para dar el salto y este programa, a pesar del rótulo de que tiene medidas para promover la inversión privada, no está atacando el problema de fondo que es la confianza.
¿Qué hacer para recuperar la confianza?
La confianza no tiene que ver necesariamente con las políticas que hace el MEF. Tiene que ver más con el entorno político y lo que hacen otros ministerios. El típico ejemplo es el tema laboral. Mientras siga saliendo el ministro de Trabajo a decir que apoya la norma que restringe la tercerización no das las señales que necesita el sector privado, que son reglas de juego claras y estabilidad. Mientras tengas ministerios que sigan sacando normas que afectan al sector privado, las probabilidades de crecer más son muy bajitas.
El ministro Burneo afirma que una forma de generar confianza es “hacer lo que se dice”...
Sí, pero cuando le preguntas sobre la normativa laboral dice que la están estudiando. Está bien, pero que diga qué va a pasar con esas normas. Si se va a derogar o no. Ya tienen tres meses estudiándola y es hora de que se pronuncien. Es cierto eso de que parte de la confianza es hacer lo que se dice, pero el tema es qué es lo que se está diciendo. El sector privado no necesita saber que se está estudiando un tema, sino si va o no. Lo laboral es un tema, pero hay otros como la visión sobre la minería y los conflictos sociales y no hay visos de que estos se están solucionando y son claves para la inversión minera. No hay claridad.
Con todo lo que me dice, entiendo que Impulso Perú no tendrá el impacto que el MEF espera.
Sí. La probabilidad de que eso se transforme en las cifras que mencionó el ministro (Kurt Burneo), que en el 2023 se crecería 4.3% con Impulso Perú, nos parece que hay mucho optimismo. En el margen va a ayudar a que no se debilite más la economía, pero de allí a tener un impacto sobre la inversión privada ya va más allá de lo que han presentado.
¿Hay un exceso de optimismo?
Da la impresión de que están siendo demasiado optimistas y eso puede ser contraproducente porque pierdes credibilidad. Si la economía no crece 4.3% es un duro golpe para el MEF. El tema de la credibilidad es importante. Hay una línea muy fina entre generar optimismo y el riesgo de perder credibilidad.
Pero la labor de un ministro de Economía es ser optimista...
Pero la línea es muy fina. Está bien que seas optimista y creer que la economía puede crecer un poquito más de lo que todo el mundo dice, pero para todo hay un límite. Si el consenso del mercado te dice que se crecerá 2.6% y el MEF dice que será 4.3%, hay algo que no está cuadrando. Si el consenso dice 2.6% y el MEF dice que es 3% o un poquito más, eso está bien, es razonable.
El BCR ha dicho que en la inversión pública el efecto de Impulso Perú sería que no haya una caída en el 2023, sino que el crecimiento sea nulo, de 0%. ¿Cómo ven este tema?
Las medidas están orientadas a hacer seguimiento y capacitaciones a los gobiernos regionales y locales, lo cual está bien. Esto de mejorar las capacidades de los Conecta MEF también es una buena medida. Pero el problema de fondo en los gobiernos subnacionales es la alta rotación de los funcionarios, que en muchos casos no duran ni seis meses y así es difícil mejorar la ejecución.
Reactivar el Consejo Nacional de Competitividad ayudaría a recuperar la confianza empresarial
De acuerdo con Carlos Oliva, una medida que podría ayudar a recuperar la confianza empresarial es la reactivación del Consejo Nacional de Competitividad, que es un espacio de discusión de políticas públicas en el que se podrían alinear las necesidades del sector público con el privado.
Sin embargo, este consejo no se reúne desde el 2019, año en que se publicó el Plan Nacional de Competitividad y Productividad.
“Allí tienes un espacio de debate y eso puede hacer que se mejore la confianza. Las cosas que debaten allí y los acuerdos se llevan a la práctica, no hay mejor manera de aumentar la confianza, más allá de las cosas que están en el Plan Impulso Perú. Ayudaría a alinearlo a lo que quiere el sector público, porque hay unos 11 ministerios que participan allí”, dijo Oliva.
Sin embargo, reconoció que el actual plan de competitividad, que se encuentra en proceso de actualización, solo tiene un avance del 40% a más de tres años de su publicación. Los avances, principalmente, han sido normativos y no tanto en su implementación práctica.
Puso como ejemplo el chatarreo, en el que si bien se aprobó la norma correspondiente, hasta el momento “no se ha chatarreado” ni una bicicleta”. Situación similar ocurrió con la Ventanilla Única Digital para la Minería, cuya norma se publicó, pero hasta el momento no se ha implementado.
“Más allá de las medidas en sí, es el hecho de tener el espacio de comunicación público-público y público-privado. Te permite ir generando la sensación de que tienes un rumbo como Gobierno. Ojalá lo puedan retomar”, enfatizó.