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En el 2017, la concesionaria Chavimochic demandó al Estado por el retraso en la entrega de terrenos para la tercera etapa del proyecto de irrigación Chavimochic (La Libertad). De hecho, la concesionaria (integrada por las empresas Novonor, ex-Odebrecht y Aenza, ex Graña y Montero) solicitaba una compensación de US$ 118 millones.
Más de cinco años después, se conoció el laudo arbitral (bajo reglas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional - CNUDMI). El laudo resolvió -entre otros- la caducidad anticipada del contrato de concesión “por causales imputables a ambas partes”.
Asimismo, estableció que el Estado pague al concesionario US$ 25.3 millones; pero a su vez que el Estado pueda ejecutar el 70% de la Garantía de Fiel Cumplimiento (que tenía como objetivo respaldar el correcto cumplimiento por parte del contratista) o el monto de US$ 25.06 millones.
A eso se suma que podrá retener el 10% del monto que le corresponda pagar al concesionario en aplicación del DU 003/2017 y sus normas complementarias y consecutivas.
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Gestión conversó con la procuradora pública, Katty Aquize Cáceres, quien dio a conocer que la concesionaria presentó dos pedidos: de exclusión y de integración ante el Tribunal Arbitral. “La concesionaria no ha sido muy transparente. En tres reuniones nos dijo: “no voy a presentar ningún recurso contra el laudo”. Pero luego nos dicen que sí, y presentan no solo uno, sino dos”, comentó.
Esto significa -dijo Aquize- que se activan plazos que aún no permitirán que el laudo quede consentido (esos plazos se extienden hasta el 13 de enero, agregó). “El contrato ya está terminado, lo que pasa es que para que se pueda ejecutar el laudo tiene que quedar consentido”, dijo.
Aunque no detalló -por confidencialidad- lo que traen consigo dichos escritos, explicó que básicamente se pide la integración o exclusión -según cada caso- de puntos no considerados o tomados en cuenta en el laudo (en el caso del de exclusión, adelantó están relacionados a temas económicos).
Judicialización
Un tema que comentaron diferentes expertos cuando se conoció el laudo fue que existe la puerta para que se pueda judicializar, es decir, llevar el caso al Poder Judicial para pedir su anulación.
Aquize refirió que desde el lado del Estado esta posibilidad no se contempla, pues “el laudo es favorable” para el país. Pero, la concesionaria sí podría hacerlo, y es una potestad de esta decidir.
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“Bajo condiciones”
En este contexto, la procuradora comentó que la concesionaria ha presentado un proyecto de acta en el que dice que retiraría los dos recursos presentados y se comprometería a no presentar un recurso de anulación ante el PJ, “pero bajo condiciones”.
“Esas condiciones son las que tenemos que evaluar detallada y detenidamente. Porque nada de lo que se pueda firmar debe estar fuera del marco de lo que es, en primer lugar, el laudo arbitral. En segundo lugar, el contrato mismo, porque tiene sus reglas. Y, en tercer lugar, las normas legales vigentes”, remarcó.
Aquize mencionó que la concesionaria está pidiendo que haya una actualización de montos reconocidos en el laudo; una extinción de obligaciones; y que no se le aplique la Ley N° 30737, que es la consecutiva del DU 003/2017, es decir, que no se aplique la retención del 10%. “Es la ley que asegura el pago de reparaciones civiles para casos de corrupción”, dijo la procuradora.
“No (quiere que se aplique la ley) porque dice que no tuvo un margen neto de ganancia en los últimos dos años”, anotó Aquize. Sobre este último punto, la procuradora detalló que recibirán apoyo del Ministerio de Justicia.
Gestión intentó buscar la versión de la concesionaria, pero no se tuvo respuesta al cierre de esta edición.
No se puede cuestionar el fondo
¿Es posible el pedido de anulación del laudo? Si bien -tal como dijo la procuradora- es potestad de la concesionaria optar o no por esta ruta, lo cierto es que se deben seguir ciertos procesos.
Ricardo Ampuero, experto en arbitraje, explicó que aún con un pedido de anulación, no se suspende de forma automática la ejecución del laudo. “Los laudos son de obligatorio cumplimiento desde el momento que se notifica a las partes”, remarcó.
En esta línea, Adrián Simons, abogado procesalista experto en litigio judicial y arbitraje, detalló que en un pedido de anulación no se puede cuestionar el fondo de la controversia: “No se puede poner en tela de juicio los criterios que usó el tribunal para resolver el problema”.
Aun así, Ampuero agregó que las normas permiten que se solicite expresamente declarar la suspensión del laudo, pero para eso se deben seguir ciertos requisitos y cuando se trata de un arbitraje que involucra al Estado, se tiene que presentar una fianza para garantizar que se cubra cualquier daño.
A tomar en cuenta
Avance. Esperan que informe sobre el estado situacional de Chavimochic esté listo antes del 13 de enero. Hasta ahora se conoce que el avance del proyecto es de 70%, quedando pendiente la presa Palo Redondo.
Acciones. Aun cuando el laudo no está consentido, la procuradora dijo que la semana pasada entraron a la obra especialistas del Programa Subsectorial de Irrigaciones; y se está trabajando para que haya un comité de recepción de obra.