Reformas del sistema previsional soslayadas

Por: Jorge Guillén. Profesor de ESAN Graduate School of Business.

Ante la posibilidad de un nuevo retiro de los fondos de pensiones, vuelve a aparecer una pregunta que el debate político peruano parece postergar una y otra vez: ¿qué está pasando con la reforma estructural del sistema previsional?

Los retiros se han convertido en una respuesta recurrente frente a las dificultades económicas de los afiliados. Sin embargo, cada nuevo retiro desnaturaliza progresivamente el objetivo fundamental de un sistema previsional: garantizar ingresos adecuados durante la jubilación. Seguimos discutiendo cómo retirar los fondos, pero no cómo construir un sistema más sólido, competitivo y sostenible.

Cabe preguntarse qué reformas pretende impulsar el actual gobierno de Keiko Fujimori. Después de los primeros meses de gestión, sería importante conocer si existe una agenda económica de largo plazo y, particularmente, si se está promoviendo un verdadero diálogo con la academia y especialistas en políticas públicas. Todo parece indicar que esto no es cierto.

Durante los últimos gobiernos hemos observado, con diferentes matices, una dinámica similar: respuestas coyunturales, una limitada capacidad para construir consensos de largo plazo y una escasa incorporación de nuevas ideas provenientes de la academia. Un país que pretende realizar reformas estructurales no puede limitarse a reproducir permanentemente las mismas fórmulas y los mismos actores.

El sistema previsional es un buen ejemplo.

Una reforma seria debería abordar cobertura, suficiencia de las pensiones, competencia, costos, rentabilidad y, sobre todo, la alineación de incentivos entre las administradoras y los afiliados.

El afiliado asume directamente el riesgo de mercado de sus fondos. Cuando los mercados suben, su patrimonio aumenta; cuando caen, disminuye. La pregunta es si la estructura de comisiones genera suficientes incentivos para que la administradora comparta, al menos parcialmente, los resultados de su gestión.

No se trata de que una AFP garantice que el fondo nunca pierda dinero. Eso podría generar incentivos para adoptar estrategias excesivamente conservadoras. La cuestión es otra: si el afiliado asume el riesgo de inversión, ¿por qué la remuneración de la administradora no debería estar parcialmente vinculada al rendimiento obtenido para él? Los mecanismos de comisión por resultados y rendimiento mínimos no aclaran este problema.

Una comisión vinculada al desempeño permitiría acercar ambos intereses. Si el administrador obtiene resultados superiores a un determinado benchmark, podría recibir una remuneración adicional; si su desempeño es persistentemente inferior, debería existir algún mecanismo que reduzca su remuneración o genere una compensación para el afiliado.

También debería discutirse la estructura del mercado. No debería descartarse, sin prejuicios ideológicos, la posibilidad de una AFP estatal que compita bajo las mismas reglas de transparencia, solvencia, gobierno corporativo y supervisión que los administradores privados. La discusión no debería ser público versus privado, sino qué estructura genera mayor competencia, menores costos y mejores incentivos para el afiliado.

Al mismo tiempo, el debate previsional no debería quedar atrapado entre el populismo de los retiros y la defensa de intereses empresariales. Las AFP buscan legítimamente rentabilidad para sus accionistas; el problema aparece cuando la regulación no consigue alinear adecuadamente esos incentivos con los intereses de quienes aportan al sistema.

Existe, además, un riesgo institucional: la utilización de los fondos previsionales para enfrentar decisiones políticas de corto plazo. Un sistema de pensiones necesita credibilidad, estabilidad y protección frente a presiones coyunturales.

El Perú lleva más de tres décadas discutiendo su sistema previsional. Sin embargo, seguimos regresando al mismo punto: retiros, comisiones y AFP, mientras queda pendiente la pregunta fundamental: ¿qué sistema previsional queremos construir para los próximos treinta años?

La respuesta requiere menos improvisación y más diseño institucional: competencia, transparencia, incentivos adecuados y protección del ahorro previsional.

La discusión no debería ser cuánto podemos retirar hoy, sino cómo garantizar que nuestros fondos permitan financiar una mejor jubilación mañana.

Esa es la reforma que todavía tenemos pendiente.