Decenas de miles de chilenos se concentraron en su capital el 21 de agosto para protestar contra el sistema privado de pensiones del país. "No+AFP" era uno de los lemas de la marcha, organizada por una mixtura de sindicatos, asociaciones de jubilados y grupos de defensa de los consumidores, que se replicó en el resto de Chile y congregó a un millón de personas, según los convocantes (quizás estén exagerando).

Los manifestantes se quejaban de que las pensiones son muy pequeñas. "Luego de años de abuso, la gente por fin ha despertado", dice Ernesto Medida Aguayo, del grupo de presión Aquí la Gente. El sistema que vilipendian, que fue implementado por la dictadura de Augusto Pinochet, hace 35 años, fue luego adoptado por otros países en desarrollo como Perú y Colombia.

En lugar de obligar al Estado a financiar las jubilaciones con la recaudación tributaria —es decir, pagar las pensiones con dinero de los contribuyentes—, Chile creó un sistema bajo el cual los trabajadores ahorran para su propia jubilación con el depósito del 10% de sus sueldos en cuentas personales, que son manejadas por administradoras privadas (las AFP).

En ciertos aspectos, el sistema funcionó. Las contribuciones a las AFP fluyeron a los mercados de capitales, lo que impulsó del crecimiento económico. La expansión anual del PBI chileno desde 1981 hasta el 2001 fue 0.5 puntos porcentuales más alto del que se hubiera registrado sin las inversiones que los fondos privados de pensiones generaron. Esto ayudó a sacar de la pobreza a millones de personas.

Pero los beneficios no han cubierto las expectativas poco realistas de la gente. Los creadores del sistema les dijeron a los trabajadores que si aportaban continuamente durante toda su carrera laboral, recibirían una pensión equivalente al 70% de sus sueldos. En efecto, los hombres que aportaron por 30 años o más reciben, en promedio, el equivalente al 77% del sueldo que percibían al jubilarse.

Sin embargo, la mayoría de trabajadores aportó mucho menos. Por ejemplo, las mujeres se jubilan antes que los hombres y muchas dejaron de trabajar para criar a sus hijos. Además, muchos chilenos pasaron algún tiempo en empleos informales o desempleados. En promedio, solo contribuyen por el 40% de sus años más productivos.

Para la mayoría de analistas, el aporte del 10% es demasiado bajo: es la mitad de la tasa promedio en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Como resultado, el beneficio típico es el 60% del sueldo que se percibía al jubilarse en el caso de los hombres y el 31% para las mujeres (el promedio es 45%, frente al 61% de la OCDE). El 2008, el Gobierno decidió elevar las pensiones de las madres, pero esa compensación es insuficiente.

Los chilenos que se quejan de otros asuntos se han sumado a la causa de los pensionistas. Algunos condenan los orígenes dictatoriales del sistema, los escépticos del capitalismo critican al sistema porque ha enriquecido a administradores de fondos. Dos expropietarios de AFP Cuprum están siendo investigados por supuestamente haber hecho contribuciones irregulares a las campañas de docenas de políticos de derecha.

El sistema ha generado altos retornos para los pensionistas: 8.6% anual en promedio entre 1981 y el 2013, pero las elevadas comisiones de las AFP se han comido una enorme porción, con lo que los retornos se han reducido a entre 3% y 5.4%.

En suma, los reclamos tienen asidero. Las AFP y el Gobierno han fracasado en explicar adecuadamente que el nivel de los aportes, interrumpidos por temporadas de falta de empleo de los afiliados, no sería suficiente para alcanzar la meta del 70%; apenas el 0.2% de los trabajadores realiza aportes adicionales.

Además, la competencia entre las AFP ha sido débil, lo cual les ha posibilitado mantener altas comisiones. Varias las redujeron tras una reforma en el 2010, que consistió en asignar todos los nuevos afiliados a la AFP que ofreciera la comisión más baja.

Algunos manifestantes quieren que la presidenta Michelle Bachelet reemplace el sistema privado de cuentas individuales por uno financiado por el Estado que ofrezca beneficios definidos. Muchos expertos están a favor de una reforma menos drástica.

Varios países que adoptaron el sistema chileno se han desplazado hacia un sistema mixto en el que el Estado complementa pero no reemplaza a los fondos privados, indica Nicholas Barr, de la London School of Economics. Chile ya está moviéndose en esa dirección: un esquema financiado con impuestos implementado el 2008 para los chilenos con ingresos relativamente bajos (60% de la población), pagará más de la mitad de las pensiones del país para el 2030, según David Bravo, que el año pasado lideró una comisión gubernamental sobre pensiones.

El 9 de agosto, Bachelet propuso más reformas, incluyendo un aporte de 5% que se cargará a los empleadores y estará dirigido a elevar las pensiones más bajas. Asimismo, planteó crear una AFP estatal que generaría más competencia para las privadas y eliminar los costos ocultos. Es que en lugar de enterrar el sistema de pensiones de Pinochet, lo que tiene que hacer Bachelet es darle nueva vida.

Traducido para Gestión por Antonio Yonz Martínez