Redacción Gestión

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Marco Alva Pinomalva@diariogestion.com.pe

En muchas ocasiones, las demoras en atender los pedidos de levantamiento del secreto bancario por parte de las instituciones financieras obstaculizan las investigaciones sobre lavado de activos realizadas por el Ministerio Público, manifestó a Gestión, Sergio Espinosa, jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

El funcionario anunció que la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), de la cual forma parte la UIF, viene preparando un reglamento que establece plazos, obligaciones y sanciones a los bancos con el objetivo de acelerar el acceso a la información de las cuentas de sus clientes.

"Según el Ministerio Público, las respuestas a estos pedidos demoran entre seis y 12 meses", mencionó.

El proyecto que se viene elaborando establece un plazo máximo de 15 días para que los bancos atiendan los pedidos de levantamiento del secreto bancario, tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público.

"Actualmente recibimos el pedido del Poder Judicial y lo transmitimos a los bancos y cajas para que respondan directamente", añadió.

Asimismo, esta iniciativa contempla multas para las entidades bancarias que no cumplan con nombrar a un oficial de cumplimiento responsable de emitir los reportes de operaciones sospechosas de lavado de activos.

Espinosa estimó que este mes se publicará la propuesta en la página web de la SBS para recibir opiniones. "Pero primero debe ser aprobado por todas las instancias de esta institución", acotó.

El funcionario insistió en su pedido de que la UIF acceda al secreto bancario y a la reserva tributaria durante la presentación ante la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana del Congreso.

Otra tarea pendiente para la UIF es el establecimiento de un marco regulatorio para el congelamiento de fondos en casos de lavado de activos y de financiamiento del terrorismo.

"Existe a nivel internacional el compromiso de congelar los fondos de aquellas personas que estén incluidas en listas aprobadas por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, como, por ejemplo, de los miembros de Al Qaeda", explicó.

El mecanismo para cumplir esta norma no existe en el Perú, pero es una obligación que nuestro país ha asumido y que tiene que implementar, finalizó.