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El 28 de julio, día de la Independencia de Perú, el presidente del país suele presentarse ante el Congreso y pronuncia un discurso en el que se destacan los logros y se describen los planes. Lástima por la persona encargada de preparar el discurso del presidente Pedro Castillo este mes. Castillo, uno de los pocos líderes de izquierda que recientemente llegaron al poder en América del Sur, tiene poco que mostrar después de un año en el cargo.
El caos se ha convertido en la norma bajo el mandato de Castillo. Su gestión se caracteriza por una constante rotación; ha nombrado un nuevo ministro cada semana en promedio. Ha sobrevivido a dos intentos de vacancia y es casi seguro que se enfrentará a otro. Su índice de aprobación es del 20%.
Castillo también figura en cinco investigaciones penales, con antiguos asociados que lo acusan de corrupción y obstrucción de la justicia (todo lo cual él niega). Si bien no es el primer presidente peruano en enfrentar acusaciones de corrupción, los cargos en su contra pintan una imagen de un líder paranoico que ha tratado de repartirse el poder para sí mismo y sus asociados.
El exjefe del ejército de Castillo afirma que el presidente trató de forzarlo para que promoviera a leales incondicionales y lo despidió cuando se negó. Muchas de las personas designadas por Castillo han tenido conflictos de interés; por ejemplo, su ministro de Transporte dirigía un negocio de transporte público sin licencia (y desde entonces está no habido). Varios han sido investigados por violencia doméstica y uno por asesinato.
Cuando Castillo contrata a personas calificadas, no duran mucho. Su sexto ministro del Interior dijo que le habían pedido que firmara una carta de renuncia sin fecha antes de prestar juramento, y luego fue despedido abruptamente por establecer un escuadrón policial de élite para ayudar a encontrar a tres aliados de Castillo que se habían dado a la fuga (incluido el ministro de Transporte). El 23 de julio, uno de los tres fugitivos, un exasistente a quien los fiscales acusan de esconder US$ 20,000 en un baño del palacio presidencial, se entregó después de tres meses prófugo.
El hecho de que Castillo haya logrado permanecer en el poder a pesar de todo esto dice mucho sobre uno de los países más volátiles políticamente de América Latina. Una ola de escándalos de corrupción después de las elecciones del 2016 desacreditó a las élites políticas del Perú. Castillo es el quinto presidente en gobernar el país en igual cantidad de años.
La elección de Castillo reflejó el descontento de la población. El año pasado, solo el 21% de los peruanos estaba satisfecho con su democracia, según una encuesta del Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad de Vanderbilt en Tennessee. Perú también tuvo la mayor tolerancia a un golpe militar en América Latina.
Castillo, un exdirigente sindical, maestro de escuela y agricultor, era un ‘outsider’ que prometió cambiar el statu quo. No tenía experiencia previa en política nacional. Hizo una fuerte campaña en las regiones rurales y ganó la elección cuando se enfrentó a Keiko Fujimori, una política polarizadora, en la segunda vuelta el año pasado. Castillo ganó por menos de medio punto porcentual.
Pedro Nadie
Castillo no estaba preparado para los desafíos de ocupar el cargo, algo que él mismo ha admitido. Tampoco ha mejorado mucho. En los eventos públicos, el presidente todavía suena como un candidato. Describe problemas sin ofrecer soluciones. Y esos problemas han empeorado. El banco central recortó recientemente su pronóstico de crecimiento económico para este año a 3.1%, en parte porque las protestas (en las que los ministros a veces parecen cómplices) mantienen cerradas dos grandes minas de cobre. No se espera que la inversión privada aumente en absoluto este año, ya que la confianza empresarial se ha debilitado.
Según Moody’s, una agencia de calificación crediticia, “todas las ramas del gobierno están sucumbiendo a medidas populistas y de corto plazo que son extremadamente irresponsables para el desarrollo”.
En febrero, Castillo reemplazó a un ministro de Finanzas de izquierda por Óscar Graham, un economista que pasó dos décadas trabajando en el banco central. Pero Graham carece de influencia. En abril se vio obligado a aceptar una exención de impuestos sobre el combustible y los bienes básicos para ayudar a Castillo a sofocar las protestas de los transportistas. Graham luego describió esta decisión como un error. En mayo, no logró impedir que el presidente firmara una ley que permitiría a los peruanos retirar una mayor parte de sus ahorros para pensiones de los fondos privados del país.
A pesar de sus muchos errores, Castillo ha podido aferrarse al poder porque la oposición está fracturada. El Congreso está plagado de luchas internas. Es incluso menos popular que el presidente. En este punto, la supervivencia de Castillo “se basa en la inercia y la falta de una mejor alternativa”, dice Julio Carrión, politólogo de la Universidad de Delaware. Aunque la mayoría de los peruanos quiere que el presidente renuncie, solo el 42% apoya definitivamente la vacancia, según una encuesta realizada en julio por Ipsos.
Incluso si enfrenta otro intento de juicio político, Castillo podría sobrevivir. Se ha ganado el apoyo de algunos legisladores al respaldar una legislación conservadora, como un proyecto de ley para dar a las familias el poder de vetar los planes de estudios escolares. En lugar de convocar a nuevas elecciones, muchos legisladores de la oposición prefieren conservar sus puestos y aprovechar al máximo el caos de Castillo. Pero a medida que la situación económica empeore, y una vez que las elecciones regionales en octubre estén fuera del camino, eso puede cambiar.
De cualquier manera, el breve mandato de Castillo ya ha dañado la democracia. Camila Vargas, una mesera de 42 años en Cerro de Pasco, un pueblo del altiplano, ya no ve el sentido de las elecciones. “Nadie nos va a rescatar”, dice ella. “Ni con un nuevo presidente, ni con un nuevo Congreso”.
