Vladimir Cerrón es investigado por la presunta comisión del delito lavado de activos en agravio del Estado. Foto: Andina
Vladimir Cerrón es investigado por la presunta comisión del delito lavado de activos en agravio del Estado. Foto: Andina

La Tercera Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional confirmó la resolución que declaró fundado el requerimiento fiscal, la cual autorizó el acceso a toda la información hallado en los dispositivos electrónicos que se incautaron en inmuebles de propiedad del secretario general de Perú Libre y con una condena firme por el delito de corrupción, Vladimir Cerrón, y de dicho partido.

La mencionada resolución había sido emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria, basándose en la investigación en contra de Cerrón Rojas y otros por la presunta comisión del delito lavado de activos en agravio del Estado.

En el documento también se decidió declarar infundado el recurso de apelación interpuesto por la defensa técnica del investigado Vladimir Cerrón.

(Se confirma) la resolución emitida por el Sexto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, que resolvió declarar fundado el requerimiento fiscal y, en consecuencia, autorizó el acceso a la totalidad de la información contenida en los dispositivos electrónicos de almacenamiento que fueron incautados en los inmuebles de propiedad del investigado Vladimir Roy Cerrón Rojas y del partido político Perú Libre”, se detalla en la resolución.

Estas últimas disposiciones del Poder Judicial se realizan en el marco de las investigaciones del Ministerio Público por existencia de una presunta organización criminal constituida dentro del partido Perú Libre y sus anteriores denominaciones.

Según la Fiscalía, esta organización criminal tendría como propósito “financiar indebidamente a las diversas campañas políticas de carácter distrital, provincial, regional, congresal y presidencial organizadas por el partido Perú Libre”.

Asimismo, habría financiado los pagos, servicios y gastos relacionados a los distintos procesos legales y judiciales que tuvieran los integrantes de dicha organización con dinero proveniente de actividades criminal.