Los impactos de las agencias de calificación crediticia (ACR), la regulación estadounidense y la peruana

Usualmente asignamos al sistema bancario una importancia central dentro del sistema financiero; efectivamente la tiene. Este debe ser profundo —dimensión relativa en cuanto a depósitos y préstamos—, eficiente con reducidos márgenes de intermediación y que contribuya a la estabilidad. Sin embargo, generalmente soslayamos la relevancia de las agencias de calificación crediticia (ACC) y de riesgo que no solo coadyuvan a la facilitación de operaciones de las instituciones crediticias, de las empresas en general, pero pueden afectar negativamente la operación del sistema macroeconómica como un todo.

El documento que da origen a esta nota analiza el papel de las agencias de calificación crediticia y evidencia cómo sus metodologías pueden profundizar desigualdades estructurales, especialmente en los países del Sur Global. El análisis muestra que la presión por mantener o mejorar las calificaciones soberanas puede favorecer políticas de austeridad y recortes en salud, educación, protección social y cuidados, trasladando mayores responsabilidades hacia los hogares y, de manera desproporcionada, hacia las mujeres.

Se plantea la necesidad de avanzar hacia marcos de calificación alternativos que incorporen la inversión social, la resiliencia climática, la igualdad de género y el desarrollo sostenible como dimensiones relevantes para evaluar la sostenibilidad económica de los países. La primera parte de esta nota se deriva del estudio elaborado por María Syed para Latindadd —una red regional por la justicia económica, social y ambiental—. Este se publicó en septiembre de 2026. https://latindadd.org/

Funciones

Según Syed las ACC actúan como puente entre prestamistas y prestatarios al reducir la asimetría de la información mediante el suministro de información sobre los emisores o prestatarios de bonos y otros instrumentos de deuda y valores de renta fija. La principal preocupación es la solvencia del prestatario, es decir, la capacidad de un Estado o una empresa para cumplir con sus obligaciones de deuda. Tras evaluar la situación financiera, política y económica del prestatario, las ACC emiten su opinión o valoración en forma de calificación; Sin embargo, estas además de transmitir información, influyen en las decisiones de los inversores y en las tasas de interés que los Estados del Sur Global deben pagar.

Las ACC ejercen un poder cuasi-regulador en los mercados de capitales mundiales. Las tres agencias dominantes, Moody’s, S&P Global Ratings y Fitch Ratings, controlan más del 94 % de las calificaciones crediticias en circulación, formando una estructura oligopolística altamente concentrada.

Su influencia es especialmente significativa para los países del Sur Global, donde el acceso al financiamiento externo se ve condicionado por evaluaciones que pueden reforzar la prociclicidad, favorecer el ajuste fiscal a corto plazo y penalizar las perturbaciones exógenas, como los cambios en las reglas fiscales —que suelen traducirse en una disminución del gasto público—, las vulnerabilidades climáticas o la reestructuración de la deuda.

Crisis 2007-2008

Las ACC desempeñaron un papel desafortunadamente significativo en la crisis financiera de 2007-2008, y fueron objeto de fuertes críticas por su contribución a su gravedad. Subestimaron el riesgo crediticio, incluidas las notas AAA a miles de valores relacionados con hipotecas de alto riesgo (subprime) prácticamente sin valor. Si bien sus altas calificaciones iniciales contribuyeron al auge del mercado, sus posteriores rebajas causaron estragos en los mercados y las empresas, lo que provocó pérdidas masivas.

La crisis puso de manifiesto el conflicto de intereses estructural inherente al modelo de negocio de emisor-pagador, en el que las ACC son contratadas y remuneradas por las mismas entidades que evalúan, generando preocupaciones sobre posibles sesgos al alza en las calificaciones con el fin de preservar relaciones comerciales y asegurar la continuidad del negocio. Un informe del Congreso de los EE.UU concluyó que las dos calificadoras más importantes desencadenaron la crisis al verse obligadas a rebajar esas calificaciones infladas, destacando su incapacidad para divulgar adecuadamente los riesgos y su lentitud a la hora de reaccionar.

Economías en desarrollo

Syed anota que, para los países en desarrollo, una amplia gama de perturbaciones exógenas —desde crisis económicas y financieras hasta desastres climáticos, pandemias y reestructuraciones de la deuda— constituyen un canal dominante a través del cual las rebajas de las calificaciones de riesgo, o la advertencia de una rebaja inminente, se traducen en tipos de interés más altos y condiciones de financiación más restrictivas. Las economías emergentes y en desarrollo representaron más del 95 % de las rebajas de calificación soberana en 2020.

Esta dinámica está vinculada estructuralmente a la jerarquía monetaria internacional, en la que las monedas emitidas por los países en desarrollo ocupan posiciones subordinadas en relación con las principales monedas de reserva. Esto se debe a que las economías en desarrollo, que dependen en mayor medida del financiamiento externo, están más expuestas a las presiones sobre la balanza de pagos y los tipos de cambio, y tienen menos capacidad para obtener préstamos internacionales en sus propias monedas en condiciones favorables, lo que hace que las acciones de calificación soberana tengan consecuencias especialmente punitivas.

Aumentan vulnerabilidad

Las rebajas de calificación no solo reproducen y aumentan la vulnerabilidad, también pueden reforzar un orden financiero jerárquico en el que los Estados periféricos se enfrentan a costos de financiamiento cíclicamente más elevados, salidas de capital más pronunciadas y un margen de maniobra fiscal más reducido en tiempos de crisis.

Si un Estado soberano pierde su calificación de grado de inversión, puede enfrentarse a una ola de ventas masivas, con la salida de capitales y el desencadenamiento de una cadena de dolorosas consecuencias económicas derivadas de la depreciación de la moneda, el aumento de la factura de las importaciones, la reducción de las reservas de divisas y el aumento de las presiones inflacionarias.

