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Dos proyectos de ley presentados por los congresistas Luis Simeón (Acción Popular) y Marcos Pichilingue Gómez (Fuerza Popular) permitirían la renovación automática hasta por 10 años de las autorizaciones de todas las rutas de buses y combis en Lima y Callao. Del mismo modo, se pretende dar espacio a representantes del gremio de transportistas dentro de la Autoridad de Transporte Urbano (ATU).
La iniciativa legislativa N° 6306/2020-CR de Simeón de Acción Popular propone renovar, de manera automática y durante 10 años, las autorizaciones de las empresas de transporte público. Además, apunta en que durante los tres primeros años de prórroga extraordinaria quede suspendida la facultad de la ATU para otorgar concesiones en esas rutas.
El segundo Proyecto de Ley, a cargo de Pichilingue de Fuerza Popular, propone que las autorizaciones emitidas, brindadas en su momento, por las municipalidades de Lima y Callao se prorroguen de manera automática por 6 años. Del mismo modo, plantea la presencia de un representante del gremio de transportistas en la mesa directiva de la ATU.
Reacciones
Al respecto, el expresidente de Protransporte, Gustavo Guerra García cuestionó las propuestas mencionadas porque generan demasiada rigidez y congelarían la situación actual de las autorizaciones de servicio por 10 años, lo cual no tendría mucho sentido a su parecer.
“Lo que se podría hacer es que cada ciudad diga en los próximos 10 años en qué avenidas tendrá concesiones para que sean separadas y se prorroguen las autorizaciones por un plazo razonable, pero si se aprueba la norma tal y como está, lo que se puede generar es la imposibilidad de las reformas por un plazo de 10 años”, dijo a Gestión.pe.
Agregó que los legisladores deben coordinar con la ATU para que la ciudad tenga planes y reforma de reestructuración. “En general, me parece que esta ley podría introducir rigideces extremas e innecesarias. Mejor sería que las autoridades hagan licitaciones y concesiones por lo menos 10 años, eso tendría sentido, así como no seguir con el modelo de autorizaciones administrativas”.
Guerra García afirma que es positivo que el Congreso quiera brindar estabilidad jurídica a las autorizaciones de servicio, pero cuando son muy largas tienden a complicar.
Por su parte, el presidente de la ONG Luz Ámbar, Luis Quispe Candia, manifestó que ambos proyectos ponen en peligro la implementación de un servicio integrado de transporte en Lima y que sería grave una ley que se contraponga a la ATU.
“Hay una presión clara de los transportistas de extender su periodo de autorización por 10 años en Lima. Sería un retraso absurdo postergar 10 años más la tarea de la ATU”, señala.
Lima es única capital de Sudamérica que no cuenta con un sistema integrado de transporte. Antes de la pandemia, una persona perdía hasta tres horas y media por día en llegar a su destino, ahora por efectos de la misma, se ha reducido a dos horas y media. Sin embargo, Quispe Candia señala que con el nuevo sistema que promoverá la ATU, una persona empleará la mitad de tiempo, es decir se podrá movilizar en hora y media.
Para ello, es importante que la ATU sea más proactiva, indica. “Tienen que convocar a licitación para que haya 5,000 buses, hoy solo tenemos 787. Los inversionistas van a venir porque con la Ley 30900 existirá un subsidio por parte del Estado, es decir que cualquier empresa recibirá parte del pasaje y será rentable”, asegura.
Reiteró que este Proyecto de ley no debería aprobarse por razones técnicas y porque el transporte tradicional no está en condiciones para atender a Lima. En la actualidad, existe un régimen comisionista y afiliado, en el cual una persona que es titular de la ruta, sin necesidad de tener unidades propias, convoca a cualquier conductor para que la utilice.
Se estima entre S/20 y S/150 diarios el alquiler de la ruta. Son solo 350 empresas, pero existen 24,000 combis y coaster que generan el caos vehicular, informalidad y deterioro social. “Para ellos es más fácil el negocio de cada vehículo antes que hacer transporte”, detalla.
En tanto, el presidente de la ONG Transitemos, Alfonso Flores señala que este es un nuevo intento de continuar en la informalidad. “Como fracasó la propuesta de formalizar a los colectiveros, ahora quieren mantener las combis por 10 años, bajo el argumento de evitar el desabastecimiento del servicio de transporte, pero ello no tiene sustento en un estudio”.
Considera que en el sistema de transporte urbano no se deben colocar las necesidades del empleo, porque es un segmento técnico. “Si estamos así es porque se usa el transporte como solución al desempleo y ello debe mejorarse en otros ámbitos”.
Por último, Guerra García explica que debido a la caída de demanda de pasajeros en un 30%, se ha generado cierta incertidumbre y para ello se podría cambiar el modelo existente en el Perú.
“En países como Chile, las autoridades compran la flota, los operadores realizan el transporte y el Estado compra los patios, ello genera que no haya una incertidumbre sobre la demanda y genera menos daño. Pero si se tiene el modelo convencional, es obvio que esperarán que la demanda vuelva a su nivel para remodelar y lanzar otros procesos”, concluye.
