El fiscal del Equipo Especial del caso Lava Jato, Rafael Vela, se refirió al pedido de anular el cierre de la investigación del caso ‘cócteles’ por parte de la defensa de los acusados, entre ellos, la candidata Keiko Fujimori, como una medida para dilatar el proceso.
“Como Ministerio Público interpretamos esto como parte de una conducta sistemática dilatoria de mala fe procesal obstructiva. No respeta la autonomía del Ministerio Público, el principio acusatorio y que quien dirige la investigación es el fiscal. Él establece cuándo comienza y cuándo concluye (una investigación”, declaró a RPP.
Este viernes 7 de abril, el juez de investigación preparatoria Víctor Zúñiga evaluará en una audiencia el pedido que han planteado diversos procesados, entre ellos Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama, para que la investigación se vuelva a abrir. Esto implica anular el cierre de la investigación preparatoria y retroceder la presentación de la denuncia fiscal a una etapa previa.
Para el coordinador del equipo especial Lava Jato, si se aprobara esta solicitud se atentaría contra la facultad de la fiscalía para decidir cuándo cerrar una investigación y le daría esa atribución a los propios investigados.
“Es una estrategia procesal que hemos transitado en el caso del señor (Ollanta) Humala Tasso con el mismo discurso. La diferencia ahora será en la exposición del momento y la coyuntura, pero sin duda se trata de una estrategia que, con toda franqueza, los abogados lo que pretenden es que, cuando están siendo investigados, se extienda el tiempo lo máximo posible”, señaló.
Vela Barba aseguró que el expresidente Humala intentó hacer algo similar en la denuncia en su contra por el caso Odebrecht: cuestionar por qué la fiscalía no denuncia si asegura tener un caso sólido y, una vez presentada la acusación, pedir que las indagaciones sigan.
“Esperamos que esa pretensión ilegal sea rechazada por parte del juez Víctor Zúñiga porque generaría un grave precedente en contra de la autonomía del Ministerio Público y la vigencia del principio acusatorio. Desnaturalizaría todo lo que es el sistema de administración de justicia”, acotó el fiscal superior.
Rafael Vela también recordó que otros procesados, además de buscar recusar al juez Zúñiga Urday y retrasar así el proceso contra Keiko Fujimori y otros por presunto lavado de activos en las campañas presidenciales del 2011 y 2016, pidieron realizar diversas diligencias redundantes e innecesarias ante una inminente acusación formal.
“Ya se sabía que estábamos ad portas de concluir la investigación, lo que impulsó a las defensas de los investigados a solicitar una serie de actos de investigación, muchos redundantes e innecesarios [...] El fiscal que dirige la investigación tiene que analizar la razonabilidad de los pedidos y, sobre esa base, determinar que cuando ya tiene toda la prueba de cargo que sustente su acusación, debe poner fin a la investigación”, comentó.
La fiscalía ha solicitado 30 años y 10 meses de prisión contra Keiko Fujimori por los delitos de crimen organizado, lavado de activos, obstrucción a la justicia y falsa declaración en procedimiento administrativo. Además, ha pedido 19 medidas cautelares contra la candidata presidencial de Fuerza Popular, entre ellas un impedimento de salida del país por 36 meses.