¿Debe el voto en el Perú seguir siendo obligatorio?

Por: Sandor Lukacs de Pereny. Profesor de ESAN Graduate School of Business.

En nuestro país, el voto no es solo un derecho, sino también es una obligación legal para la mayoría de ciudadanos. La regla actual está en el artículo 31 de la Constitución, que señala que el voto es personal, igual, libre, secreto y obligatorio hasta los 70 años; a partir de esa edad, pasa a ser facultativo. La Ley Orgánica de Elecciones refuerza esta premisa y precisa que están obligados a votar los peruanos mayores de 18 años con derechos civiles vigentes.

Aunque hoy esta norma parece natural, no siempre fue así. Durante buena parte de la historia republicana, el voto en el Perú fue restringido y no obligatorio. En el siglo XIX, solo podían votar ciertos hombres que cumplían requisitos como saber leer y escribir, tener propiedad, ejercer una profesión o pagar impuestos. Con el paso del tiempo, esas barreras fueron desapareciendo. El llamado sufragio censitario terminó cuando el derecho a votar dejó de depender del pago de tributos, y más adelante el país amplió el sufragio a las mujeres y a las personas que no sabían leer ni escribir.

Un dato importante es que la obligatoriedad del voto fue instaurada desde la Constitución de 1979. Es decir, durante los primeros 110 años de vida constitucional del país, el voto fue reconocido como facultativo. Luego, la Constitución de 1993 mantuvo el modelo de sufragio universal y obligatorio que sigue vigente hasta hoy.

La ampliación del derecho al voto fue gradual. La Constitución de 1933 reconoció el sufragio femenino, aunque solo para elecciones municipales. Después, en 1955, el derecho se extendió a las elecciones generales y las mujeres peruanas votaron por primera vez en una elección presidencial en 1956. Más tarde, la Constitución de 1979 eliminó la exigencia de saber leer y escribir y redujo la edad para votar de 21 a 18 años. Así, el voto peruano dejó de ser un privilegio de pocos y pasó a ser un derecho ciudadano amplio.

Hoy, el debate no gira tanto en torno a quién puede votar, sino si en el Perú se debe seguir obligando a hacerlo. Quienes defienden el voto obligatorio creen que esta regla sigue siendo útil en una democracia frágil como la nuestra. Su argumento central es sencillo: si votar fuera opcional, podrían participar sobre todo los grupos más organizados, más ideologizados o con más recursos, mientras que otros sectores quedarían menos representados. En cambio, con la obligación legal, la participación se extiende a un universo social más amplio.

Este punto no es menor en un país donde la confianza en la política es baja. Una de las preocupaciones principales es que, en contextos de debilidad democrática, el voto voluntario puede ser aprovechado y/o manipulado por grupos o maquinarias capaces de movilizar selectivamente a sus electores. Es así que, si vota menos gente, el resultado puede reflejar mejor a las minorías organizadas que al conjunto del país.

Sin embargo, también existe una posición contraria. Los defensores del voto facultativo consideran que una democracia debe respetar plenamente la libertad del ciudadano, incluso su derecho a no votar. Desde esta mirada, obligar a una persona a acudir a las urnas bajo amenaza de multa debilita el sentido libre del sufragio. Además, recuerdan que la obligación no garantiza un voto informado, muchas personas pueden votar solo para evitar la sanción, hacerlo sin interés o terminar votando en blanco o viciando su cédula. En ese contexto, si para la gran mayoría de peruanos ya resulta todo un reto votar utilizando un padrón con 36 candidatos con distintos símbolos, caras y colores. Entonces, es altamente probable que el número de votos nulos podría incrementarse.

Para las Elecciones Generales de 2026, el padrón electoral del Perú incluye 27 325 432 ciudadanos habilitados para votar. Asimismo, la RENIEC informó que 2.627 millones de peruanos mayores de 70 años tienen voto facultativo. De ese total, 53.8% son mujeres y 46.2% hombres; además, 96.1% viven en el país y 3.9% en el extranjero. Solo en Lima se concentra la mayor cantidad de votantes facultativos, con 895,032 personas, seguida por La Libertad con 152,505, Piura con 139,899, Arequipa con 123,402 y Cajamarca con 118,703. Incluso hay 8,094 adultos mayores de cien años habilitados para votar. Estas cifras muestran que el debate no es abstracto ya que involucra a millones de ciudadanos.

En la región conviven varios modelos, en total 26 países del mundo mantienen alguna forma de voto obligatorio y 11 de ellos están en América Latina. Algunos países, como Colombia, El Salvador, Guatemala, Panamá o Venezuela, tienen voto voluntario. Otros, como México, Honduras y Costa Rica, mantienen una obligación más simbólica, sin sanciones fuertes.  En países como Argentina, Bolivia, Brasil, Uruguay y Perú, el voto obligatorio viene acompañado de multas o restricciones administrativas.

¿Solo deberían votar quienes pagan impuestos?

En medio de esta discusión aparece a veces una propuesta más dura que solo deberían votar quienes pagan impuestos. A primera vista, la idea puede parecer razonable para algunos, porque parte de una lógica simple: quien financia al Estado debería tener mayor poder para decidir sobre él. Pero esa propuesta tiene serios problemas legales, históricos y democráticos.

El primer problema es constitucional. En nuestro país el derecho al voto no depende de la riqueza, la propiedad ni la condición tributaria del ciudadano. La Constitución reconoce un voto igual para todos los ciudadanos en goce de su capacidad civil. Por eso, convertir el pago de impuestos en un requisito para votar rompería el principio de igualdad política. No habría ciudadanos “de primera” y “de segunda” según cuánto tributen.

El segundo problema es práctico. La separación entre quienes “pagan impuestos” y quienes “no pagan impuestos” no es tan clara como suele decirse. No todos pagan impuesto a la renta, pero casi todos aportan al Estado cuando compran bienes y servicios mediante impuestos indirectos, como el IGV. En otras palabras, incluso una gran parte de la población de menores ingresos contribuye al sostenimiento del Estado en su vida diaria.

Y hay un tercer problema: la historia. Limitar el voto por razones económicas recuerda al antiguo sufragio censitario, que precisamente fue abandonado porque concentraba el poder en quienes tenían más recursos y dejaba fuera a grandes sectores de la sociedad. Volver a una fórmula parecida sería un retroceso institucional.

En un futuro se espera que sí se pueda debatir si conviene mantener el voto obligatorio o pasar a uno facultativo en el Perú. Esa es una discusión legítima. Pero restringir el sufragio solo a quienes pagan impuestos no aparece como una salida viable. El voto en el Perú pasó de ser un privilegio restringido a convertirse en un derecho universal y obligatorio para los mayores de 18 años hasta los 70. Para 2026, más de un millón de personas analfabetas estarán habilitadas para votar — un avance que refleja una democracia más inclusiva, aunque aún atravesada por profundas desigualdades sociales y territoriales. Por ello, el debate no debería centrarse en excluir votantes, sino en garantizar una participación más informada, representativa y justa.