La iniciativa fue aprobada con 60 votos a favor, 36 en contra y once abstenciones.
Como era de esperarse, la aprobación de esta norma generó controversia y reacciones a nivel internacional.
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Al respecto, el legislador de Fuerza Popular y autor de la iniciativa legislativa, Fernando Rospigliosi, cuestionó la postura adoptada por la Corte IDH, a la que calificó de organismo totalmente “politizado” y “desfasado”, por lo que consideró que no debería interferir en las decisiones del Congreso.
“Es indignante que este organismo, totalmente politizado y desfasado, meta las narices en un asunto que no le compete. Esto no tiene nada que ver con las atribuciones que tiene esta corte (...) esto es indignante y debe ser rechazado de la manera más enérgica por el Gobierno”, dijo a RPP.
En ese sentido, consideró que la Corte IDH está tomando pretextos sin ningún fundamento para meter las manos en un asuntos que no les compete en absoluto.
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“La decisión soberana del Congreso no puede ser interferida por esta gente”, remarcó.
Niega que sea una ley con “nombre propio”
En otro momento, Rospigliosi negó que la norma aprobada en el Parlamento sea una “ley con nombre propio” y beneficie a determinadas personas, entre ellos, los integrantes del desactivado grupo paramilitar Colina, tal como señalaron algunos legisladores.
Recordó que los casos de La Cantuta y Barrios Altos, por los cuáles fueron condenados Alberto Fujimori y el Grupo Colina, fueron sancionados a principios de la década del 2000 y no tienen nada que ver con la presente ley.
“No es una prescripción del delito de lesa humanidad, que son imprescriptibles. Ese caso que algunas personas interesadamente han pretendido presentar como supuesto, es falso. Los miembros del Grupo Colina fueron capturados el 2002 y procesados y sentenciados. Fueron juzgados en un lapso de diez años; por tanto, sus sentencias son firmes y esta ley no les afecta en absoluto”, aseveró.
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