Por lo tanto, con el fin de prevenir la inestabilidad económica nacional y posibles crisis y recesiones, los emisores soberanos, especialmente en el Sur Global, suelen hacer lo que sea necesario para mantener su calificación de grado de inversión o una relativa estabilidad en las calificaciones de riesgo, con el fin de proteger su posición macroeconómica y, a su vez, el coste del capital que se les asigna.

Mayores impactos

Syed señala que evitar calificaciones negativas suele conducir a un conjunto de decisiones difíciles impulsadas por lo que las ACC consideran positivo para una calificación —basadas en su concepción estándar de la economía—, con frecuencia denominado programa de consolidación fiscal. La contracción del gasto público y la reducción de la deuda se consideran una señal positiva. Esto empuja a los gobiernos hacia medidas de austeridad, que inevitablemente implican recortes en los servicios públicos y la reducción de los presupuestos. Esto afecta de manera desproporcionada a la salud, la educación, las redes de protección social y la inversión en infraestructuras públicas.

Las medidas de austeridad pueden agravar las desigualdades existentes, ya que quienes más dependen de los servicios públicos suelen ser los estratos de población más pobres y vulnerables. En última instancia, los recortes en educación, salud e infraestructura obstaculizan el potencial de desarrollo a largo plazo de un país, atrapándolo en un ciclo de subinversión y dificultando que las comunidades prosperen.

El problema fundamental es que las ACC priorizan la estabilidad financiera a corto plazo por encima del desarrollo a largo plazo, el crecimiento económico sostenible o el bienestar social. Pueden amplificar los problemas económicos existentes y empujan a los países a tomar decisiones difíciles que empeoran las condiciones sociales, en lugar de reflejar verdaderamente la capacidad de un país para prosperar. Sye destaca el mecanismo de transmisión de los impactos socioeconómicos adversos que socavan aún más las perspectivas de crecimiento a largo plazo de un país y su capacidad fiscal, al tiempo que refuerzan el ciclo de riesgo percibido y las rebajas de calificación.

Regulación EE.UU

La regulación de las agencias calificadoras de riesgo (NRSRO) se estableció durante la presidencia de Barack Obama —como respuesta a la crisis financiera internacional—a través de la Ley Dodd-Frank de Reforma de Wall Street y Protección al Consumidor, promulgada en julio de 2010 y su implantación y seguimiento corresponde a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). La ley comprende en este caso cuatro temas: i) Mitigación de conflictos de interés; transparencia y divulgación pública; controles internos y rendición de cuentas; y valores respaldados por activos.

Dentro de la mitigación de conflictos de interés se establece la prohibición estricta de que el personal de ventas y marketing participe en la determinación de las calificaciones crediticias; El salario de los analistas y del Oficial de Cumplimiento no puede depender del rendimiento financiero de la calificadora o de las ventas de sus servicios; se obliga de divulgar de forma transparente la información de los productos financieros estructurados para permitir que otras agencias emitan calificaciones no solicitadas; y las NRSRO deben notificar a la SEC si algún alto ejecutivo o analista se emplea con un cliente emisor que fue calificado por la agencia en el año previo.

Transparencia y controles

En cuanto a transparencia y divulgación pública se exige la entrega obligatoria de una certificación anual (y actualizaciones inmediatas ante cambios materiales) detallando estadísticas de desempeño, número de notas vigentes y posibles conflictos; la publicación de datos comparables e históricos sobre la precisión de sus calificaciones y las tasas de incumplimiento de los instrumentos que evalúan; y aunque la SEC tiene prohibido por ley dictaminar o intervenir en los modelos matemáticos y metodologías de calificación, sí exige que los criterios aplicados se divulguen de manera clara, comprensible y estandarizada para inversionistas de todo nivel de sofisticación.

Por último, en cuanto a controles internos y rendición de cuentas se creó una Oficina de Calificaciones Crediticias (OCR) especializada encargada de realizar exámenes exhaustivos anuales a cada NRSRO; se obliga a establecer, mantener y documentar un sistema robusto de políticas operativas para prevenir fraudes, violaciones de ley y asegurar la aplicación consistente de sus metodologías; y la obligación anual de presentar ante la SEC un informe que certifique el cumplimiento del código de ética y la efectividad de las directrices internas.

Regulación peruana

Mientras en EE.UU la función supervisora y regulatoria es muy relevante; en el Perú sigue notoriamente estando atrás y parece retroceder en el tiempo. A las ACC solo se les exige el registro ante la Superintendencia de Mercado de Valores. Como un hecho particular se anota que desde julio de 2026 las empresas clasificadoras de riesgo deben adjuntar un ejemplar de la(s) metodología(s) de clasificación para cada tipo de empresa del sistema financiero, para las empresas de seguros y cooperativas, en el que se detalle los criterios técnicos, ratios y ponderaciones correspondientes (¿y las que correspondan a evaluaciones de otros sectores?).

También las empresas clasificadoras de riesgo, las empresas del sistema financiero y las empresas de seguros deben publicar la clasificación definitiva en su página web oficial, dentro de los cinco días útiles posteriores a su emisión. Esta información debe estar a disposición del público por un periodo no menor de cuatro años desde su publicación.

Esta publicación deberá comprender la identificación de la empresa clasificada y clasificadora; la clasificación asignada indicando la descripción de la categoría y si hubiere, la subcategoría. Por último, deben señalar que la clasificación expresa una opinión independiente sobre la capacidad de las empresas del sistema financiero y de las empresas de seguros de administrar riesgos.