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Por segunda vez en la historia del Ministerio Público, un fiscal de la Nación decidió abrir investigación a un presidente de la República durante el ejercicio de su cargo. Esta vez se trató de Pedro Castillo, quien lleva apenas cinco meses al frente del Ejecutivo.
Sin embargo, si bien la decisión de suspender la indagación a Martín Vizcarra en octubre del 2020 por sus vínculos con Richard Cisneros Carballido, más conocido como ‘Richard Swing’, generó polémica, la misma medida que adoptó con Castillo Terrones ha generado un debate entre constitucionalistas y especialistas.
Aquí te presentaremos todo lo que se sabe de este caso:
¿Qué dispuso la fiscal de la Nación y en qué se basa?
La fiscal de la Nación, Zoraida Avalos, abrió investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por la presunta comisión de los delitos contra la administración pública (tráfico de influencias agravado, en su calidad de autor) y colusión (en calidad de partícipe) en agravio del Estado.
En esta investigación, existen hechos atribuibles al jefe de Estado en la licitación del proyecto ‘Puente Tarata III’ (San Martín) y en la licitación para abastecer de Biodiesel B100 a Petroperú, en el período enero–abril 2022.
De esta manera, se le atribuye a Castillo Terrones, haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso de licitación pública para la construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga (San Martín) a fin de que el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Descentralizado, otorgue la buena pro a favor del consorcio Puente Tarata III.
Para tal efecto, habría contado con la participación de Karelim López Arredondo, con quien mantendría una relación cercana quien, en su condición de asesora de una de las empresas que forma parte del citado consorcio, se presume realizó gestiones ante el mandatario para favorecer la adjudicación de dicho proyecto al consorcio Tarata III, por S/ 232.5 millones, como ocurrió el 19 de octubre de 2021.
Al jefe de Estado también se le atribuye haber intervenido –indebida e indirectamente– en el proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022, con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de US$ 74 millones.
A fin de lograr este propósito, Castillo habría contado con la intervención de Karelim López Arredondo, quien registra un ingreso a Palacio de Gobierno en la misma fecha y hora que el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez Arévalo, y el proveedor de biodiesel Samir Abudayeh, es decir, el 18 de octubre de 2021. Cabe precisar que tres días después de esta reunión (21 de octubre), Petroperú emitió una orden de servicio para comprar biodiesel para sus plantas.
En ambos casos resulta relevante la intervención de Karelim López, quien tendría un vínculo amical con Bruno Pacheco, ex secretario general de la Presidencia de la República, y con el propio Castillo, como lo evidencian las visitas realizadas a la casa ubicada en el jirón Sarratea, en Breña, en donde el mandatario habría concurrido en varias oportunidades, en horas de la noche, para reunirse con distintas personas.
De igual forma, López Arredondo también se habría encargado de la organización de la fiesta infantil de cumpleaños de la menor hija del presidente, realizado el 27 de octubre de 2021, para lo cual habría contactado directamente con una conocida animadora de eventos.
El despacho de la fiscal de la Nación también emitió una segunda disposición con la que abre investigación preliminar a Castillo Terrones por la presunta injerencia en los ascensos militares. En este caso, se le atribuye los delitos de tráfico de influencias y patrocinio ilegal.
Lo que generó la polémica fue que Ávalos Rivera también dispuso que el inicio de los actos de investigación quede suspendido hasta la culminación del mandato de Pedro Castillo en razón de su inmunidad absoluta “que trasciende el ámbito procesal penal”.
¿Qué dijo el fiscal Ramiro González?
El representante del Ministerio Público, quien tomó el testimonio del presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno sobre los presuntos ascensos irregulares en las Fuerzas Armadas, afirmó que el mandatario no dio una explicación coherente al respecto.
En RPP Noticias indicó que este punto fue considerado como uno de los motivos de la investigación abierta por la Fiscalía de la Nación contra el jefe de Estado.
El fiscal coordinador del área de denuncias constitucionales de la Fiscalía de la Nación, recordó que Castillo reconoció que se comunicó con el general en retiro del Ejército, José Vizcarra, cuando era el comandante general del Ejército vía WhatsApp para conversar sobre los ascensos de oficiales.
Sin embargo, según la versión del mandatario ante los fiscales, su intención no era promover un ascenso sino advertir sobre la negligencia del oficial aludido en el chat en un viaje en helicóptero a Puña (Tacabamba - Cajamarca) en el que se encontraba el mandatario.
González Rodríguez también rechazó los cuestionamientos sobre una supuesta demora de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, en iniciar una investigación a Pedro Castillo, e indicó que para investigar a un presidente “se tiene que reunir los elementos” suficientes.
Finalmente, indicó que las investigaciones deben respetar la institución presidencial “no importa quién sea el presidente” porque “no se puede convertir a la fiscalía en un instrumento político”.
¿Qué respondieron el procurador y el defensor del Pueblo?
El defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, aseguró que pasados los cinco años del gobierno de Pedro Castillo es muy difícil que una investigación pueda conocer la verdad, al comentar la decisión de la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, de suspender las indagaciones contra el jefe de Estado hasta que termine su mandato.
“Dice que se abrirá investigación a partir del 2026. ¿Para qué se abre una investigación a partir del 2026? ¿Para qué se abre una investigación preliminar? Para asegurar las pruebas, realizar actos urgentes, ese es el objetivo [...] No hay ninguna remota posibilidad de conocer la verdad luego de pasados cuatro o cinco años, muy poca posibilidad”, señaló en una entrevista a RPP.
“Yo creo que la Fiscalía ha hecho una lectura ortodoxa, histórica pero equivocada. Yo no comparto esa lectura porque nace de la Constitución aprobada en 1992, pero en el año 1940 y hasta el 2003 o 2004 estaba vigente el Código de Procesos Penales que decía que el juez al mismo tiempo investigaba y juzgaba. En ese contexto tiene sentido porque un solo funcionario de justicia investigaba y juzgaba”, evaluó sobre la decisión de la fiscal de la Nación.
A su turno, el procurador general del Estado, Daniel Soria, dijo estar evaluando qué acciones tomar tras cuestionar la suspensión de la investigación contra Pedro Castillo.
“Estamos evaluando qué caminos adicionales transitar. Por ser un conflicto de interpretación constitucional, el llamado a solucionarlo es el juez constitucional, que está en el Poder Judicial y en el TC, el cual es el supremo intérprete de la constitución”, dijo ante la prensa luego de ir a una sesión reservada de la Comisión de Fiscalización.
Asimismo, señaló que una opción sería el cambio del artículo 117 de la Constitución. “Pero para eso se necesitan dos legislaturas, y nosotros no tenemos atribuciones para reforma la constitución pero hay otros caminos. Ese es nuestro trabajo como abogados del estado peruano. A nivel de la fiscalía de la nación, este escollo de interpretación, hace que no se pueda avanzar en la investigación, esa controversia tiene que zanjarse para poder seguir con los otros pasos”, aseveró.
