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El Gobierno de Perú destinará S/ 31.9 millones (unos US$ 9.6 millones) para atender, con proyectos productivos y de infraestructura, a 319 comunidades y organizaciones de desplazados por la violencia interna que golpeó al país entre 1980 y 2000.
La medida fue autorizada por el Ejecutivo mediante un decreto de urgencia y será implementada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MinjusDH), en cumplimiento del Plan Integral de Reparaciones establecido por el Estado.
Los programas favorecerán a 319 comunidades y organizaciones de desplazados “no retornantes” afectados por el periodo de violencia interna, según precisó este sábado un comunicado oficial.
Con estos recursos públicos se implementarán 319 proyectos, entre ellos 184 productivos y 135 de infraestructura, en comunidades y organizaciones de las regiones Junín, Ayacucho, Huánuco, Puno, Pasco, San Martín, Huancavelica, Apurímac, Piura, Cusco, Ancash, Lima, Cajamarca, Ucayali y La Libertad.
El Ministerio de Justicia detalló que, hasta el momento, el Estado ha atendido, con reparaciones colectivas, a 2,812 comunidades y 29 asociaciones de desplazados del país con unos S/ 287 millones (US$ 86.9 millones).
Con esto se ha permitido que esas comunidades, en su gran mayoría alto-andinas y en situación de extrema pobreza o pobreza, combatan la anemia, mejoren sus niveles de producción, articulen sus comunicación con el mercado local con la construcción de trochas, puentes y pontones, y fortalezcan sus capacidades organizativas.
La información oficial remarcó que “con la implementación del programa de reparaciones colectivas se busca reconstruir los lazos comunitarios y las capacidades productivas y de desarrollo de los colectivos afectados”.
La coordinación con las comunidades y organizaciones inscritas en el Registro Único de Víctimas (RUV), está a cargo de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (SE-CMAN), encargada de coordinar y supervisar la implementación del Plan Integral de Reparaciones, en coordinación con los gobiernos locales.
Según el procedimiento, una vez que se identifica a la comunidad afectada, la SE-CMAN impulsa espacios para la elección de los proyectos a implementar de acuerdo a la historia local, la situación actual, las expectativas, el conocimientos y los saberes locales.
Posteriormente, se da asistencia técnica a los gobiernos locales que, como entidades ejecutoras, elaboran los expedientes técnicos que, una vez aprobados, reciben las transferencias financieras para la ejecución de los proyectos.
La SE-CMAN se encarga del seguimiento de la ejecución de los proyectos hasta su culminación y entrega, en coordinación con los municipios y comités de gestión y vigilancia local.
“En este proceso se mantiene un diálogo constante con los colectivos, desarrollando procesos de reconocimiento por los daños sufridos”, remarcó la información oficial.
El Registro Único de Víctimas ha acreditado, hasta abril de este año, un total de 249,535 personas individuales y comunidades afectadas por el periodo de violencia que vivió el país entre 1980 y 2000.
De ese total, 228,021 corresponden a víctimas individuales, 5,712 a comunidades, 138 a organizaciones de desplazados no retornantes y 15,115 a beneficiarios especiales de reparaciones en educación (Rebred).
El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) concluyó en 2003 que en Perú hubo más de 69,000 víctimas mortales entre 1980 y 2000, causadas en su mayoría por el grupo terrorista Sendero Luminoso.
